El aborto es legal en Uruguay hasta las 12 semanas de gestación desde hace casi una década. La ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) fue aprobada en octubre de 2012, después de una larga batalla protagonizada por el movimiento feminista, y un año más tarde sobrevivió al intento de derogarla, una iniciativa que no alcanzó el 9% de adhesión de la ciudadanía. Sin embargo, que la ley haya sido sancionada, reglamentada y esté vigente no significa que su implementación esté libre de obstáculos.
En los últimos meses, han surgido propuestas, declaraciones y otras señales desde el sistema político que, según cuestionaron organizaciones de la sociedad civil, podrían ir en ese sentido. El ejemplo más reciente involucra los dichos del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, quien dijo al semanario Búsqueda el jueves que revisará los procesos de aborto para asegurarse de que los equipos interdisciplinarios que atienden a las mujeres que buscan abortar no estén actuando “de una manera muy automatizada”. “Queremos ver que estén cumpliendo la función de que, si una mamá desea seguir adelante con su embarazo y para eso está necesitando algún apoyo desde el Estado, si trabajamos en red, se lo podamos brindar”, enfatizó el jerarca.
Los comentarios de Cipriani fueron repudiados al otro día por feministas autoconvocadas y organizaciones, en una iniciativa espontánea que surgió en redes sociales para manifestarse en defensa de la implementación cabal de la ley, bajo los hashtags #LaIVESeDefiende y #LaIVENoSeToca. La idea tuvo su origen en un grupo de Whatsapp creado horas antes por la antropóloga especialista en género y activista feminista Patricia Totorica, quien planteó a otras compañeras que era “momento de hacer una acción directa para expresar nuestra preocupación real y el peligro que se está corriendo en retroceder en estos derechos que a las mujeres nos ha costado tanto adquirir”, según explicó a la diaria.
La activista y vocera del grupo dijo que, si bien ya había “fallas” en la implementación de la ley, hoy existe “un marco” que hace que tengan que estar “más alertas”, con “un presidente de la República que se ha declarado provida y un presidente de ASSE que fue director técnico del Círculo Católico, hospital que se declaró objetor de conciencia”. La primera referencia tiene que ver con las declaraciones que hizo Luis Lacalle Pou en mayo del año pasado, cuando aseguró en una conferencia de prensa que Uruguay debe “tener una fuerte protección a los niños por nacer”, con una “política de desestímulo de los abortos”, y afirmó que su gobierno tiene una agenda “provida”.
Si bien lo que impulsó la formación del grupo fueron las declaraciones de Cipriani, Totorica dijo que las feministas ya estaban “bastante en alerta” por la propuesta que el dirigente nacionalista Carlos Iafigliola presentó ante ASSE a principios de octubre para “desestimular los abortos” y la reciente designación de la ginecóloga Gabriela Fischer como referente de salud sexual y reproductiva de la Red de Atención Primaria del área metropolitana de ASSE, una profesional que, según señaló Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), tiene una posición contraria al aborto.
El proyecto de Iafigliola propone que el equipo interdisciplinario que atiende a las mujeres en proceso de interrumpir su embarazo ofrezca la alternativa de vincularse con el Centro de Promoción por la Dignidad Humana, una organización que trabaja con “familias vulnerables” y “mujeres en situación de alto riesgo social”. La propuesta generó de inmediato el rechazo de una docena organizaciones, que en un comunicado cuestionaron que se intente sumar al “período de reflexión” de cinco días que establece la ley de IVE “el ilegal propósito de interferir” en las decisiones de las mujeres. A la vez, exigieron que el Estado “se abstenga e impida cualquier tentativa de retroceso en la agenda de derechos humanos legalmente vigentes y exigibles”.
“Lo que vemos con estas cuestiones es que, si bien la ley no se está tocando, lo que sí están haciendo es de alguna manera adulterar o generar cambios en el proceso de la IVE, lo cual hace que la ley no se cumpla, por lo que no se cumplen las garantías de la mujer al respecto y, por lo tanto, no se cumple con un derecho adquirido”, señaló Totorica. La activista dijo que los dichos de Cipriani dan a entender que los equipos interdisciplinarios “autorizan” el procedimiento de la IVE, lo cual “cambia la letra de la ley”, porque “es muy claro en la normativa que los equipos técnicos lo que hacen es acompañar el proceso de la mujer, pero en ningún momento autorizan ni validan nada”. “Eso desde una autoridad es inadmisible y además es grave, porque está habilitando que suceda esto, que los equipos interdisciplinarios empiecen a actuar según su voluntad o su ideología, entonces queda en una cuestión discrecional que no estaría cumpliendo la ley”, agregó.
