Un estudio preliminar que elaboró la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre el acceso a la Justicia de las personas LGBTI en Uruguay mostró que, pese a los avances normativos y a los lentos cambios culturales, los obstáculos persisten. Entre otras cosas, siguen primando los estereotipos y el estigma, y existen prácticas discriminatorias a la hora de recibir las denuncias. Esto, sumado al desconocimiento sobre los mecanismos para acceder a la Justicia, resulta en una profunda desconfianza de esta población hacia el sistema judicial. El informe todavía no fue publicado, pero los principales resultados fueron presentados en un conversatorio organizado por ONU Uruguay y la oficina regional de ACNUDH, que contó con la participación de representantes de la sociedad civil, la academia y el Estado.
La primera barrera que surgió de la investigación es el “descreimiento en el sistema de Justicia como una posibilidad de reparación a esa violación o vulneración de derechos por parte de personas LGBTI”, explicó la abogada Stefanía Rainaldi, consultora legal de la ONU, que lideró el estudio. Esto está asociado a una “falta de conciencia de esa vulneración” o un desconocimiento de las instituciones a través de las cuales se puede acceder a la Justicia. La experta dijo además que, en las entrevistas realizadas, varias personas aseguraron que el costo y el tiempo que llevan determinados procesos son demasiado grandes para, al final, llegar a un resultado que no creen que reparará la vulneración de derechos que denunciaron.
También desmotiva el temor a la revictimización. “Esto se relaciona con otro obstáculo, que es la presencia de estereotipos nocivos tanto al momento de denunciar como durante el proceso”, señaló Rainaldi. La abogada dijo que estos estereotipos pueden aparecer de forma directa, por ejemplo, en burlas o en la utilización del lenguaje, pero también de manera indirecta, “en lo que tiene que ver con la repetición de declaraciones o preguntas que pueden llegar a generar una revictimización que a veces termina vulnerando más que esa situación que está siendo denunciada”.
Por otra parte, el estudio reveló que, debido a la misma desconfianza que hay hacia el sistema judicial, es frecuente que la población LGBTI denuncie situaciones de acoso o de discriminación ante mecanismos de justicia administrativa, como la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo o la Inspección General del Trabajo y de la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo.
La abogada aseguró que la realidad impone al Estado uruguayo dos desafíos principales. El primero es la necesidad de fortalecer el marco normativo nacional y las políticas públicas para la prevención, protección y penalización de las acciones discriminatorias contra las personas LGBTI. El segundo es establecer como tarea urgente la promoción de espacios para generar conocimiento en un doble sentido: para que la población LGBTI conozca sus derechos, y para que el personal de las instituciones pueda trabajar en la eliminación de los estereotipos nocivos. Esto último, dijo Rainaldi, tiene que incluir a “operadores policiales, judiciales, de Fiscalía, defensoría, penitenciarios o funcionarios de cualquier puerta de entrada al sistema y que participen en el proceso judicial”.
Una “Justicia injusta”
Las voces de las personas LGBTI estuvieron representadas por Collette Spinetti, presidenta del Colectivo Trans del Uruguay (CTU), y Magdalena Bessonart, integrante del colectivo Ovejas Negras. Las dos coincidieron en lo mucho que falta para garantizar a las disidencias sexogenéricas un acceso a la Justicia libre de discriminación y respetuoso de los derechos.
Spinetti aseguró que las personas trans no perciben a la Justicia como una “herramienta de igualdad” y “habilitadora de derechos”, sino más bien como una “mano acusadora”. Esto, a su entender, tiene que ver con las “barreras nocivas” que aparecen desde el primer momento en que van a presentar una denuncia. “La primera instancia de la denuncia es en general la comisaría, y allí hay una cantidad de estigmas, de preconceptos, de volver a preguntar diferentes situaciones, que revictimiza y tiene un costo emocional muy fuerte, porque si la persona ya fue vulnerada, violentada e impedida de sus derechos, no quiere volver a revivirlo”, cuestionó la activista. Agregó que el discurso trans sobre la Justicia es “un discurso descreído”.
