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Ilustración: Ramiro Alonso

“No hubo aumento de respuestas ni políticas específicas” para atender la violencia hacia niñas, niños y adolescentes durante la pandemia, aseguran organizaciones

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La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual denunció la falta de servicios de atención especializados y cuestionó los proyectos de ley sobre tenencia compartida.

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“La violencia hacia niñas, niños y adolescentes sigue siendo un problema grave instalado en nuestro país”, aseguró la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) en un comunicado difundido el domingo de noche por el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Los datos lo confirman: en 2020, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) intervino en 4.911 situaciones, que equivalen a 13 casos diarios, según los datos presentados el viernes pasado. Esto representa un aumento de 3% respecto del año anterior, aunque las autoridades del Sipiav aseguraron que “con toda seguridad” hay un subregistro, debido a las dificultades asociadas a la pandemia.

Para la RUCVDS, “podemos estar viendo sólo la punta del iceberg”. En ese sentido, recordó que la Segunda Encuesta Nacional de Prevalencia de la Violencia Basada en Género, realizada en 2019, reveló que 28,8% de las mujeres reportaron haber vivido situaciones de violencia en el contexto del hogar, en muchos casos mientras sus hijas e hijos estaban presentes. Esto lleva a que “más de 386.000 niñas, niños y adolescentes” estén expuestos a “este tipo de violencia”.

Pese a esta realidad, “no hubo un aumento de respuestas ni políticas específicas considerando la situación de aislamiento en contexto de pandemia, para un problema que se agrava”, denunció la organización. Persisten “la necesidad de servicios de atención en todos los departamentos” y “respuestas de salud especializada e interdisciplinaria que aborden los daños por maltrato y violencia sexual”, afirman las integrantes de la red en el texto. De acuerdo con el relevamiento del Sipiav, 19% de los casos detectados en 2020 fueron de abuso sexual y 2% estaban vinculados a explotación sexual. La red también exigió la creación de “más hogares especializados para niñas, niños y adolescentes que requieran ser protegidos de forma provisoria por razones de violencia”.

“El Estado debe prevenir, proteger y reparar toda forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes, debiendo garantizar y sancionar a los responsables”, asegura el documento. “Preocupa que, en este contexto de emergencia sanitaria, se replieguen los servicios. Por el contrario, se deberían revisar y redoblar los esfuerzos para asegurar que no se profundice el aislamiento” de esta población.

Por otra parte, la RUCVDS volvió a advertir sobre las posibles consecuencias de los proyectos de ley titulados “Corresponsabilidad en la crianza” y “Tenencia compartida responsable”, presentados por legisladores del Partido Nacional y Cabildo Abierto, respectivamente. La red entiende que “representan un retroceso en los derechos consagrados a niñas, niños y adolescentes” y “significan una grave amenaza para aquellos que estén afectados por distintas formas de violencia por parte de sus progenitores”.

En el marco del Día Internacional de Lucha contra el Maltrato Infantil, la Asociación Nacional de ONG Orientadas al Desarrollo (Anong) también alertó sobre estas iniciativas que, según un comunicado divulgado, “vulneran el interés superior de los niños: el derecho a ser oídos y a ser protegidos contra toda forma de violencia”.

Al igual que la RUCVDS, y haciendo eco de los datos del Sipiav, Anong hizo un llamado “a redoblar los esfuerzos para prevenir y proteger a niñas, niños y adolescentes de toda forma de violencia”. Y agregó: “Necesitamos un Estado que implemente políticas con recursos y que analice con responsabilidad cualquier modificación normativa para cumplir con el principio de no regresividad en derechos”.

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