La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe, Argentina, aprobó la semana pasada la llamada Ley de Reparación Post Dictadura para Trans y Travestis, que busca justamente reparar a las personas de esa comunidad que sobrevivieron a la persecución policial y la violación de derechos humanos ya en democracia, por la vigencia de un código de faltas provincial que recién se derogó en 2010.
En concreto, la norma establece el pago de “una pensión mensual no contributiva, de carácter vitalicio, equivalente al doble del haber mínimo de la pensión vigente en Santa Fe, para toda persona travesti-trans que acredite que entre el 10 de diciembre de 1983 y el 10 de junio de 2010 haya sufrido privaciones de su libertad en forma sistemática, como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad por motivos de identidad de género”. La pensión también incluye cobertura médica tanto para la persona beneficiaria como para su grupo familiar.
Se estima que, hoy en día, en Santa Fe sobreviven alrededor de 140 personas que fueron víctimas de violencia institucional durante esa época, de acuerdo con el último censo, citado por el medio Página 12. Uno de los requisitos para acceder a la pensión es acreditar que habitaban en la provincia cuando fueron privadas de libertad.
La iniciativa fue presentada en abril de 2022 por la diputada provincial y abogada de derechos humanos Matilde Bruera (del Bloque Lealtad Kirchnerista) y había obtenido la media sanción de la cámara baja de Santa Fe en junio de este año.
“En las décadas del 80, 90 y hasta 2010, [las travestis y trans] hemos sufrido persecución sistemática del brazo opresor de la Policía de Santa Fe, con un comando que se llamaba Moralidad Pública”, recordó Karla Ojeda, representante de la Mesa de Derechos Travestis Trans de Santa Fe, a la agencia Presentes. “Las compañeras travesti trans, yo incluida, éramos perseguidas y apresadas en cualquier momento del día y por las noches, sabiendo que el único sustento para sobrevivir era la prostitución. Nos perseguían y se ejercían violaciones a los derechos humanos”, aseguró la activista, y especificó que vivieron esa situación “a partir del año 83, incluso hasta el año 2010”. “Por eso la ley de reparación habla justamente de un reclamo a la democracia. En la dictadura éramos detenidas pero, cuando la primavera democrática llegó para muchos, para nosotras no llegó”, agregó.
Después de la sanción definitiva de la ley de reparación posdictadura, la militante trans de Santa Fe, Pamela Rocchi, dijo a la agencia Télam: “Esta ley viene a reparar todo ese daño que hizo el Estado en ese momento histórico, y las beneficiarias somos las compañeras adultas que ya no tenemos más nada que hacer si no se reparan sus vidas”.
El pedido por una reparación para las personas trans y travestis que fueron víctimas de violencia institucional por su identidad de género durante la dictadura es un reclamo que las organizaciones sostienen a nivel nacional desde hace años. A diferencia de la Ley Integral para Personas Trans de Uruguay, que prevé la pensión reparatoria para quienes sufrieron la persecución estatal durante la dictadura, esta reparación histórica no está contemplada en la Ley de Identidad de Género aprobada en Argentina en 2012. Por eso, desde entonces ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento LGBTI+ argentino, incluso con propuestas que han llegado al Congreso.