Hace apenas unos días se cumplió un año de aquella histórica sesión en la que, después de 12 horas de debate en el Senado, Argentina aprobó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La norma, que entró en vigor el 14 de enero de 2021, legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación. Fuera de ese plazo, permite el procedimiento en caso de que el embarazo haya sido producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
A un año de su aprobación, activistas feministas, organizaciones sociales y autoridades argentinas hicieron sus balances. El Ministerio de Salud lo plasmó en un informe en el que detalló que, hasta el 30 de noviembre de 2021, se realizaron 32.758 abortos en condiciones seguras dentro del sistema público y se distribuyeron 46.283 tratamientos de misoprostol en todo el país ‒casi el doble de los entregados en 2020–. La cartera también informó que, hasta la fecha, 1.243 hospitales y centros de salud de todo el país garantizan la práctica, lo que implica un aumento de 30% respecto del año anterior.
Otro dato que aparece en el documento es que la línea telefónica de asesoramiento que gestiona el ministerio recibió unas 19.000 consultas sobre interrupción del embarazo entre enero y noviembre de 2021, casi 2.000 llamadas más que las que respondió durante los diez años previos.
A esto se suma que se editaron tres protocolos nacionales sobre cómo proceder en la atención de la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) en los casos de violación y en la atención posaborto. Además, el ministerio resaltó el desarrollo de una línea de formación en abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y adolescentes de 15 años o menos.
Pero pese a los avances registrados este año, persisten algunos desafíos y obstáculos para el acceso real a este derecho, que fue conquistado en las calles por los feminismos que lideraron la emblemática “marea verde”, que hoy recorre otros países de América Latina. En un comunicado difundido en el marco de este primer aniversario, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito celebró lo que calificó de “un paso histórico que amplió el marco de acceso a los derechos”, que “cambia el día a día de las mujeres, lesbianas, varones trans, personas no binaries y niñas que se encuentran ante la situación de un embarazo no deseado”, “que permite elegir y no pagar esa elección con la salud, con la vida o con la libertad” y que se erige “contra el disciplinamiento y la violencia sobre nuestros cuerpos”. Sin embargo, exigió la “efectiva implementación de la ley”.
En ese sentido, la campaña aseguró que “el acceso al derecho al aborto es desigual en todo el territorio nacional”. “En muchas ocasiones, se realizan derivaciones que demoran el acceso a la práctica, contradiciendo el plazo de diez días que establece la ley” para abortar, desde el momento en el que se presenta la solicitud. Las activistas también denunciaron la falta de acceso a la mifepristona, “un medicamento que garantizaría mejor atención a quienes deciden interrumpir el embarazo”.
Por otra parte, exigieron la “efectiva implementación de la educación sexual en todo el territorio y que las niñas no sean obligadas a gestar y a parir”, así como “la libertad de las más de 1.500 presas por abortos o eventos obstétricos” en el país. Pidieron además el sobreseimiento de Miranda Ruiz, una médica “criminalizada en Salta por garantizar un aborto legal”, y el cese de la “persecución judicial” a las activistas que en esa misma provincia “luchan por los derechos de las mujeres y las disidencias sexuales”.
Al mismo tiempo, las activistas reclamaron la capacitación en perspectiva de género para los equipos de salud y pidieron al Estado “una campaña nacional de difusión de la ley en los hospitales y centros de salud, para que todas las personas que requieran interrumpir un embarazo puedan acceder a la información necesaria para decidir”.
De hecho, Amnistía Internacional Argentina se detuvo en este último punto: en un informe presentado en el mismo marco, afirmó que “los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo comienzan por la falta de información”. Al respecto, la organización cuestionó que, “en el primer año de vigencia de la ley, ni el Estado nacional, ni las provincias, ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hicieron campañas de difusión”. En respuesta a este vacío, elaboró y publicó un informe con el título-premisa: “No se ejerce un derecho que se desconoce”.
Mientras tanto, la filial argentina de la organización aseguró que “supervisa activamente acciones judiciales en contra de la ley y ha intervenido estratégicamente en algunos casos”. Y señaló que, hasta noviembre de 2021, “ya se habían presentado más de 20 acciones cuestionando su constitucionalidad y pidiendo su suspensión”. En el correr del año, “se registraron más de 37 demandas en diversas provincias, de las cuales 32 cuestionaron directamente la norma”, agrega el documento, y aclara que “ninguna prosperó y sólo cinco siguen en trámite, ya que el Poder Judicial las ha ido rechazando sistemáticamente”.