Empezó un año que en Uruguay estará marcado ineludiblemente por el proceso electoral. Desde ahora hasta fines de octubre –o de noviembre, si hay segunda vuelta– la campaña teñirá los discursos políticos, se inmiscuirá en los debates sociales y también podría incidir de una u otra forma en la labor legislativa.
En pleno receso parlamentario, la diaria conversó con las presidentas de las comisiones que trabajan específicamente los temas de género en las dos cámaras, para conocer qué proyectos de ley tienen a estudio y cuáles son las expectativas de que se aprueben en este contexto particular.
Para la diputada frenteamplista Bettiana Díaz, presidenta de la Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Representantes, el año electoral podría influir en el trabajo del grupo en “varios planos”. Uno es el más “administrativo”, que tiene que ver con la asistencia, ya que durante los próximos meses “muchos de los legisladores van a estar abocados a la campaña”, lo que de por sí puede derivar en que “el ritmo de trabajo de la comisión sea menos intenso”.
Otro plano es el de la “discusión ideológica en una campaña electoral”. En ese sentido, Díaz consideró que en materia de género, concretamente, hay que ver “hasta dónde los procesos de ampliación de derechos y de reconocimiento de derechos para las mujeres, infancias y adolescencias van a ser parte central de la agenda de los partidos” durante la campaña, y eso “de alguna forma también va a determinar cómo discutamos, no dentro de la comisión, donde trabajamos muy bien, sino dentro del propio Parlamento”. La diputada apuntó que “muchas veces, esto puede repercutir también en una cuestión de evaluación de costos políticos”, y aseguró que “flaco favor les hacemos a todas esas causas que siguen esperando” una aprobación del Parlamento si se discute con “la calculadora de votos en la mano”.
Por su parte, la senadora frenteamplista Silvia Nane, que preside la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la cámara alta, consideró que el año electoral “no debería influir demasiado”. “Esta es una comisión que trata derechos humanos, debería ir por un carril sin intereses electorales, porque la parte de derechos humanos tiene que ser una política de Estado”, planteó en esa línea. Dijo, además, que “todas las cosas que tienen que ver con derechos humanos salen con un amplio acuerdo, porque es la forma en la que después uno logra las herramientas para que el Estado sea garante de esos derechos”.
Senado: tres prioridades y temas en el tintero
La comisión del Senado –que el año pasado pasó a ser permanente– tiene tres “proyectos prioritarios” para tratar. Uno es el de la ley de paridad, presentado por la senadora nacionalista Gloria Rodríguez en 2021 y que, según Nane, ya no llegaría a aprobarse a tiempo para que pueda ser aplicada en las elecciones de este año. La presidenta de la comisión dijo que “no hay voluntad política ni del Partido Nacional ni de Cabildo Abierto para que salga aprobado” y no está claro que, si se votara hoy, sean suficientes los apoyos en el plenario, a no ser que en estos meses “se logre una negociación para que estén”. Por lo pronto, afirmó que “no hubo ningún pedido” de quienes promueven la iniciativa para agilizar el trámite.
El otro proyecto al que se le dará prioridad es el que promueve regular el acceso de mujeres y disidencias en eventos musicales patrocinados por el Estado, promovido por Rodríguez y la frenteamplista Sandra Lazo a fines de 2021 y que todavía está “a discusión”. Al respecto, Nane señaló que la comisión todavía está recibiendo delegaciones para escuchar sus puntos de vista y dijo que por ahora “no se han iniciado las negociaciones” para ver cuáles son los apoyos políticos.
La tercera iniciativa en la que se hará foco es la que propone aumentar la edad mínima para contraer matrimonio de los 16 a los 18 años. Este proyecto, impulsado por la propia Nane en abril del año pasado, empezó a tratarse en noviembre por la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género integrada con la de Constitución y Legislación del Senado, y ya tiene la oposición manifiesta de algunos senadores de la coalición de gobierno.
Nane recordó que Uruguay “tiene en el lomo” una observación por este tema “desde hace más de diez años”, a la que se suma la reciente recomendación que hizo en este mismo sentido el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) en el informe que emitió en octubre pasado.
Fuera de lo que son los proyectos de ley, la senadora señaló que hay dos cuestiones que “quedaron sin respuesta” el año pasado y que la comisión debería analizar. Una de ellas es un informe de la situación de Uruguay en los distintos organismos internacionales de derechos humanos a través del Sistema de Monitoreo de Recomendaciones (Simore), que no se logró concretar y que incluye también la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En tanto, el segundo “pendiente” tiene que ver con las resoluciones del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) respecto de la situación denunciada por la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en el centro El Tribal. Nane dijo que la INDDHH “preparó una serie de recomendaciones” y que, “en teoría, el INAU iba a hacer un plan de acción en función de eso”, por lo que “la idea era que volvieran a la comisión a ver cómo está la situación”.
