La normativa uruguaya no contempla hoy en día ninguna regulación de los talles que se ofrecen en los locales de ropa. Esto tiene como consecuencia que la oferta sea acotada y poco representativa de las características corporales de toda la población. Así, en la mayoría de las tiendas hay sólo tres talles posibles –o cinco, si acaso incluyen XS y XL– y en muchas existe el “talle único”, un concepto que se opone diametralmente al de “diversidad corporal”, en tanto parece admitir que sólo hay una sola forma de ser.
Frente a este panorama, han surgido distintos intentos para avanzar hacia una ley de talles. El primer proyecto lo presentó en 2007 Carlos Enciso, en ese entonces diputado del Partido Nacional, y obtuvo la media sanción de la Cámara de Diputados, pero no logró la aprobación en el Senado. Durante la siguiente legislatura, el 8 de marzo de 2016, el mismo texto fue presentado por la ex diputada nacionalista María Pía Biestro. En este caso, la iniciativa estuvo a estudio de la Comisión Especial de Equidad y Género de la cámara baja y fue el centro de un amplio debate. Sin embargo, llegó al fin de la legislatura sin definiciones ni acuerdos y el 3 de marzo de 2020 volvió a ser archivada.
Ante esa decisión, un grupo de mujeres que nada tienen que ver con la política partidaria resolvieron reunirse para volver a impulsar la aprobación de una ley de talles en Uruguay. De esa forma nació el colectivo Ley de Talles Uy, que se propuso trabajar en una serie de modificaciones al proyecto de ley de 2016 para adaptarlo a la realidad y a las necesidades actuales. El año pasado, la diputada frenteamplista Bettiana Díaz solicitó en la Comisión Especial de Equidad y Género de la cámara baja que esa iniciativa sea desarchivada para que vuelva a tratarse, esta vez incluyendo las modificaciones que plantea Ley de Talles Uy y las visiones de un proyecto que presentó el diputado colorado Eduardo Elinger en octubre de 2020 para crear un “sistema normalizado de identificación de talla”.
En distintas sesiones que se desarrollaron entre junio y julio del año pasado, la comisión recibió a Elinger, que explicó los detalles de su iniciativa, y a representantes de Ley de Talles Uy, que plantearon los cambios que buscan introducir al proyecto promovido por Biestro. También escucharon las opiniones del Sindicato Único de la Aguja y de la Cámara Industrial de la Vestimenta, como consta en las distintas versiones taquigráficas.
Lo que falta ahora es “conjugar todas estas perspectivas”, redactar las “modificaciones de acuerdo” entre los partidos y votar la media sanción en Diputados, señaló a la diaria la diputada Díaz, que integra la comisión. Sin embargo, dijo que este grupo parlamentario no se ha reunido en lo que va del año y es muy posible que no lo haga hasta que termine la discusión sobre la Rendición de Cuentas. De todas formas, la legisladora del Frente Amplio adelantó que la intención es que la media sanción de la cámara baja esté “antes de que termine 2022”. A la vez, aseguró que, si bien hay matices, en general todos los partidos políticos están a favor de que el país tenga una ley de talles y “no se han manifestado reparos con respecto a avanzar en ese sentido”.
La propuesta
En líneas generales, el proyecto de ley presentado en 2016 obliga a las industrias de la vestimenta y a los establecimientos que la comercializan a disponer de prendas de vestir basadas en un estudio antropométrico de la población uruguaya –es decir, un análisis de las medidas reales de las personas en el país–. La iniciativa otorga el control de su cumplimiento al Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Comercio y del área de Defensa del Consumidor. Además, establece multas para quienes no cumplan con la ley y aclara que, si esto sucede más de una vez, se clausurará el lugar por un plazo de hasta cinco días. Al mismo tiempo, garantiza exoneraciones tributarias para aquellos que cumplan “en todos los términos” con lo dispuesto por la norma.
La ley aplica para la “vestimenta”, entendida como el “conjunto de prendas exteriores que cubren el cuerpo”, lo cual incluye la ropa interior y el calzado. Las disposiciones también rigen para los comercios que funcionen en ferias permanentes u ocasionales, y quedan excluidos tanto los que vendan ropa usada como los que ofrezcan vestimenta de alta costura y prendas a medida.
Por otra parte, el texto establece la creación de una Comisión Honoraria Asesora en Defensa y Promoción del Derecho a la Vestimenta, que estará integrada por representantes de los ministerios de Industria y Energía, Economía y Finanzas y Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, la Cámara de Industrias del Uruguay, la Cámara Industrial de Vestimenta, la Cámara de Diseño Uruguay y de organizaciones civiles “cuya finalidad sea la promoción y defensa del derecho a la vestimenta”.
Más derechos, menos discriminación
Los cambios que propone Ley de Talles Uy apuntan fundamentalmente a darle una “perspectiva de derechos” al proyecto de Biestro, aseguró Victoria Ripa, activista por la diversidad corporal e integrante del colectivo, en diálogo con la diaria. En ese sentido, la agrupación agrega un artículo que exige que los comercios garanticen “condiciones de atención y trato digno y equitativo a consumidores”, lo que entre otras cosas implica que “deberán abstenerse de realizar conductas que coloquen al consumidor en situaciones vergonzantes o intimidatorias”.
El derecho a la vestimenta es otra de las cuestiones que busca visibilizar el colectivo. Por eso, también suma un apartado que establece que todas y todos tienen “derecho a expresarse a través de la vestimenta”, considerada como “un medio de autopercepción, identificación y expresión del ser humano como ser social”. “La idea es que el derecho a la vestimenta sea integrado en este proyecto de ley no solamente en cuanto a que todos tenemos derecho a vestirnos, [sino a que] también tenemos derecho a la vestimenta adecuada, según nuestras características y necesidades como seres humanos”, puntualizó Ripa. Agregó que, además, “poder ejercer nuestro derecho a la vestimenta adecuada nos posibilita ejercer otros derechos humanos como, por ejemplo, la búsqueda de un empleo”.
