El economista Javier Milei llega al gobierno tras su triunfo contra el oficialista Sergio Massa, de Unión por la Patria, en el balotaje del pasado 19 de noviembre. Con un discurso liberal contra los privilegios de la clase política, con propuestas de privatización y achicamiento del Estado y una línea fuertemente antifeminista, La Libertad Avanza, su partido, logró obtener el apoyo del 55,65% del electorado.
En la previa de la asunción del nuevo gobierno, que será este domingo, la diaria habló con activistas feministas argentinas sobre la viabilidad de las propuestas que van contra los derechos conquistados.
El ataque al aborto como símbolo del feminismo
“Siempre dijimos que el neoliberalismo tiene un programa para nuestros cuerpos y no solamente programas económicos. Y eso es lo que se está viendo acá”, analiza Marta Dillon, periodista y militante lesbiana feminista, que integra la Red Transfeminista Antifascista. “No podemos ver a los y las votantes de Milei en un solo plano, sino que se combinan muchas razones. Se mezcló el voto antiperonista, el odio de género; realmente hay muchas autocríticas que hacer. No supimos leer el peso que tenía la altísima polarización que se estuvo dando sobre todo desde 2018, en donde influyen los derechos conquistados y la movilización feminista, que, así como levantó una marea gigantesca, también tuvo muchos detractores que sintieron que [el hecho de que] ganáramos derechos significaba que les restaran derechos a ellos”, agrega.
En los días posteriores a los comicios, el diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch afirmó que su partido promoverá en forma prioritaria la derogación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), aprobada en 2020, y agregó: “No sé cuándo se pueda tratar [la ley]. La vida es el derecho primario. Que tengamos una ley del aborto me parece la salvajada más espantosa”. Ya Milei, durante su campaña electoral, había expresado su posicionamiento contra el aborto y había anticipado su intención de realizar un plebiscito para evaluar la continuidad de la ley, por considerar que “no es un derecho ganado”.
Pero no es tan simple. En Argentina, la sanción y la modificación de leyes son competencia del Poder Legislativo a través del Congreso Nacional. Si bien las leyes existentes se pueden derogar (de forma expresa o de forma tácita cuando una nueva ley colisiona con una anterior), la Constitución argentina incluye el principio de no regresividad. Tal como explica Patricia Bustamante, abogada de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: “Nuestra Constitución, en el artículo 75, inciso 22, incorpora una serie de tratados de derechos humanos entre los que se encuentra el Pacto Nacional de Derechos Económicos y Culturales, que establece que el Estado argentino se compromete a respetar el principio de no regresividad, que complementa el principio de progresividad. Es decir, el Estado se compromete al respeto, protección y garantía de determinados derechos y que, una vez logrado un avance, no es posible regresar a un estadío anterior. Por ende, en caso de derogarse leyes que regulan derechos humanos, derechos económicos, sociales o culturales, como lo son la salud y la educación, tendrían que respetarse estos tratados y ser reemplazadas estas leyes por otras que respeten, protejan y garanticen aún más dichos derechos”.
En cuanto a la posibilidad de que desde el nuevo gobierno quisieran derogar leyes mediante un decreto, Bustamante explica que “la Constitución en su artículo 76 prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, limitando que este se inmiscuya en las esferas del Poder Legislativo”. Según señala, las excepciones a esto son los Decretos Delegados y los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). “En el primer caso, el Congreso delega en el Ejecutivo la posibilidad de inmiscuirse en materia legislativa, pero sólo en temas de administración o emergencia pública. Por ejemplo, en el caso de la pandemia. Por otro lado, los DNU son herramientas de uso excepcional ante una necesidad y urgencia. Es decir, debería acreditarse que se utiliza ese tipo de decreto por una necesidad tan urgente que no puede esperar el normal tratamiento de una ley por el Congreso nacional. Pero su uso está prohibido en materia penal, tributaria, electoral y del régimen de los partidos políticos, por lo que mediante un DNU no podría modificar la ley IVE ni el Código Penal que contempla la interrupción legal del embarazo [ILE] por causales”, señala la profesional.
Sin escucha ni acompañamiento
Daniela García es trabajadora social de la línea 144, el servicio telefónico gratuito de Argentina que atiende situaciones de violencia de género en todo el país. Ella cuenta que “las agresiones antes pasaban de manera muy aislada”, pero que, “a partir de las elecciones empezaron a aumentar hasta llegar a lo que fueron las amenazas de bomba” del pasado 24 de noviembre, que implicaron “evacuar el edificio y dejar a personas sin atender”. “Nos vimos en la situación de tener que dejar a personas sin asesoramiento, sin ser escuchadas”, asegura García.