“Para el mundo trans, hay una Justicia injusta, que depende del contexto socioeconómico, de la performance de la persona para ver si es más creíble o menos creíble, que depende del lugar de trabajo que tenga esa persona”, señaló: “No es lo mismo que vaya a denunciar una mujer trans blanca, rubia, profesional, a que vaya una mujer trans afrodescendiente, trabajadora sexual, pobre y que no tiene formación”.
La presidenta del CTU dijo que otro motivo para que las personas trans no acudan a la Justicia son los costos económicos que requiere, por ejemplo, la contratación de una abogada o abogado, ya que “tampoco hay confianza en el sistema de defensores públicos”, porque está “desbordado de trabajo” y hay una “gran demora”.
La impunidad y no resolución de algunos casos que involucran a personas LGBTI es otro elemento desalentador a la hora de decidir si acudir o no al sistema judicial. En ese sentido, Spinetti recordó que “Uruguay tiene aún sin resolver transfemicidios que se dieron en 2011 y 2012 y que, recién en setiembre de este año, volvieron a la opinión pública por una persona que fue detenida por otro caso”, en referencia a Nicolás Gonella, imputado por la causa del Comando Barneix, quien se autoadjudicó cinco transfemicidios.
Para Bessonart, la historia del vínculo entre la comunidad LGBTI y las instituciones, especialmente aquellas relacionadas con la Justicia, ha estado marcada por “desencuentros, violencia y represión”, por lo que “es muy difícil poder confiar en ellas, pese a algunas transformaciones que se han dado en lo legal”.
La representante de Ovejas Negras dijo que, en Uruguay, las organizaciones sociales que trabajan temas de derechos humanos y específicamente de diversidad sexual y de género “no han sido convocadas ni han trabajado de una forma muy profunda y de conocimiento mutuo con el sistema judicial”, como sí ha sucedido con el área de la salud, la educación e incluso en capacitaciones para personal del Ministerio del Interior.
Por eso, Bessonart celebró el intercambio propuesto durante el conversatorio, reiteró el papel “central” que jugaron las organizaciones sociales en Uruguay “para transformar la realidad de las personas LGBTI”, y pidió que sean tenidas en cuenta también por las instituciones que imparten justicia. “Que setiembre sea el Mes de la Diversidad, que haya políticas públicas, que haya leyes, es todo consecuencia de la militancia y el activismo de nuestras organizaciones”, enfatizó, “así que el debe en el acceso a la Justicia no puede ser pensado si no hay organizaciones involucradas”.
A su turno, Marcela Shenck, docente e investigadora de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, fue consultada sobre el aporte de la academia en este campo. Al respecto, dijo que en unos días se presentará una investigación sobre lesbiandades en Montevideo, hecha por la Facultad de Psicología, que plantea algunos de los obstáculos referidos en el estudio de ACNUDH. “Uno de los elementos que se visualizan ahí es que, cuando se identifica una situación de discriminación o de violencia muy grave y se denuncia, después no hay conocimiento de cómo sigue y qué es lo que pasa con esa denuncia, entonces permanece esta idea de que, incluso cuando se denuncia, no pasa nada”, señaló.
A su entender, este tipo de problemas muestra una “debilidad” del marco normativo. “La heterocisnormatividad forma parte de la vida y de la cotidianidad de las personas, pero también de la cotidianidad de la vida de las instituciones. Entonces, cuando pensamos intervenciones en este sentido, tenemos que pensar en una transversalización de estas perspectivas en todas las acciones que se desarrollan desde el Estado”, aseguró la académica. En este sentido, destacó que “es importante retomar la idea de que la igualdad y la inclusión se construyen, y que, en este proceso, el Estado no es cualquier actor”.
“Estamos en un debe”
Después de escuchar los resultados preliminares del informe, las experiencias de las representantes de colectivos LGBTI y los comentarios de la academia, llegó el turno del Estado. Las invitadas fueron Graciela Gatti, ministra del Tribunal de Apelaciones de Primer Turno, y Sylvia Lovesio, fiscal especializada en delitos sexuales. Las dos aclararon que sus ponencias no serían en nombre del Poder Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, respectivamente, sino que hablarían como integrantes de esas instituciones y desde su experiencia profesional. Ambas coincidieron, sin objeciones, en que el Estado está en deuda.
