Las senadoras Carmen Asiaín y Gloria Rodríguez, del Partido Nacional, presentaron un proyecto de ley que establece “el derecho de toda madre o embarazada” a dar en adopción a su bebé “antes del nacimiento o inmediatamente después del parto”, “mediante el procedimiento de adopción prenatal y neonatal”. La iniciativa –que ingresó a la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado el 14 de junio– señala que la solicitud para iniciar el procedimiento de adopción podrá ser realizada por la mujer desde el momento que se confirme el embarazo, “mediante una ultrasonografía que constate la presencia del embrión, y hasta que la gestante sea dada de alta después del parto”. Aclara que las solicitudes presentadas fuera de ese plazo “se regularán por el régimen general de adopciones”. En ambos casos, la mujer deberá presentarse con la documentación correspondiente ante el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay para “oficializar su voluntad”.
El texto también prevé la posibilidad de que el “padre biológico” pueda otorgar su consentimiento para la adopción y dice incluso que podrá “ejercer ese derecho por sí solo” en caso de que “haya una declaración de fallecimiento de la madre biológica inmediatamente posterior al nacimiento del hijo”.
Otra de las cosas que plantea es la obligatoriedad de los prestadores de salud públicos y privados a informar a las mujeres embarazadas “de su derecho a dar en adopción prenatal y neonatal”. Y establece que, en caso de arrepentimiento, los progenitores tienen derecho a revocar la decisión hasta los 90 días posteriores al parto.
Las impulsoras argumentan en la exposición de motivos que esta ley “es necesaria” ya que el Código de la Niñez y de la Adolescencia (CNA) vigente, tras las modificaciones introducidas en 2009 y 2013, “prohíbe la desvinculación parental antes del mes de vida del hijo”. Así, aseguran que el proyecto “intenta evitar la innecesaria institucionalización del niño” y su abandono clandestino”, al tiempo que busca “favorecer la inserción del niño en la familia”.
Dicen, además, que es “una cuestión de derechos de la mujer”, porque –según interpretan– “la madre que sabe desde la concepción que no desea criar a su hijo”, sea por el motivo que sea, “debe quedarse con el hijo durante el mes posterior al parto, debiendo vincularse con el bebé”.
Una vez que se hizo público el contenido del proyecto, activistas feministas y especialistas en derechos de las mujeres y las infancias manifestaron sus reparos. En líneas generales, plantearon que la normativa vigente ya regula las adopciones, atendiendo a proteger los derechos de las niñeces y de las mujeres, y que, en todo caso, si el sistema no funciona bien, es debido a la falta de recursos para una implementación efectiva. “Nosotros decimos que este proyecto es innecesario, inexacto y, además, hay aspectos poco claros en cuanto a la instrumentación. Así que, de bueno, no tiene absolutamente nada”, apuntó a la diaria Aurora Reolón, integrante de la Asociación de Padres Adoptantes del Uruguay (APAU), que adelantó que “probablemente” pedirán una reunión con la comisión para dar su “punto de vista” y “plantear por qué se desconoce que esto ya está en el CNA”.
Otro de los argumentos es más conceptual y tiene que ver con la referencia en el texto a “personas” y “niños”, cuando en realidad se habla de fetos –en el caso de la adopción prenatal– y bebés recién nacidos –en el caso de la neonatal–. En ese sentido, la abogada Natalia Fernández, que integra el colectivo La Pitanga y la Red de Abogadas Feministas, recordó en diálogo con la diaria que en Uruguay “no tenemos una regulación jurídica de la figura del neonato”.
Asimismo, afirman que es un proyecto que “vulnera” los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que implícitamente busca desalentar los abortos y que, de aprobarse, impactará en aquellas que atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad social. “Es volver a tratar a las mujeres como si fueran simplemente envases y, además, descartables, por no querer cumplir con su función de ser madres”, opinó la presidenta de la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), Lilián Abracinskas.
Preguntas e “inexactitudes”
La representante de la APAU dijo que la organización estudió el proyecto y encontró “inexactitudes”, además de puntos de la redacción que son poco precisos y que generan más incertidumbres que certezas. Un primer problema que identificaron es cuando refiere a recabar el consentimiento paterno, porque no contempla los casos en los que la mujer tiene que decidir delegar la maternidad sin contar con la presencia del padre. “Imaginate que vas a delegar tu maternidad sin el padre del niño; ¿les vas a dar el nombre del padre del niño para que ellos averigüen si se quiere quedar o no con él?”, planteó Reolón.
A su vez cuestionó que en ningún momento se mencione la posibilidad de consultar al resto de la familia de origen. “Una de las cosas que establece el CNA es que los niños no pueden ser separados de sus familias por problemas económicos, por ejemplo, y que se propenderá a que permanezcan siempre con su familia, que no es sólo su mamá y su papá, sino también alguien de la familia de origen que se pueda hacer cargo”, explicó Reolón. “Quiere decir que partimos de la base de que la consulta que se hace frente a la delegación de la maternidad sólo es para el padre. Al resto de la familia, en este proyecto, no se lo tiene en cuenta. Pero esto ya está establecido en la legislación vigente”, acotó.
También planteó preguntas respecto de la disposición que establece que la solicitud para iniciar el procedimiento de adopción prenatal y neonatal pueda ser ejercida desde que se confirma el embarazo hasta que “la gestante sea dada de alta después del parto”, y que, fuera de ese plazo, se regulará por el régimen general de adopción. “¿Esto qué significa? ¿Que antes de que se termine el plazo que tienen permitido no se van a regular por el régimen general de adopciones? ¿Qué significa no regirse por el régimen general de adopciones? ¿Las otras por qué régimen se rigen? ¿Qué es lo diferente entre cómo se dan ahora las adopciones y estas que son prenatales y neonatales? ¿Hay un régimen distinto? ¿Dónde está establecido? Son cosas que no sabemos”, señaló la integrante de la APAU.
