En lo que va del año se presentaron iniciativas para prohibir el aborto en 30 estados de Estados Unidos, según el mapeo del Instituto Guttmacher, una organización civil que promueve la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Las prohibiciones fueron aprobadas al menos por una de las dos cámaras legislativas en siete estados y llegaron a promulgarse en seis: Florida, Oklahoma, Kentucky, Arizona, Idaho y Wyoming.
Sólo durante la última semana fueron aprobadas tres de esas leyes –las de Florida, Oklahoma y Kentucky–. Además, en el mismo período, se obtuvo la media sanción de un proyecto de ley que busca imponer nuevas barreras para abortar en Tennessee.
El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, promulgó el jueves una ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. La iniciativa –que entrará en vigor el 1º de julio– no contempla excepciones por violación, incesto o trata de personas, como en otros estados. En cambio, sólo permite la interrupción del embarazo si se presenta un “grave riesgo” para la salud de la persona gestante o se detecta una anomalía fetal que impida la vida extrauterina, y sea certificada por escrito por dos profesionales de la salud.
También el jueves, Kentucky se convirtió en el primer estado del país que ya no podrá realizar abortos en clínicas. La decisión está incluida en una ley que, además, prohíbe la mayoría de los abortos después de las 15 semanas de embarazo, restringe el acceso al aborto con medicamentos e impone más requisitos para que las niñas y adolescentes puedan abortar. La medida entró en vigor después de que el miércoles el Congreso de Kentucky, controlado por los republicanos, anulara el veto del proyecto de ley que había presentado el gobernador demócrata Andy Beshear. El jerarca había dicho que la iniciativa era “probablemente inconstitucional”, según consignó la cadena CNN, y cuestionó que no contemplara excepciones para los embarazos causados por violación.
Las únicas dos clínicas que realizan abortos en Kentucky, el Centro Quirúrgico de Mujeres y Planned Parenthood, presentaron demandas por separado para bloquear la nueva ley. Unas horas después, el fiscal general de Kentucky, el republicano Daniel Cameron, dijo en un comunicado que el estado está “preparado para defender seriamente esta nueva ley contra el desafío legal” planteado por las dos organizaciones.
Las iniciativas de Florida y Kentucky siguen el modelo de la ley de Misisipi que en 2018 prohibió la interrupción del embarazo a partir de las 15 semanas de gestación y que ahora se encuentra a estudio de la Corte Suprema de Justicia. Se espera que, en los próximos meses, el máximo tribunal decida en base a esta norma si la prohibición del aborto antes de la viabilidad fetal puede ser constitucional. Si decide que sí, la corte dejaría sin efecto su propio fallo Roe vs. Wade de 1973, que estableció que el aborto en Estados Unidos es legal durante las primeras 24 semanas de embarazo, período a partir del cual se estima que el feto es viable fuera del útero.
Los obstáculos en Oklahoma y Tennessee
Por su parte, el gobernador republicano de Oklahoma, Kevin Stitt, promulgó el martes un proyecto de ley que criminaliza los abortos en el estado. La iniciativa, que fue aprobada el año pasado por el Senado estatal y a principios de este mes por la Cámara de Representantes, convierte el aborto o el intento de aborto en un delito punible con penas que van desde una multa hasta diez años de cárcel.
La ley establece como única excepción el caso de una “emergencia médica”. Se estima que entrará en vigor en las próximas semanas, salvo que se presente alguna impugnación legal.
En tanto, la Cámara de Representantes de Tennessee –liderada por los republicanos– aprobó el jueves un proyecto de ley que impone nuevas barreras en el acceso al aborto. Entre otras cosas, limita únicamente a los médicos la potestad de proporcionar los medicamentos abortivos y prohíbe que puedan enviarse por correo.
La legislación establece sanciones penales y responsabilidad civil para los infractores que no se aplicarían a la persona a la que se le proporcionaron los medicamentos para abortar, informó la CNN. También obliga a que las mujeres tengan que asistir a una consulta médica presencial antes de recibir las pastillas abortivas y programen visitas de seguimiento luego de realizar el procedimiento.
El proyecto de ley pasó ahora a manos del Senado estatal, donde el Partido Republicano también tiene mayoría.
“Lo que estamos viendo en este momento es la acumulación de décadas en las que las legislaturas estatales han estado adoptando una restricción tras otra, y ahora se están moviendo para adoptar una prohibición tras otra”, analizó Elizabeth Nash, analista de políticas estatales del Instituto Guttmacher, consultada por The New York Times sobre la situación en el país.
La experta aseguró que, dado que el futuro de Roe vs. Wade es incierto, alrededor de 30 estados ya están impulsando leyes para proteger el derecho al aborto, e incluso, en algunos casos, ampliar el acceso. Este tipo de leyes ya existen en 17 estados del país.