La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual (RUCVDS) hizo este lunes un llamado “urgente” al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para que “adopte medidas” que busquen revertir el “deterioro sostenido y progresivo” de la calidad del servicio policial que se brinda a las víctimas sobrevivientes de violencia basada en género.
La abogada Marina Morelli, representante de la RUCVDS, dijo en diálogo con la diaria que desde 2020 las organizaciones que integran la red comenzaron a notar que la atención que se brinda en las comisarías a las mujeres que atravesaron situaciones de violencia era cada vez más “deficiente”. Destacó que observaron prácticas policiales que no veían “desde hace muchísimos años”, como comentarios y prejuicios para disuadir a las víctimas de presentar la denuncia o negarse a dar trámite a las denuncias con la excusa de que sólo las comisarías especializadas en violencia doméstica y de género tienen competencia en el área.
Morelli sostuvo que en el país existen “poco más” de 50 comisarías especializadas en violencia doméstica y de género en las que se desempeñan alrededor de 500 policías. “Es absolutamente insuficiente en cantidad y número, a no ser que se pretenda convertir a la Policía en un recurso de lejanía, y eso tendría un impacto devastador, porque las víctimas de violencia basada en género en Uruguay recurren en una cifra exponencialmente mayor a la Policía en lugar de concurrir a los juzgados directamente, pese a que tienen la oportunidad”, comentó.
En ese contexto, el 8 de marzo de este año una delegación de la red se reunió con el entonces titular del Ministerio del Interior (MI), Jorge Larrañaga, el secretario general, Luis Calabria, y la titular de la Dirección Nacional de Políticas de Género, Eliphas Ferreira, para trasladar estas preocupaciones. Morelli señaló que esa reunión fue “muy productiva” . Sin embargo, más de seis meses después, no se llevó adelante ninguna acción para abordar el tema.
Ante la inacción, la red solicitó otro encuentro, esta vez con el actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que tuvo lugar el 1º de setiembre. La RUCVDS reiteró su preocupación acerca de la atención policial a las mujeres y además pidió que se emita con “carácter urgente” una orden de servicio “a todas las comisarías del país, observando a los funcionarios/as la arbitrariedad, ilegitimidad y omisión funcional en la que estaban incurriendo”.
Asimismo, las activistas plantearon que se haga público el Plan Operativo Anual y Quinquenal del MI, con los objetivos y lineamientos estratégicos. Morelli señaló que este tema “preocupa mucho” a las organizaciones de la red porque no obtuvieron acceso al plan de 2020, aún desconocen el de 2021 y lo mismo ocurre con el plan quinquenal. “No sabemos si existe”, manifestó Morelli.
A diferencia de la reunión del 8 de marzo, la delegación de la red consideró que en esta oportunidad las autoridades del MI se limitaron a escuchar los planteos sin hacer ninguna propuesta o presentar una planificación. Morelli dijo que ese fue uno de los principales motivos para solicitar la intervención de Lacalle Pou, porque “si ese proceso no se revierte de manera inmediata, es muy probable que el sistema colapse y las víctimas no tengan lugar a donde acudir”, aseveró la representante.
Las denuncias y la violencia
Morelli explicó que otro de los propósitos de la red es analizar cómo se correlaciona la situación en las comisarías con la cantidad de denuncias de violencia basada en género. “Esto, en el contexto del censo de la cantidad de denuncias que viene sostenido, también debe analizarse. No queremos decir que sea el único elemento que explique el descenso de denuncias, pero en conjunto con otros elementos, podría dar una explicación lógica”, dijo.
“No es posible confundir la cantidad de denuncias de violencia basada en género que llegan al sistema con la cantidad de situaciones de violencia que existen en Uruguay. Son dos dimensiones de una misma problemática, pero con su propia naturaleza”, planteó la representante de la red, y añadió: “Es muy equivocado creer que todas las mujeres que vivencian una situación de violencia denuncian esa situación y creer que, si descienden las denuncias, es porque descendió la violencia”.