El grupo de “feministas en defensa de los derechos conquistados”, como se presentan en redes sociales, empezó con 40 integrantes y en pocos días llegó al límite de las 300 personas que permite Whatsapp, por lo que tuvieron que cambiar de plataforma. El lunes las mujeres mantuvieron una primera reunión presencial, en la que planificaron algunas estrategias a desplegar en los próximos días. En ese sentido, Totorica adelantó que la primera acción será convocar a una movilización el miércoles 10 a las 18.00 en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, bajo la consigna #LaIVESeDefiende. “Nos manifestamos para defender el cumplimiento de la IVE. No permitiremos el retroceso de nuestros derechos”, dice la convocatoria lanzada en redes sociales, en la que piden concurrir con una prenda naranja, el color de las emblemáticas manitos que se sacudieron durante la campaña para legalizar el aborto en Uruguay. Además, las organizadoras están elaborando una declaración y entregarán una nota a Lacalle Pou con las preocupaciones respecto del tema. Aquellas personas que se quieran adherir a la concentración pero no puedan participar de manera presencial se podrán sumar con el hashtag en las redes sociales, resaltó Totorica, y dijo que la idea es que también se puedan movilizar “las compañeras del interior”.
“Venimos pidiendo y articulando hace mucho tiempo; me parece que ya llegó el tiempo de dejar de pedir, porque son derechos adquiridos y no se pueden perder”, apuntó Totorica. Y agregó que, “si bien pueden decir que no se está tocando la ley, cuando estás tocando los procedimientos, estás obstaculizando el acceso al derecho, y esto es grave y merece que hagamos acciones contundentes”.
Descensos
Los datos más actuales del Ministerio de Salud Pública muestran que los abortos fueron en aumento a partir de 2013 –el primer año entero en que se aplicó la ley de IVE– y desde 2019 se mantienen a la baja. Así, se pasó de 10.373 abortos legales en 2018, a 10.210 en 2019 y 9.915 el año pasado. Desde que se aprobó la normativa hasta diciembre de 2020, se han hecho 75.117 abortos dentro del marco legal en Uruguay.
Al mismo tiempo, desde la aprobación de la ley de IVE, la mortalidad materna disminuyó “drásticamente”, como registró en 2017 un informe de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, con base en datos de la Organización Panamericana de la Salud. Según los datos de ese documento, las muertes por aborto como causa de la mortalidad materna bajaron de 37,5% en el período 2001-2005 a 8,1% en 2011-2015.
Por una IVE sin “condiciones” ni “tutela”
MYSU, una de las organizaciones referentes sobre el tema en Uruguay, alertó sobre la posibilidad de un “retroceso” en materia de derechos sexuales y reproductivos en mayo del año pasado, durante la primera performance inspirada en la novela El cuento de la criada, de Margaret Atwood. “Si quieren llamarnos brujas, lo pronosticamos el año pasado en la primera salida de las criadas, y quedó como ‘no, se van a dar las garantías’. Entretanto, sacaron de los lugares de dirección a personas que habían implementado la ley con evaluaciones de las que nosotras nunca supimos nada”, y “están poniendo a cargo a gente que rechaza cumplir con una ley porque ganó el que se le reconozcan sus creencias personales”, señaló su directora, Lilián Abracinskas, a la diaria.
En ese sentido, recordó que la razón de esa actividad fue la declaración pública de Lacalle Pou unas semanas antes, “que tiene que ver con sesgar la interpretación de las normas y optar por la versión más ultraconservadora, porque lo que no se reconoce es el derecho, la libertad y la autonomía irrestricta de cada mujer y persona con capacidad de gestar de tomar su decisión absolutamente sin influencias, sin estigma, sin condena y sin valoraciones”.
La activista dijo que “democráticamente” lo que compromete a las autoridades “es hacer cumplir la ley, dar presupuesto y por lo menos garantizar las condiciones básicas de que nadie interfiere, nadie categoriza, nadie cataloga quién tiene o quién no tiene”. En ese sentido, consideró que “políticas de apoyo a la maternidad pueden hacerse y fortalecerse en múltiples otros servicios y espacios donde siempre fueron históricamente limosnas y lo siguen siendo”. “Lo que nosotras exigimos como ciudadanas es que tienen que respetarse los marcos de acuerdo democrático que hemos alcanzado, porque, si no, quedamos atrapadas entre los conservadores y los ultraconservadores”, insistió. En todo caso, para Abracinskas, “lo que está sin discusión” es “el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin condiciones y sin tutela, y eso es defender las cosas básicas de los servicios”.
