El Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) aprobó una ordenanza de actuación ante casos de violencia, acoso y discriminación que busca avanzar en la forma de abordar estos problemas, desde un enfoque de derechos y de género. El protocolo define cómo es el proceso para realizar consultas ante la sospecha de una posible situación y cuáles son los pasos a seguir para presentar una denuncia. También crea una unidad central para atender los casos, integrada por técnicas y técnicos especializados. Como novedad, introduce además la posibilidad de elegir una solución del conflicto alternativa a la denuncia.
El documento recibió luz verde el 22 de diciembre, durante la última sesión del año del CDC, y empezará a regir a partir del 5 de abril, según señala el texto aprobado, al que accedió la diaria.
El ámbito de aplicación alcanza a cualquier persona que integre la comunidad universitaria: estudiantes, personal docente, técnico, administrativo y de servicios, becarios, pasantes y personas egresadas de la Udelar que participen de actividades de la institución. Puede ser aplicable al personal de empresas tercerizadas o prestadores de servicios.
La ordenanza regirá para todas las situaciones de violencia, acoso y discriminación que tengan lugar en las sedes universitarias “durante el transcurso de actividades de trabajo, estudio, gestión y cogobierno, actividades relacionadas con ellas o que sean consecuencia de ellas, y situaciones producidas fuera de locales universitarios, siempre y cuando se relacionen con actividades de trabajo, estudio, gestión y cogobierno y estén bajo control de la institución”. Esto incluye a las que se desarrollen por medio de tecnologías de la información y comunicación.
Si bien el protocolo se extiende a todos los episodios que ocurran en el contexto universitario y no solamente a los de violencia de género, hay una especial preocupación por visibilizar las situaciones que agravian en particular a las mujeres. Por eso, a diferencia del reglamento anterior, la nueva norma pone énfasis, por ejemplo, en los casos de acoso sexual. “El problema del acoso laboral estaba bien claro, pero el acoso sexual se visibilizó en los últimos tiempos, entonces se pensó en agregar todo lo que tiene que ver con género a lo que ya existía”, explicó la antropóloga Susana Rostagnol, que integró la comisión ad hoc creada en 2019 para elaborar la ordenanza como representante de la Asociación de Docentes de la Udelar.
Para la académica, se construyó un protocolo que, más allá de aceitar los mecanismos de consulta y denuncia, tendrá “incidencia en un cambio de comportamiento que termine con los abusos, las violencias y las discriminaciones”. En ese sentido, dijo que la idea con su elaboración no era “enfatizar los aspectos punitivistas, sino que hubiera algo para mejorar la situación, un cambio de cultura y de las relaciones humanas”.
La ordenanza se aprobó unos meses después de que estudiantes y egresadas de algunas facultades denunciaran en las redes sociales situaciones de acoso sexual, misoginia y discriminación, una iniciativa que tuvo impacto en el debate interno. “La discusión ya se estaba dando y el protocolo iba a salir igual, pero reafirmó lo que se estaba hablando”, dijo a la diaria Mayra Miranda, una de las representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU) que integró la comisión ad hoc. “Fue una presión que impulsó a que esto saliera más rápido, o con más fuerza, o con más perspectiva de género”, agregó.
“Poder denunciar las situaciones de violencia patriarcal que vivimos todo el tiempo no quiere decir que vayan a dejar de pasar, pero es una señal que la Udelar no sólo diga ‘esto está mal’ sino que ‘esto tiene consecuencias y en nuestra casa de estudios no puede pasar más’” (Mayra Miranda, integrante de la FEUU)
Miranda consideró que la nueva ordenanza significa un paso más hacia la “despatriarcalización” de la universidad. “Poder denunciar las situaciones de violencia patriarcal que vivimos todo el tiempo no quiere decir que vayan a dejar de pasar, pero es una señal que la Udelar no sólo diga ‘esto está mal’ sino que ‘esto tiene consecuencias, en nuestra casa de estudios no puede pasar más y nosotros vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que no pase más’”, puntualizó.
