La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó a los países de América a “abstenerse de retroceder en el reconocimiento y protección” de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas gestantes, en un comunicado publicado el pasado martes. Además, pidió a los estados que garanticen el ejercicio de estos derechos, “libre de toda forma de violencia y discriminación de género, de conformidad con sus obligaciones internacionales”.
“Los derechos reproductivos, que abarcan un conjunto de derechos humanos, han sido históricamente limitados, restringidos o anulados con base en estereotipos y roles de género que priorizan la función reproductiva de las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes por encima de sus derechos humanos”, apunta el texto. Y continúa: “Esta discriminación histórica y estructural se refleja en la violencia propiciada por leyes que criminalizan de forma absoluta la interrupción voluntaria del embarazo, limitando las opciones legales, seguras y oportunas para hacerlo”.
La CIDH señaló que el reconocimiento del derecho a decidir tener “descendencia biológica” –que se une al derecho de “fundar una familia”, “a la integridad física y mental” y, específicamente, a los derechos sexuales y reproductivos– implica una “serie de obligaciones” de parte de los estados. Algunas de ellas refieren a la “regulación y fiscalización debida de los servicios de salud”, “el acceso a la información y tecnologías”, “la obligación de que el personal médico obtenga un consentimiento informado sobre cualquier tipo de tratamiento a practicar” y “la prohibición de restricciones desproporcionadas para ejercer las decisiones reproductivas”.
En el documento, el organismo destacó los “avances legislativos y judiciales” en la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en países de la región. A modo de ejemplo, mencionó el caso de Colombia y las modificaciones normativas en los estados mexicanos de Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. Asimismo, reconoció que los estados de California, Michigan y Vermont, en Estados Unidos, “consagraron algún nivel de protección al acceso a la interrupción del embarazo en sus constituciones”, en un momento en que más de diez estados han prohibido o restringido el acceso al aborto desde la derogación del fallo Roe vs. Wade.
Sin embargo, la CIDH también observó medidas “tanto materiales como formales” que “retroceden en la garantía de los derechos reproductivos libre de toda forma de violencia y discriminación” en algunos países de la región. Entre ellas, señaló los “impedimentos para acceder a servicios de salud para la interrupción del embarazo a pesar de estar permitido por ley –especialmente en casos de niñas y adolescentes embarazadas como resultado de violación sexual–”, así como “amenazas de persecución legal contra personal médico, jurídico y demás personas que acompañan a quienes procuran abortos legales” en países como Argentina, Brasil, Colombia y Panamá, entre otros.
En la misma línea, la comisión resaltó las condenas impuestas a mujeres que sufrieron emergencias obstétricas en El Salvador, “en un contexto de criminalización absoluta del aborto”, la anulación de Roe vs. Wade en Estados Unidos, que “protegía el acceso al aborto”, así como otros proyectos de ley en curso, “que buscan limitar o prohibir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”.