En una línea similar, Soledad González, integrante de la Intersocial Feminista –que, al igual que MYSU, respalda la convocatoria del grupo de feministas autoconvocadas– opinó que no hay “ninguna contradicción” en lo que está pasando, porque “la enorme mayoría de los integrantes de la coalición de gobierno estuvieron en contra de la despenalización del aborto”. Sin embargo, señaló que durante la campaña electoral “se comprometieron a no tocar las leyes de nuevos derechos, lo que incluía la interrupción voluntaria del embarazo”, por lo que en ese sentido hay “una trampa a ese compromiso”.
Consultada por la diaria, González dijo que iniciativas como la de Iafigliola constituirían un retroceso “porque para inhabilitar una ley, no sólo se puede derogar”, sino que también se puede invalidar “con directrices administrativas, aunque la ley siga estando vigente”.
En el último año, el Observatorio Nacional en Género y Salud Sexual y Reproductiva de MYSU publicó distintos informes con datos e información sobre los abortos legales que se hacen en Uruguay. El último, publicado hace menos de dos semanas, resaltaba que 5% de los servicios de aborto de los que se tienen datos oficiales cuenta con 100% de objetores de conciencia, uno de los principales obstáculos que enfrentan las mujeres desde que se aprobó la ley de IVE en varios departamentos. Se trata de los hospitales de ASSE en Cerro Largo (Melo), Colonia (Colonia del Sacramento) y Soriano (Mercedes).
El rol de los equipos
Por su parte, la obstetra partera Ana Labandera, directora ejecutiva de la asociación Iniciativas Sanitarias, que funciona en el Hospital de la Mujer del Centro Hospitalario Pereira Rossell, dijo que ante las declaraciones de Cipriani y proyectos como los de Iafigliola, lo que hay que posicionar es “que hay una ley, que esa ley se cumple desde que se sancionó y se reglamentó, y que ha tenido muy buenos resultados desde el punto de vista sanitario”. “No será perfecta”, agregó, “pero es una ley que sirve, entre otras cosas, para bajar la mortalidad materna que teníamos por abortos provocados en condiciones de riesgo”.
La profesional hizo algunas puntualizaciones sobre el trabajo que llevan adelante los equipos interdisciplinarios que atienden a las mujeres que inician un proceso de IVE. Al respecto, lo primero que dijo fue que la reglamentación de la ley deja “bien claro” cuál es la tarea que tienen las y los ginecólogos, trabajadores sociales y psicólogos que integran esos equipos, que tiene que ver con “la escucha”, “la comprensión”, “el acompañamiento” y con ofrecer todas las alternativas posibles “para que la mujer, en ese período de reflexión que tiene, pueda decidir informada”. Labandera recordó que el objetivo de los equipos es “dar calidad de atención” a las mujeres, “sin tutelaje, para que puedan decidir informadas y no incurrir en riesgo”. En ese sentido, afirmó que “decir que estamos automatizados o que tenemos un discurso ya preparado es desconocer el modelo que se implementó desde la ley 18.426 de derechos sexuales y reproductivos”, que incluía el aborto, pero fue vetado por el entonces presidente Tabaré Vázquez.
Por otra parte, Labandera aseguró que la mujer que asiste a la segunda consulta del proceso de IVE, que es la del encuentro con el equipo interdisciplinario, “por lo general, ya trae la decisión tomada”. Entonces, “no porque le prometan que van a darle manutención a ese niño”, como podrían sugerir algunas de las propuestas mencionadas, se va a lograr incidir en la decisión.
La obstetra partera coincidió en que “están tratando de tutelar las decisiones de las mujeres” e insistió en que los equipos están capacitados para brindar “todas las alternativas para que sean libres de decidir”.
Movilización naranja
“Feministas en defensa de los derechos conquistados” convocan a manifestarse el miércoles 10 a las 18.00 en la plaza Independencia, frente a la Torre Ejecutiva, “para defender el cumplimiento de la IVE”. Piden concurrir con un distintivo color naranja. Quienes no puedan asistir de forma presencial se pueden sumar en redes sociales con los hashtags #LaIVESeDefiende y #LaIVENoSeToca.
.