En una línea similar, Rostagnol dijo que la idea es “no judicializar las relaciones interpersonales y despatriarcalizarlas”. Pero no sólo despatriarcalizarlas, aclaró, sino además buscar un relacionamiento más igualitario entre las personas en término de las jerarquías que habitan la universidad, porque “está claro que acosa el que tiene poder”. Por eso, aseguró la docente, la discusión siempre se vio como “un tema de derechos humanos y de género”.
En definitiva, es una apuesta a la construcción de espacios más seguros para las mujeres. “Va por el lado de poder generar comunidad”, dijo Miranda, “y espacios menos violentos y menos patriarcales”.
Respuestas concretas a problemas concretos
La Comisión Central de Prevención y Actuación ante el Acoso y la Discriminación (CPAAD) fue creada en 2013 para que hubiera un abordaje institucional de estas cuestiones. En marzo de 2019, la comisión presentó un informe en que planteaba al CDC las dificultades para hacer el seguimiento de las denuncias que recibían, entre otras cosas debido a la falta de un equipo técnico. Al mismo tiempo le pedía una revisión del procedimiento de actuación que estaba vigente y la elaboración de una propuesta nueva.
Unos meses después, en respuesta a las dos demandas, se creó un equipo técnico central para recibir denuncias y, por otro lado, se formó la ya mencionada comisión ad hoc encargada exclusivamente de elaborar la ordenanza.
El protocolo que regirá a partir de abril introduce cambios respecto de la política anterior para que la actuación frente a las denuncias sea más segura, confidencial, no revictimizante y efectiva. Para eso, transforma al equipo técnico central creado en 2019 en la Unidad Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación, que estará encargada de la atención de las consultas y la recepción, tramitación y seguimiento de las denuncias. Esta unidad estará integrada por un equipo multidisciplinario que tendrá independencia técnica y funcionará como una dependencia del Pro Rectorado de Gestión. La ordenanza atribuye las mismas potestades a los equipos técnicos que trabajan en los servicios de cada facultad y establece que aquellos que no cuenten con equipos técnicos deberán designar a una persona referente en el tema.
“Antes lo que pasaba era que los casos llegaban a la CPAAD, que tenía una representación bastante grande; esta comisión las abría, las mandaba al equipo técnico, el equipo técnico hacía el proceso de investigación, hacía un informe, ese informe volvía a la comisión y la comisión lo mandaba al servicio correspondiente”, explicó Miranda. “Ahora lo que pasa es que van a ir directamente al equipo técnico. Esto significa que no tendremos acceso a todas las denuncias que lleguen. Si una docente, por ejemplo, quiere denunciar, nosotras en la FEUU no vamos a saber quién es ni cuál es la situación que vivió; eso queda en manos del equipo técnico, lo cual nos parece que les da a las personas más garantías en cuanto al secreto de la denuncia. No es que antes no se cumplieran, pero ahora puede ser más seguro o más confiable”, señaló.
Rostagnol también consideró como un avance que el trámite quede en manos de un equipo técnico “que no tenga relaciones directas con las personas involucradas” y que esté integrado por profesionales de distintas disciplinas que, “además de la experticia, tengan formación en derechos humanos y en género para poder garantizar la mejor aplicación de la norma”.
La idea es que, de ahora en más, el trámite también sea más rápido, algo que Miranda celebró “teniendo en cuenta que cuando se denuncia una situación a veces se presentan urgencias que se tienen que solucionar”. La representante estudiantil dijo que algo que aporta en esa línea es que la ordenanza apunta a tener más referentes del tema en los servicios de las facultades, lo cual “permite una mejor relación entre la unidad central y el servicio, que a la vez permite que sea más rápido el proceso”.
En este nuevo escenario, la CPAAD asumirá el rol de principal asesor en materia de acoso, violencia y discriminación. Entre otras tareas, deberá asesorar al CDC acerca de medidas a desarrollar para la prevención y actuación frente a estas problemáticas, y a los órganos universitarios cada vez que lo soliciten. Según el documento, también deberá impulsar acciones de capacitación y sensibilización en los distintos ámbitos de la Udelar.