Ley de Talles Uy también plantea la prohibición del talle único, “porque es una práctica discriminatoria, que da a entender como si todos los cuerpos debiesen adaptarse a un único talle” señaló la activista. “Creemos que es totalmente lo contrario: las prendas y los talles deben adecuarse a los cuerpos”, enfatizó. Por otro lado, el colectivo propone que no se cobren más caros los talles más grandes, algo que considera “una práctica abusiva y discriminatoria hacia los cuerpos más grandes”.
Para Ripa, tener una tabla de talles nacional respaldada por un estudio antropométrico no sólo contribuye a que haya coherencia entre las características de la población y los talles, sino que además es un “mecanismo de apoyo y fomento a la industria de la vestimenta”, que podrá contar con “información fundamental sobre el público objetivo y los consumidores finales”.
Las consecuencias de no encontrar talle
“Podemos pensar que vestirse es algo banal o frívolo, pero la realidad es que forma parte de nuestra cotidianidad: no podemos salir a la calle desnudos y, además, la vestimenta forma parte de nuestra identidad. Entonces, cuando no encontramos talle, puede traer muchas consecuencias a nivel de la salud mental, emocional y física”, consideró Ripa.
Esto quedó reflejado en la primera encuesta de opinión sobre talles de vestimenta y calzado en Uruguay, que realizó la consultora ID Retail y fue presentada la semana pasada en un conversatorio que se desarrolló en el Parlamento. El estudio reveló que tres de cada cuatro personas tienen problemas para encontrar el talle adecuado. Pero, además, una de cada cinco personas encuestadas dijo que “se enoja consigo misma por cómo está su cuerpo cuando no encuentra talle”, una proporción que crece entre las mujeres, explicó Ripa. Por otro lado, 32% respondió que, cuando no encuentra un talle que se adapte a su cuerpo, cambia alguna conducta, lo cual incluye comenzar una dieta, dejar de comprar ropa o hacer ejercicio excesivo, entre otras cosas.
“Es muy importante que haya una ley de talles en Uruguay justamente para mejorar la calidad de vida de las personas y cuidar la salud mental, emocional y física”, insistió la integrante de Ley de Talles Uy. “Todos los cuerpos tienen derecho a acceder a la ropa y a poder elegir lo que ponerse, cómo identificarse y cómo expresarse a través de la ropa. Si no podemos hacer eso, nos sentimos oprimidos y reprimidos, y eso trae un montón de consecuencias, como un trastorno de la alimentación, aislarse o dejar de acceder a determinadas actividades –por ejemplo, cuando no puedo ir a la playa porque no encuentro un bikini–”, resaltó Ripa.
“No encontrar talle o que varíe el talle de una tienda a otra afecta la autopercepción que tenemos de nuestros cuerpos”, consideró Díaz en la misma línea. “Además, nos recorta la posibilidad de expresarnos, porque la vestimenta es también una forma de representarnos ante el mundo, y genera impactos muy fuertes en la salud mental de las personas”, agregó la diputada.
La encuesta de ID Retail también mostró que 53% de las personas encuestadas no conoce ninguna marca que tenga otros talles fuera del rango S, M o L, mientras 81% dijo que sólo encuentra la prenda que le gustaría comprar en talle único. En tanto, 60% de los consultados no compra ropa ni calzado por internet porque tiene dificultad para encontrar talle. Del restante 40% que sí lo hace, 33% asegura que compra en tiendas de otro país, donde puede acceder a una mayor diversidad de talles.
Los resultados del estudio ratifican que la falta de coherencia en los talles es un problema generalizado, ya que 92% de las personas aseguró encontrar diferencias en un mismo talle. Además, demuestran que 95% cree que es importante que se apruebe una ley de talles (98% mujeres, 92% hombres).
Este último dato entre paréntesis lleva a una pregunta final: ¿el problema de los talles afecta más a las mujeres? Según Ripa, es un tema que “evidentemente influye más en las mujeres porque vivimos en una sociedad patriarcal en donde los cuerpos de las mujeres están oprimidos y todo lo que tiene que ver con el mundo de la moda, la cultura de la dieta, la industria de la belleza, no deja de ser una forma de control sobre los cuerpos de las mujeres en particular”. La activista dijo que, además, “la presión que sentimos de cumplir con determinados estereotipos de belleza no la sienten de la misma forma los hombres”. De todas maneras, reiteró que el proyecto de ley abarca “todos los cuerpos, de todos los sexos, géneros y franjas etarias” y busca que “todas las corporalidades tengamos acceso a todas las prendas que elijamos”.
Por su parte, Díaz opinó que “hay una percepción de que afecta mucho más a las mujeres” por “una construcción de estereotipos y de roles de género”, pero a su entender “no es un tema de género”, ya que, “cuando relevamos qué es lo que pasa, vemos que afecta a todas las personas”. “De hecho, parte de la discusión en este momento tiene que ver con no atar esta problemática sólo a una cuestión de género, porque cuando hablamos de diversidad corporal hablamos de la diversidad corporal que hay en nuestras sociedades, independientemente de las identidades de género”, afirmó. La diputada dijo que es importante resaltar esto porque “muchas veces refuerza una visión bastante gordofóbica y machista que hay con respecto a esta iniciativa que es que está dirigida a mujeres y a mujeres gordas y, en realidad, cada vez que la presentamos o toma relevancia pública, la respuesta que hay es que la mayoría de las personas, hombres y mujeres, han tenido una mala experiencia con respecto a los talles”.