“Es muy difícil la situación actual porque nosotras trabajamos con violencia continuamente, y encontrarte siendo objeto de violencia en tu lugar de trabajo mientras vos estás asesorando a otras personas en situación de violencia es muy duro”, dice la trabajadora social.
Según estadísticas oficiales, la línea 144 recibió 1.221.538 comunicaciones en los últimos cuatro años, de las cuales 93.783 requirieron una intervención.
Ese espacio, en el que trabajan 140 personas y actualmente depende del Ministerio de la Mujeres, Géneros y Diversidad –que Milei prometió eliminar–, funciona desde 2013 y es el único con atención las 24 horas todos los días del año. Si bien el artículo 9 de la Ley 26.485 da creación a la línea, García explica que “la realidad es que esto tampoco garantiza nada, porque pueden recortar el presupuesto, nos pueden echar a las que estamos y cambiar la perspectiva de abordaje. Hay muchos escenarios posibles”.
Al día de hoy, y siendo el último día hábil antes de la asunción del nuevo gobierno, no han recibido notificación de cómo continuará su labor. No tuvieron comunicación con el gobierno entrante y tampoco hubo un proyecto de transición, por lo que las trabajadoras no saben si a partir del 10 de diciembre estarán desempleadas. “Todavía no sabemos en qué van a quedar nuestros puestos ni en qué instancia dentro del nuevo organigrama quedamos; es decir, qué es lo que va a pasar con el Ministerio de la Mujer y con todos los programas”, señala García.
La Libertad Avanza también prometió desterrar la educación sexual integral (ESI), contemplada como derecho en la Ley 26.150 promulgada en 2006. Carolina Pastorella, docente y capacitadora de la Dirección de Educación Sexual Integral en la Provincia de Buenos Aires, cuenta que, si bien no recibieron comunicación oficial del gobierno entrante, “ya se estuvo anunciando de alguna manera internamente el cierre de los programas, ya que se va a reducir el presupuesto”. Agrega que “muchas mujeres que se incorporaron en los últimos años a los programas, logrando acceder a cargos donde revalorizaron su carrera en el feminismo, se encuentran con la incertidumbre y el temor de perder el puesto y el recorrido ganado”.
Situaciones que generan miedo, silencio, quietud y fragmentación. Por eso, desde la docencia vienen construyendo distintas instancias ante este panorama, como detalla Pastorella: “Se conformó una red de docentes en emergencia, integrada por egresadas del postítulo de Educación Sexual Integral, para hacer frente al desamparo, y a nivel más federal se conformó el grupo Más ESI”. También desde los sindicatos están planificando cómo hacer frente no sólo a los posibles despidos sino para sostener las políticas y programas que fortalecen la ESI, como por ejemplo dentro del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, donde habrá espacios para repensar las masculinidades y programas de salud reproductiva.
Balances y proyecciones
“Hay mucha gente que se contacta preocupada porque necesita de las políticas públicas del ministerio [de las mujeres], y queremos transmitir que estamos peleando mucho para resguardar los puestos de trabajo y que todos estos dispositivos sigan existiendo. El lema actual de la línea 144 es: ‘Estamos. Y estamos luchando para seguir estando’”, cuenta García.
Cuando la derecha avanza, lo hace rompiendo el tejido social y generando temor y desesperanza. Ante esto, Bustamante sostiene que “la gran herramienta que ha hecho tan fuertes a los feminismos en Argentina es el tejido de redes porque se ha podido formar un movimiento plurinacional con un sentido muy federal y un respeto a las miradas locales”. “La evolución del movimiento a lo largo de los años ha ido incluyendo siempre más miradas. El tejido de redes hoy más que nunca se ha transformado en una necesidad urgente. A través de esa fuerza, nos vamos a organizar para poder defender nuestros derechos en un contexto que a primera vista se ve hostil”, afirma.
En momentos en que urgen los lazos para el sostenimiento de la vida, también hacen falta miradas críticas de aprendizajes rápidos y respuestas concretas. Para Dillon, “estos son momentos de poder elaborar respuestas más concretas a cómo llegamos hasta acá, y para eso se necesitan conversaciones profundas y amplias. Necesitamos profundizar los lazos feministas que venimos construyendo y que están vivos, es el momento de fortalecer los vínculos militantes, la amistad y la imaginación política, y empezar a pensar estrategias nuevas para resistir, pero también para reconstruir la alegría de tener un movimiento con vocación, deseo y voluntad de cambiarlo todo”.