A pocos días de que se conmemore el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual manifestó “su más honda preocupación ante la inexistencia de medidas concretas frente a la declaración de emergencia nacional realizada en 2019 y ratificada por el actual gobierno en 2020”, como “convocar a un Comité de Emergencia para fundar las acciones pertinentes y el plan de contingencia”. En un comunicado difundido este martes, la plataforma que nuclea a diversas organizaciones de todo el país denuncia la falta de recursos para dar una respuesta integral al problema y asegura que “el Estado es responsable, por acción u omisión, de la violencia de género contra las mujeres”.
En ese sentido, señala que “los servicios están desbordados” y que “las listas de espera para la atención y las respuestas deficientes y prácticas revictimizantes ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia”. A su vez, denuncia la “falta de recursos para garantizar una respuesta que cumpla con criterios de celeridad, calidad y accesibilidad”, y apunta que la “falta de formación especializada en instituciones de atención y de justicia puede significar la cronicidad de la violencia o incluso la muerte (femicidios, infanticidios, suicidios femicidas)”.
Frente a esta situación, la Red exige que “se asigne el presupuesto necesario para la implementación de la Ley 19.580” y de “un sistema interinstitucional de respuestas para abordar todas las manifestaciones de la violencia de género”. Al mismo tiempo, pide que se garanticen “servicios especializados en todo el país, que atiendan todas las expresiones de la violencia basada en género, para todas las edades, con recursos formados y suficientes”, y se promuevan “campañas de prevención y formación continua para transformar el modelo cultural patriarcal que sostiene las relaciones desiguales”. Otra de las exigencias es que haya “investigación y sanción de los responsables de la violencia, sean particulares o prácticas institucionales, para cortar la violencia institucional de género y con la impunidad de quienes violentan”.
Por otro lado, la Red demanda la derogación de la ley de corresponsabilidad en la crianza o de tenencia compartida, aprobada en abril de este año, al entender que “contribuye a alentar a quienes violentan y sus aliados a perpetuar la violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres en situación de violencia de género”.
A su vez, denuncia que “otra vez” el gobierno le “negó” su “participación con voz en la mesa de rendición de cuentas” del acto oficial del 25N, que se realizará este viernes. “Los ámbitos de participación de la sociedad civil establecidos por ley garantizan el ejercicio de la democracia participativa y la misma ha sido un actor fundamental para que Uruguay tenga una ley que incorpore estándares de derechos humanos”, recuerda el comunicado.
En 2021, la Red y otras 36 organizaciones de mujeres ya habían denunciado la exclusión de la sociedad civil del acto central por el 25N, organizado por el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género hacia las Mujeres, que encabeza el Instituto Nacional de las Mujeres. En aquel momento habían recordado que la Ley 19.580 establece en su artículo 13 que el consejo incluye la participación de tres representantes de la Red.
En el escenario actual, la Red plantea tres propuestas: “Una política pública de Estado”, “generar acciones sostenidas en los barrios para acompañar y fortalecer las redes de contención vecinal”, y “generar un análisis riguroso de las rutas de atención de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de femicidios o de intentos, para revisar los tránsitos institucionales y proponer mejoras en la política pública”.