El texto que el presidente de Argentina, Javier Milei, envió al Congreso este jueves con el título “Proyecto de ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” busca reformar temas y áreas de todo tipo: la economía, la salud, la educación, entre otras. De aprobarse, sus alcances afectarán profundamente la vida de las personas, y en especial de las mujeres y diversidades, mucho más allá de estos destacados.
Las escasas veces que temas de género aparecen mencionados de modo explícito en el documento de 350 páginas plantean retrocesos en términos de políticas y derechos ganados.
En el paquete de medidas que busca reformar la llamada ley ómnibus, el lenguaje en que están expresados esos cambios es en sí mismo una praxis política.
Lenguaje en clave antiderechos
En el texto de la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para los tres poderes del Estado, la expresión “violencia de género” se reemplaza por “violencia familiar y contra la mujer”. Este cambio de abordaje representa un grave retroceso. Por un lado, invisibiliza la diversidad al acotarla a la categoría “mujer”. Por otro, deja de lado que la violencia de género adopta diferentes dimensiones y se perpetra en espacios que van mucho más allá del familiar, operando como base de desigualdad estructural.
El proyecto de ley ómnibus también propone modificar, entre tantas cosas, la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como Ley de los Mil Días. Elimina la nominación “personas gestantes” –en el texto original– y la reemplaza por “madres embarazadas”. Además, hace mención en reiteradas oportunidades a “niños desde la concepción”, un concepto que es la base de los movimientos que se oponen al aborto.
También elimina las menciones al “respeto irrestricto del interés superior del niño y de la niña y del principio de autonomía progresiva” y a la “autonomía de las mujeres y otras personas gestantes”.
Inadi en peligro
A través del artículo número 348 del apartado de Justicia de la ley ómnibus, el Poder Ejecutivo expone la derogación de la Ley 24.515, que tenía por objeto la creación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) como entidad descentralizada del Ejecutivo.
El Inadi es una institución clave para impulsar políticas contra la discriminación y un espacio de denuncia federal, con una red en todo el país. Es el primer lugar al que acuden muchas personas de la diversidad sexual y cultural cuando sufren actos discriminatorios.
La Federación Argentina LGBT+ expresó este jueves en un comunicado su repudio: “El cierre del Inadi va en contra del respeto a la diversidad y a la libertad en nuestro país. No se puede ser libre si la respuesta a la libertad es la violencia y la discriminación. Y es el Estado quien debe velar por esa libertad”.
Sin Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades
Aunque no es parte de la ley ómnibus, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades se convirtió mediante un decreto en Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género. Ahora depende del megaministerio de Capital Humano.
El Ministerio de las Mujeres era la autoridad de aplicación, por ejemplo, de la Ley Micaela, también incluida en el paquete de reformas.
Restricciones a la Ley Micaela
La Ley Micaela, promulgada en 2019, estableció la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En el proyecto de reforma que integra la ley ómnibus, se convertirá en capacitaciones “en la temática violencia familiar y contra la mujer, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Así, su órbita será mucho más restringida.
Según el proyecto de ley, la autoridad de aplicación será el Ministerio de Capital Humano.
La ley lleva ese nombre en honor a Micaela García, una joven entrerriana, militante del Movimiento Evita y feminista, asesinada en 2017, a los 21 años. Su victimario estaba en libertad condicional tras una condena por violar a dos mujeres. Su femicidio puso en agenda de manera urgente la necesidad de capacitar con perspectiva de género a todas las personas que trabajan en la órbita del Estado.
Sin paridad de género
En su proyecto de reforma electoral, la ley ómnibus propone, entre otras cosas, cambiar la composición de la Cámara de Diputados y dividir al país en 254 circunscripciones que enviarían a un representante cada una. Así se tornaría imposible la paridad de género garantizada por la Ley de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política, sancionada en Argentina en 2017.