Silvia Nane. (archivo, diciembre de 2023)
Foto: Alessandro Maradei
Diputados: tres compromisos concretos
La Comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Representantes tiene planeada la primera sesión del año para el 20 de febrero, es decir, antes de que empiece el nuevo período legislativo el 1º de marzo, con la intención de “terminar con la aprobación de algunos proyectos que empezamos a discutir sobre el final de 2023 y además ordenar la agenda para este año, que es un año muy particular”, afirmó Díaz.
La diputada mencionó tres iniciativas que la comisión se encaminaría a aprobar en las primeras sesiones de 2024. Una es la que introduce modificaciones en el procedimiento de inscripción de hijas e hijos en el Registro de Estado Civil con el objetivo de “subsanar” el “concepto vestigial del patriarcado” que dispone del “imperativo de que un niño/a, cuando la pareja (heterosexual, padre y madre, en este caso) va a inscribirlo, le otorguen el apellido del padre”, según se lee en la exposición de motivos del proyecto, que fue presentado a fines de 2018 por el diputado Enzo Malán, del Frente Amplio.
“Nos parecía que después de avanzar en las modificaciones que hubo en la inscripción de hijos con respecto al orden de los apellidos de padres y madres, había que seguir mejorando las condiciones de igualdad que hay ahí, y eso para nosotros sí es una prioridad”, enfatizó Díaz, y remarcó que hoy “se le sigue pidiendo muchos más requisitos a una madre que va a inscribir a un hijo con su apellido en primer lugar, o a una pareja que tiene un hijo y que quiere poner el apellido de su madre primero, que cuando se inscribe con el apellido del padre”.
El otro proyecto al que se le dará prioridad es el de la ley de talles, que, según dijo Díaz, “ya está en condiciones de ser aprobado” y sólo faltan “algunas modificaciones en base a planteos que hay de algunos diputados”.
La legisladora aseguró que la comisión que preside le ha dedicado “60% de todo este tiempo de trabajo” a esta iniciativa y que todos los partidos coinciden en que “sería una pena no poder avanzar” en la votación durante los próximos meses. “Es un proyecto que sale firmado por todos los partidos de la cámara y que después empieza a recibir algunos planteos por parte de las cámaras empresariales, que también fueron cambiando algunas posturas. Nos dejó muy contentos que la Cámara de Comercio planteara que Uruguay es un país que está en condiciones de innovar y de tener una buena ley de talles que sea una herramienta de desarrollo, y que como sectores empresariales estén de acuerdo en discutir y apoyar la iniciativa. Por lo tanto, entendemos que no debería demorar poder tener una pequeña redacción alternativa que nos permita tener la base de un proyecto de ley de talles para seguir avanzando”, avizoró Díaz.
Además, la comisión también tiene “el compromiso de avanzar en la canasta de prestaciones de artículos de gestión menstrual”. La referencia es a un proyecto que fue presentado en 2020 por la diputada colorada María Eugenia Roselló para la creación de una “canasta de higiene menstrual” dirigida a personas menstruantes beneficiarias de la Tarjeta Uruguay Social del Ministerio de Desarrollo Social, que estaba trancado desde entonces en la Comisión de Población y Desarrollo, y que a principios de diciembre pasó a Equidad y Género. Díaz dijo que hay interés en “trabajar en este proyecto y en aprobarlo este año”.
En paralelo, la cámara baja aprobó en octubre pasado un proyecto de resolución que pide al Poder Ejecutivo la exoneración de impuestos a las toallitas y los tampones. El futuro de esta iniciativa, sin embargo, depende de lo que resuelva el Poder Ejecutivo.
Consultada sobre otras propuestas que tiene la comisión entre manos pero que no han registrado avances desde 2021 –como, por ejemplo, una sobre violencia obstétrica, otra sobre violencia de género digital y otra referida a la igualdad salarial entre mujeres y varones–, la legisladora dijo que lo que sucede es que “ninguno de los proponentes ha planteado priorizarlos en la discusión”. Puso como ejemplo lo que ocurre con los dos proyectos referidos a violencia obstétrica y digital, que fueron propuestos por la diputada suplente del Partido Colorado Fátima Barruta. “Hasta ahora, lo que nos pasa es que no hemos tenido ni siquiera dentro del partido de la diputada la intención de avanzar en el tratamiento de estos proyectos, que son muy interesantes”, señaló Díaz, y agregó que “puede ser que ahora, en los primeros días de febrero o marzo, cuando nos volvamos a juntar, estos proyectos entren en la agenda”.
En paralelo
Hay otro montón de proyectos de ley que apuntan a proteger los derechos de mujeres, niñeces y adolescencias, pero que por distintas razones no se discuten en las comisiones de género. Dos de ellos, en particular, han estado en el debate público pero se encuentran paralizados desde hace un tiempo.
Uno es el de la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes, que está “trancado” en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado desde que el Frente Amplio lo presentó en 2020, señaló Nane. El otro es el que busca modificar la ley de trabajo sexual, estancado en la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Representantes desde 2021, aunque sus impulsoras aseguraron el mes pasado que están en campaña para hacerlo “reflotar”.