“Es un placer estar aquí, aunque en una situación bastante difícil”, reconoció Gatti, “porque leyendo este informe sólo podía llegar a una conclusión, y es que el poder, que debe garantizar los derechos de todas y todos, no lo está logrando”. La jueza dijo que las dificultades que tienen las personas LGBTI para acceder a la Justicia representan “una gran falla” del Poder Judicial que “tiene que ser corregida lo más rápidamente posible”, y “una gran disociación entre la normativa, y las aspiraciones de esa normativa, y la concreción en la práctica”.
Gatti explicó que, por medio del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, el Poder Judicial “trata de capacitar de la mejor manera posible a las juezas y jueces, para que manejen todas estas situaciones en las que muchas veces no han sido formados y eviten la revictimización de las personas que comparecen ante la Justicia”. Sin embargo, dijo, “evidentemente, no lo estamos logrando”. En ese sentido, dijo que es necesario un enfoque distinto que incluya el diálogo con las organizaciones LGBTI, para obtener “el conocimiento necesario para abordar estos temas de la mejor manera”.
“No es posible que, ante situaciones de vulneración, la persona que está vulnerada diga que el costo de acudir al Poder Judicial es mayor que el beneficio que va a obtener. Eso no puede ser admisible en un Estado de derecho”, insistió Gatti. La jueza dijo que trasladaría todo lo conversado a “quienes dentro del Poder Judicial deben tomar las decisiones, que son los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, y espero que escuchen”. “Alguien señaló que los activistas y la academia tenían la voz”, continuó; “bueno, las instituciones que debemos responder debemos tener los oídos abiertos para escuchar y adoptar decisiones en consecuencia”.
La fiscal Lovesio, por su parte, reconoció que lo que se planteó durante la actividad le “dolía”, porque muestra que las instituciones están “en un debe”. Recordó que el Código del Proceso Penal aprobado en 2017 establece las condiciones para un proceso acusatorio “donde la víctima es parte y tiene derecho a ser asistida en el proceso penal, a producir prueba, a que le aporten información respecto de lo que está sucediendo y, fundamentalmente, a ser escuchada”. En esa línea, hizo un llamado a que la academia y las instituciones –el Poder Judicial, la Fiscalía, defensoría, abogados– hagan un abordaje de estos casos teniendo en cuenta que involucran situaciones de “asimetría de poder” y “vulnerabilidad extrema”, y que incluyan una perspectiva de género y diversidad.
“También me llevo estas ideas”, aseguró Lovesio, “que no hacen más que reforzar una pelea que vengo llevando adelante hace mucho tiempo, porque creo que la visibilización, la prevención, las políticas en materia de género, de educación sexual, deben ser una prioridad, no solamente como políticas públicas, sino en cada una de las instituciones donde ejercemos y donde desplegamos nuestro trabajo”. Y apuntó: “Tenemos la obligación de dar una respuesta”.
La inclusión en la cárcel
También estuvo presente la directora del Departamento de Género y Diversidad del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior, Paula Lacaño, quien profundizó sobre algunos avances hechos dentro del sistema penitenciario que “han aportado en el camino de la inclusión, la igualdad y la no discriminación”. Uno de ellos es que, a partir de 2017, se empezó a implementar una orden de servicio que tiene que dar cuenta al departamento cuando ingresa una persona trans al sistema para preguntarle si prefiere ser alojada en una cárcel masculina o femenina. Desde ese año, aseguró que hay personas trans privadas de libertad no sólo en Montevideo, sino también en Cerro Largo, Durazno, Florida, Lavalleja, Paysandú, Rocha y Salto. Además, Lacaño dijo que en el sistema de gestión carcelaria “se coloca el nombre social de la persona trans, más allá de si tiene o no el cambio registral” y que está permitido que “pueda acceder al cambio de nombre si lo requiere”.
Por otro lado, aseguró que desde que se creó el departamento, en 2016, se ha puesto el foco en la sensibilización y la formación del personal penitenciario, junto con el Centro de Formación Penitenciaria.
Lacaño adelantó que, actualmente, el INR trabaja con la Dirección Nacional de Políticas de Género del ministerio en la elaboración de una “cartilla” que se entregará a personas LGBTI en el momento de ingreso al sistema penitenciario “para que conozcan cuáles son sus derechos en privación de libertad y cómo pueden reclamarlos si los ven vulnerados”.