La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, y autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la Intendencia de Paysandú y el Ministerio de Salud Pública (MSP), firmaron este martes los acuerdos cooperativos necesarios para la instalación de un juzgado especializado en violencia basada en género en Paysandú. De esta forma, se concretó el primer paso para la inauguración definitiva de la nueva sede el próximo año, luego de que finalice la feria judicial el 31 de enero.
La instalación de este juzgado está prevista en el artículo 542 del Presupuesto Nacional 2020-2024 junto con la creación del de Maldonado -inaugurado en febrero de este año y por el momento el único en funcionamiento- y otro en Rivera, que todavía no se ha concretado.
La nueva sede de Paysandú estará ubicada en la calle Montevideo y 18 de Julio, en un inmueble propiedad del MSP que concedió en forma de comodato al Poder Judicial para la instalación del juzgado. Por su parte, la comuna departamental contribuirá con un aporte mensual de 30.000 pesos para “compensar esa disponibilidad del bien”, explicó el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, en declaraciones a Paysandú TV.
En rueda de prensa, Argimón manifestó que la creación de juzgados especializados en violencia de género en los departamentos del país “donde más se necesitan” es un compromiso del gobierno desde la campaña electoral. La vicepresidenta apuntó que la selección de Maldonado, Paysandú y Rivera fue una recomendación de la SCJ, aunque puede haber una “cuarta oportunidad” para la instalación de un juzgado en Salto.
En esa línea, la jerarca recordó la creación del juzgado de Maldonado, que “trabaja a un ritmo realmente impresionante”. “Luego vino la posibilidad aquí en Paysandú, en un inmueble instalado en un lugar estratégico y con las condiciones necesarias”, continuó, y explicó que la instalación de estos juzgados especializados requiere una “estructura específica para recibir a la víctima, a veces a las hijas e hijos, y [contemplar] el ingreso del agresor por otro lado”.
“Hoy estamos en condiciones de suscribir a este acuerdo, que para el Poder Judicial era muy importante” en la respuesta a la violencia basada en género e “indispensable no sólo para las mujeres víctimas de violencia y su entorno, sino para la sociedad toda”, afirmó Argimón.
Por otra parte, la vicepresidenta señaló con preocupación la “impresionante cantidad” de denuncias que ha recibido el juzgado de Maldonado y “todavía no ha cumplido un año”. “Evidentemente, cuando la SCJ nos trasladaba en qué departamentos teníamos que instalar estos juzgados, había toda una estadística que acompaña esas prioridades”, sostuvo.
También adelantó que, luego de la feria de la construcción, se comenzará a trabajar en la adaptación de un inmueble para instalar el juzgado en Rivera.
Argimón aseguró que “hay distintos niveles” en los que hay que trabajar para atender el “flagelo social” que constituye la violencia hacia las mujeres. En primer lugar, dijo que se debe continuar con la “optimización de herramientas” para que, “una vez que la víctima se anima a denunciar, no falle el mecanismo de respuesta que tiene que funcionar aceitadamente, a efectos de contener y llevar adelante todas las medidas”. En segundo lugar, destacó la importancia del “trabajo paralelo con el agresor” y, por último, resaltó el “rol importante” que cumple la sociedad, “porque cuando uno conoce que hay violencia en una familia puede estar salvando una vida si hace una denuncia telefónica, que es gratuita y anónima”.