La asociación también critica que se proponga la obligación del personal de salud a informar sobre el “derecho a dar en adopción prenatal y neonatal”. En esa línea, Reolón dijo que no queda claro “a qué mujeres se les informaría”. “¿A todas las que vienen a atenderse al centro de salud? ¿A las que plantean dificultades para sostener el hijo a futuro? ¿A las que tienen notorios problemas psicoemocionales, como patologías psiquiátricas o depresión severa? ¿A las que tienen problemas socioeconómicos, están en situación de calle, son víctimas de maltrato, tienen consumo problemático? ¿A las mujeres que vienen a solicitar interrupción del embarazo?”, cuestionó, y dijo que lo que se está proponiendo es “inducir” a las mujeres a dar su hijo en adopción.
Contra el argumento de “evitar la institucionalización innecesaria”, aseguró que la institucionalización “se da sólo en los casos en los que no se tiene clara la situación de la familia de origen” y que nunca es “prolongada” en el caso de los bebés, “salvo cuando se está trabajando la reincorporación a su familia de origen”. De hecho, el artículo 132.2 del CNA ya establece que el período de institucionalización de niñas y niños menores de dos años no puede superar los 45 días, según recordó Fernández. La abogada señaló que si hay bebés de menos de dos años que permanecen institucionalizados por más tiempo, “es porque no se cumplen las normas que hay”, y “no se cumplen porque no hay recursos”. “No es creando otras leyes que vamos a solucionar la falta de recursos suficientes para una gestión que cumpla con las normas que ya tenemos”, agregó.
Reolón pidió “que se ocupen de los otros niños que son institucionalizados, esos sí requieren de su cuidado y de leyes que los protejan”, y “no de estos niños, que de todas formas ya están protegidos, porque una vez que las madres dicen que van a delegar [la maternidad], pasan automáticamente a una familia del Registro Único de Aspirantes [RUA]”, expresó.
La referente también dijo que “es mentira” que la madre es “obligada” a tener que vincularse con el bebé durante un mes “para que pueda determinar si decide desvincularse o no”, como plantea la exposición de motivos. Puso como ejemplo su propia experiencia, ya que, según contó, su hija llegó a su casa cuando tenía 12 días de vida.
“No soluciona los problemas de fondo”
A nivel general, la propuesta legislativa “no armoniza con el sistema de protección a la infancia que se ha ido construyendo y las distintas modificaciones que ha tenido el CNA, que es esencialmente lo que este proyecto viene a revocar”, consideró Fernández. Para la abogada, “no sólo no soluciona los problemas de fondo”, sino que, asimismo, “genera una mayor incertidumbre jurídica y una mayor regresión en derechos de los más vulnerables, porque termina impactando en las mujeres pobres, las de menor edad e incluso las menores de edad, que son aquellas que, en más de una ocasión, no han podido tener la oportunidad de planificar los embarazos”.
En línea con la posición de la APAU, la profesional coincidió en que es una ley “innecesaria”. “Si una familia no quiere o no puede hacerse cargo de un niño, hoy por hoy tenemos las herramientas suficientes para que tenga condición de adoptabilidad y siga en el régimen general de adopciones. No es necesario todo esto”, puntualizó.
“Si es por la cuestión de la institucionalización, ya tenemos normas; si es por los procesos judiciales, que son los que dan las mayores garantías, ya tenemos normas; lo que se necesitan son recursos”, reiteró. Según la abogada, “un proyecto de estas características nos va a llevar a un peligroso límite con la explotación de condiciones de vulnerabilidad para un importante número de mujeres que necesitan la mayor protección” y “no va a llevar a la consagración de mayores derechos para estos niños para nacer”. “No sólo me parece innecesario, sino que genera mayor vulnerabilidad para los niños que están en las condiciones más extremas de nuestra sociedad y también para las mujeres que quieran tener a sus hijos y no puedan generar las condiciones para un maternaje idóneo”, consideró.
Desalentar los abortos
Fernández opinó que, “sin duda”, con este proyecto se busca de alguna forma desestimular los abortos. “Tomar la decisión de interrumpir un embarazo sigue siendo para una mujer un conflicto enorme. Si ahora, además, le presentás la posibilidad de que puede dar su hijo en adopción incluso desde antes que nazca, le va a generar a la mujer un conflicto que puede llegar a desestimular totalmente un aborto”, consideró.
“La impresión es que es un plan de restauración de un sistema de opresión de género y, a su vez, una manera poco honesta de actuar por parte de quienes históricamente han estado en contra del aborto”, dijo por su parte Abracinskas. La presidenta de MYSU aseguró que el proyecto “niega la existencia de embarazos no deseados, de maternidades forzadas, y, por lo tanto, es muy preocupante”.
La activista dijo que la exposición de motivos refleja una “suerte de juicio” contra las mujeres, al dar a entender que “si no quieren ese embarazo, es mejor que se separen lo antes posible de ese bebé y que otra familia lo pueda adoptar”. De esa manera, señaló Abracinskas, el proyecto “vuelve a poner no sólo a las mujeres que enfrentan la decisión de abortar frente a un embarazo no deseado, sino que además serían ‘malas mujeres’, con las cuales no hay que tener ninguna consideración y, en todo caso, lo que hay que salvar es a este feto o a este bebé”.
Esto, al mismo tiempo, se plantea desde una “romantización” de las adopciones, dijo la presidenta de MYSU, como si muchas veces no encubrieran “situaciones de maltrato, de abandono, de explotación”, y dejando de lado que también es un proceso “traumático” para la mujer que gestó y parió.