Este martes se aprobó en la Comisión de Género de la Cámara de Diputados una nueva versión del proyecto de Ley de Talles, que al igual que el que fue aprobado en junio de 2023 por la misma comisión, mantiene en su redacción el espíritu de “promover e incentivar que la industria de la vestimenta y calzado, en general, cuenten con prendas o artículos que abarquen la mayor franja posible de talles” respecto a la morfología de los habitantes del país.
En esta línea, la iniciativa legislativa, a la que accedió la diaria, comprende a quienes comercialicen, distribuyan, importen o alquilen prendas de vestir y calzado, con la excepción, en este caso, de los comercios de venta de ropa usada, los saldos de temporada o por cierre de comercios, o también aquellos establecimientos que se dediquen a la “vestimenta de alta costura y prendas a medida”.
Para cumplir con el objetivo, al igual que la anterior versión, se establece la realización en todo el territorio nacional de un “estudio antropométrico de la población”, cada diez años, para mantener actualizada la información sobre morfología de los uruguayos y uruguayas. En este sentido, el proyecto propone mecanismos para generar “estímulos” que permitan “cubrir la oferta de vestimenta” según las características relevadas.
Concretamente, se apunta a que “podrán gozar de exoneraciones tributarias”, dispuestas por el Poder Ejecutivo, aquellos comercios que vendan el rango de talles que “correspondan a las características antropométricas de la población”, y respeten, a su vez, los parámetros de precios surgidos de la relación costo-venta.
Sumado a estos beneficios, el proyecto plantea la posibilidad de “brindar publicidad en medios oficiales y cualquier otro tipo de promoción” a los comercios que cumplan con la venta amplia de talles, facilitando el acceso de la población a sus productos.
Quedaron por fuera de esta nueva propuesta legislativa las sanciones y las multas para los comercios que no cumplan con la multiplicidad de talles que emerge de las características morfológicas de la población. Asimismo, se deja de lado la prohibición de etiquetar la ropa como “talle único”.
Crear un ámbito de diálogo sobre el tema
Se propone también la creación de la “Comisión Honoraria Asesora en Defensa y Promoción del Derecho a la Vestimenta”, la cual se espera que esté integrada por un representante del Ministerio de Economía y Finanzas, que ejercerá en el rol de presidente, así como también un integrante de los ministerios de Industria, Desarrollo Social y Trabajo.
Además, se establece la participación de un representante del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), delegados de las principales gremiales empresariales vinculadas y “representantes de organizaciones no gubernamentales cuya finalidad sea la promoción y defensa del derecho a la vestimenta”, así como también aquellos que integren “organizaciones de la sociedad civil” o sean “representantes de organizaciones sindicales”.
Se espera que la mencionada comisión impulse “acciones coordinadas por parte de los sectores de actividad y organismos con competencia en la materia”, para promover, entre otras cosas, “el desarrollo e implementación de programas educativos y de concientización sobre el derecho a la vestimenta, el trato digno y la diversidad de talles”.
Otra de las iniciativas es la creación de comisiones temáticas, donde se podrán integrar entidades públicas o privadas, al igual que especialistas o referentes en las temáticas a tratar. Se espera, además, que pueda celebrar convenios con instituciones públicas y privadas, como también “disponer y administrar los fondos provenientes de asignaciones presupuestales, donaciones y convenios con organismos regionales e internacionales”.