La explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el sector turístico y en el contexto de viajes tiene características específicas, por lo que requiere un abordaje diferente. Con esa premisa como guía, el Ministerio de Turismo, el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) y Unicef, con la cooperación de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), firmaron el martes un memorándum de entendimiento para la prevención, la detección y el abordaje de estos casos particulares.
Las instituciones proponen distintas acciones que apuntan a tres objetivos generales, según establece el documento, al que accedió la diaria: sensibilización, difusión y capacitación en la temática. En esa línea, proponen trabajar en el diseño y la implementación de campañas de sensibilización dirigidas al personal del Ministerio de Turismo y a operadores públicos y privados del sector. Otra medida acordada es la elaboración y difusión de material informativo en diversos formatos. A la vez, la idea es llevar adelante distintas instancias de capacitación dirigidas al personal del Ministerio de Turismo y a operadores públicos y privados del sector, “con especial énfasis en aquellas dirigidas a la actuación de los operadores turísticos ante una posible sospecha de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, continuando la línea de ‘Operador Responsable’ del Ministerio de Turismo”, señala el acuerdo.
Por otro lado, para favorecer el desarrollo de las líneas de acción, los organismos firmantes se comprometen a impulsar actividades “para el desarrollo de propuestas innovadoras, generación de conocimiento y evidencia que sustenten la toma de decisión y el diseño de planes locales”. Para lograrlo, se promoverá la participación de las comunidades, así como la creación de nuevas alianzas entre el sector público y el privado, asegura el documento.
El memorándum ya entró en vigencia y regirá hasta el 31 de diciembre de 2025. Tiene estampadas las firmas del ministro de Turismo, Tabaré Viera; el presidente de INAU, Pablo Abdala, y su director, Aldo Velázquez; el coordinador de programas de Unicef Uruguay, Michel Guinand, y el director ejecutivo de AUCI, Mariano Berro González. Fuentes de INAU consultadas por la diaria aseguraron que el director del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), Luis Purtscher, fue uno de los consultados sobre el contenido del material.
Durante la firma del acuerdo, que tuvo lugar en el Ministerio de Turismo, el ministro Viera recordó que su cartera ya tenía como ejes estratégicos de trabajo para el período 2020-2024 “difundir, sensibilizar y profundizar en la prevención de la explotación sexual a niños, niñas y adolescentes en contexto de viajes y turismo”. Algunas medidas definidas en ese sentido tenían que ver con la difusión de material informativo para al sector turístico, capacitaciones, la implementación de códigos de conducta y herramientas de responsabilidad y compromiso del sector, y el diseño de una guía de “prácticas de prevención” para los diferentes servicios turísticos.
El presidente del INAU, por su parte, señaló la importancia de desarrollar dispositivos para informar, capacitar al funcionariado del ministerio y a operadores turísticos y, al mismo tiempo, definir protocolos de actuación ante la sospecha o la detección de una situación. Abdala también advirtió que muchos casos de explotación sexual en contexto de turismo suceden en zonas fronterizas, “lugares donde se desarrollan emprendimientos productivos importantes”, por lo que tiene que haber especial atención allí.
A su turno, el representante de Unicef en Uruguay recordó que el memorándum “va en la línea” de la campaña #NoHayExcusas, que desde 2013 busca generar conciencia acerca de esta problemática y promover la denuncia de las situaciones a través de la línea telefónica 100.
En cifras
En 2020, el Conapees registró un aumento de denuncias de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Según los datos divulgados por el organismo, durante los primeros 11 meses del año pasado se registraron 410 denuncias, casi el doble de las registradas en 2019, cuando alcanzaron las 240, y por encima de las 386 que hubo el año anterior. En diciembre, Purtscher atribuyó el aumento a “una serie de situaciones generadas por la pandemia, donde hubo una depreciación de la presencia de las instituciones del Estado y un corrimiento de aquellas instituciones vinculadas a la protección”.
Al mismo tiempo, 2% de las 4.911 situaciones de violencia en las que intervino en 2020 el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia del INAU son de explotación sexual, señala el informe de gestión anual. En 92% de los casos, las víctimas fueron niñas y adolescentes mujeres.