Manual para consultar y denunciar
El protocolo establece procedimientos para consultar, por un lado, y denunciar, por el otro. La persona que crea estar atravesando una situación de acoso, violencia o discriminación podrá realizar una consulta ante la unidad central o pedir asesoramiento al equipo técnico del servicio de la facultad, que deberá agendar una entrevista dentro del plazo de cinco días hábiles.
Si se considera que existe un conflicto, la entidad a cargo puede plantear la posibilidad de resolverlo mediante procedimientos alternativos a la denuncia, como la mediación. Esto es un “avance muy grande”, según dijo Rostagnol. “A la denuncia llegás si querés y lo sentís pertinente, pero tenés una instancia para consultar qué es eso que te pasa y si se puede solucionar sin llegar a la denuncia legal. Ahí aparece la figura de la mediación, que me parece que es súper importante porque la idea es que a través de esa mediación la persona que abusó, violentó o discriminó pueda tomar conciencia sobre lo que hizo. En ese sentido, también tiene un cierto carácter pedagógico”, puntualizó la académica.
En caso de avanzar con la denuncia, la persona tiene que presentarla por escrito, firmada, ante la unidad central o el equipo técnico. La entidad que tenga a su cargo la tramitación deberá comunicarse con la persona denunciante en las siguientes 48 horas hábiles y coordinar una entrevista dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a su recepción. En esta instancia, deberá informarle acerca del procedimiento, de la posibilidad de ofrecer testimonios y documentos para acreditar los hechos denunciados y de las instancias de apoyo y contención disponibles en la institución.
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrevista con la persona denunciante, la unidad central o el equipo técnico deberán entrevistar a la persona denunciada para informarle sobre el contenido de la denuncia y explicarle cuáles son los recursos con los que puede contar durante el procedimiento.
Si en una primera valoración se considera que existe una presunción de una falta administrativa, se debe comunicar a las autoridades del servicio universitario para que dispongan los procedimientos que correspondan, mientras continúa el trámite de la denuncia. También podrá recomendarse la adopción de las medidas de protección con el fin de “proteger la integridad de la persona denunciante y/o testigos y de prevenir las represalias que puedan tener lugar durante el transcurso del procedimiento”.
Tanto la persona denunciada como la persona denunciante podrán contar con asistencia legal y con la presencia de un representante gremial. La persona denunciante podrá además ser acompañada por alguien de su confianza.
El plazo para tratar la denuncia no podrá superar los 30 días hábiles, contados desde el día siguiente al que fue presentada. Si la investigación no concluye en ese plazo, podrá prorrogarse por el mismo período de tiempo, siempre y cuando se le notifique antes a la unidad central o equipo técnico actuante, a la persona denunciante y a la denunciada.
Una vez concluida la investigación, se deberá realizar un informe final que incluya los elementos primarios que podrían confirmar los hechos denunciados, las conclusiones y las recomendaciones. Si existe la presunción de una posible comisión de faltas administrativas, se deberá recomendar el inicio de un procedimiento disciplinario.
“La ordenanza es un instrumento importante y fundamental al servicio de promover e incidir en un cambio de relaciones humanas y de prácticas” (Susana Rostagnol, antropóloga e integrante de ADUR)
En los casos de acoso sexual, si 20 días después de recibida la denuncia la unidad central o equipo técnico valoran que la situación planteada es “verosímil” pero que por la complejidad del asunto no podrá reunir pruebas en el plazo de los 30 días –como prevé la ley 18.561 de acoso sexual-, deberá elevar los antecedentes al jerarca del servicio respectivo, sugiriendo que se disponga la instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente.
Una vez que el protocolo entre en vigencia, el plan es hacerlo circular dentro de la comunidad universitaria para que nadie se quede sin conocerlo. “Que tengan que leer este reglamento cada vez que a un docente lo renueven en el cargo o los estudiantes se inscriban o den un examen”, citó Rostagnol, a modo de ejemplo. “Que toda la comunidad universitaria tenga conocimiento de esto, más allá de que haya campañas a la interna”, insistió la docente. “La ordenanza es un instrumento importante y fundamental al servicio de promover e incidir en un cambio de relaciones humanas y de prácticas. Está dirigida hacia el futuro”.