Las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) presentaron datos, avances y desafíos de la estrategia de “Notificación y análisis de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo”, a tres años de su implementación. La información difundida revela que, en el marco de este sistema, entre mayo de 2021 y abril de 2024 fueron atendidas 190 niñas embarazadas.
De ese total, la gran mayoría tenía 14 años en el momento de la detección (68%), en tanto 25% tenía 13 años, 7% tenía 12 y una de ellas había cumplido los 11. Se trata de niñas que mayormente concurrían a un centro educativo (82%) y que en muchos casos estaban bajo el amparo de alguna institución del Estado (26%).
Otro dato que surge de la sistematización es que 48% de ellas tiene antecedentes de violencias y 39% está en algún proceso judicial por distintas causas no excluyentes: la mayor parte por violencia sexual (44%) –algo que no es casual–, seguida por violencia doméstica (27%), búsqueda de protección (22%) y explotación sexual (8%).
De hecho, según el reporte de ASSE, 39% de los embarazos infantiles registrados en estos tres años fueron producto de abuso sexual y en 22% de los casos no se puede descartar que haya habido violencia, lo que aumenta la proporción a 61%. En el resto de las situaciones (39%), los equipos registraron embarazos que se produjeron en el marco de una “relación no abusiva entre pares”.
En cuanto a los antecedentes en salud de estas niñas, se sabe que 36% tenía alguna patología orgánica, 31% algún padecimiento a nivel de la salud mental, 10% ha tenido intentos de autoeliminación y 11% tenía uso problemático de sustancias.
Respecto de las características de los progenitores varones, el organismo relevó que 26% tiene entre 20 y 70 años, mientras que 20% de ellos conviven con las niñas. Esto demuestra que “es una violencia crónica, estructural, que vive con las niñas y que genera este tipo de embarazos”, apuntó Mónica Gorgoroso, referente técnica de salud sexual y reproductiva de ASSE y una de las encargadas de presentar los datos.
La jerarca especificó además que la enorme mayoría de las niñas llega a los centros de salud “tempranamente”, cuando están cursando el primer trimestre del embarazo, antes de las 12 semanas (66%) o entre la 13 y la 14 (9%). Esto quiere decir que los equipos las atienden, en general, en un período en el que la legislación uruguaya “consagra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”, permitido hasta las 12 semanas y hasta las 14 en casos de violación.
Sin embargo, sólo 29% de estos embarazos finaliza en un aborto. El restante 71% “continúa este embarazo producto de abuso que se transforma en una maternidad forzada, que es naturalizada en los barrios, en la familia, en la escuela, en el sistema de salud y por todas las políticas sociales que pretendían protegerlas, de las cuales formamos parte como institución de salud”, afirmó Gorgoroso.
Los datos revelan que estas 190 niñas menores de 15 años embarazadas fueron atendidas en todos los departamentos del país, con excepción de Durazno. Los departamentos con más situaciones detectadas son Montevideo (50), Salto (23), Canelones (15), Artigas (13) y Rivera (12).
Riesgos para las niñas y para los recién nacidos
La referente de ASSE aseguró que nueve de cada diez niñas cuyas gestaciones continúan tienen complicaciones durante el embarazo. A su vez, 17% presenta dificultades durante el parto, la cesárea o el puerperio. En tanto, 15% de los recién nacidos son prematuros y 7% presentan bajo peso al nacer.
“Es decir que esa niña, que tiene 13 años, que atravesó toda esa violencia, además va a tener un niño con dificultades”, planteó Gorgoroso, y agregó el dato de que 40% de ellas va a tener una cesárea, “con lo cual su futuro reproductivo también se verá afectado a los 12, 13 o 14 años por un embarazo producto de abuso”.
Por otra parte, el reporte señala que dos de cada diez niñas que interrumpen su embarazo presentan complicaciones posteriores al aborto.
“¿Esto es mucho o es poco? Esto es gravísimo. Porque la mayoría son niñas saludables –por lo menos desde el punto de vista biológico– que van a enfrentar complicaciones, y complicaciones graves”, destacó la referente de ASSE. Aportó otros datos que refleja la evidencia, como que estas niñas “van a tener mucho más riesgo de anemia”, “más amenaza de un parto pretérmino” y “muchos más cuadros graves como la preeclampsia o la diabetes gestacional”. “Es decir, les van a pasar cosas a estas niñas; este embarazo no es igual al de una mujer adulta”, sentenció.
Gorgoroso aseguró que uno de los principales desafíos actuales tiene que ver con la necesidad de “rediscutir sobre el embarazo infantil en Uruguay”, porque “todavía, a nivel sistémico institucional del Estado, no hay una conceptualización adecuada a las situaciones”. También consideró que hay “muchísimo para mejorar” a nivel de la articulación entre las instituciones de salud y que hace falta “posicionar el tema en la agenda pública”.
“Tenemos que comprometernos a movilizar esa naturalización y esa tolerancia social hacia los embarazos tempranos y las maternidades forzadas”, apuntó la referente, “porque estas niñas están en nuestros barrios y lo estamos naturalizando”.
Galardonada
Unas 48 horas antes de la presentación de los datos, la estrategia de “Notificación y análisis de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo” fue reconocida con el Premio Ministerio de Salud Pública, que otorga la Academia Nacional de Medicina a las iniciativas que “hagan un aporte de significación” al conocimiento en cuestiones de salud pública.