El Centro de Derechos Reproductivos y el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras denunciaron este miércoles al Estado hondureño ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la prohibición absoluta del aborto vigente en el país. En concreto, presentaron el caso de Fausia, una mujer indígena y defensora de derechos humanos del pueblo nahua que fue violada “como represalia por su trabajo en defensa del territorio”, quedó embarazada como producto de ese abuso, y “tuvo que enfrentar una maternidad forzada” debido a la normativa de Honduras, que prohíbe y penaliza el aborto sin excepciones, incluso en casos de violación o riesgo de vida de la mujer gestante. Esta prohibición fue reforzada con una reforma constitucional aprobada en 2021.
Las organizaciones especificaron que, en el momento de los hechos, la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), que le habría evitado a Fausia un embarazo, estaba prohibida en Honduras. De hecho, este método recién volvió a ser legal el año pasado en el país centroamericano.
“Ella no quería continuar con el embarazo. Cuando fue al hospital, en lugar de recibir atención integral, el personal médico la intimidó y amenazó con denunciarla si abortaba, porque en Honduras ese servicio de salud está totalmente prohibido. Como consecuencia, Fausia tuvo que asumir una maternidad forzada”, alegan las organizaciones en un comunicado conjunto publicado horas después de presentar la demanda.
Lo que buscan con este caso es que la ONU ordene al Estado hondureño a que “garantice el acceso al aborto en condiciones seguras, restituya derechos fundamentales violados con la reforma constitucional en relación al aborto y ponga fin a la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo”, “para que la historia de Fausia no se repita”. Además, insisten en la necesidad de que “brinde garantías de acceso a la PAE, en especial para las sobrevivientes de violencia sexual; que tome medidas para proteger el secreto profesional médico e implemente protocolos que eviten que los estereotipos de género afecten a las sobrevivientes de violencia sexual que buscan atención ante el sistema de salud o el judicial”.
“La penalización absoluta del aborto y su prohibición en la Constitución no evita que ocurran abortos pero sí orilla a las mujeres a hacerlos en la clandestinidad y en condiciones inseguras”, señaló Regina Fonseca, integrante del Centro de Derechos de Mujeres, quien a su vez aseguró que la agrupación también ha documentado “casos de suicidios de mujeres que no encuentran otra salida frente a un embarazo no deseado; o como ocurrió con Fausia, un enorme daño psíquico y físico debido a una maternidad forzada”.
Hoy en día, Honduras es uno de los cinco países de América Latina y el Caribe donde la interrupción voluntaria del embarazo está totalmente prohibida, una lista que completan El Salvador, Nicaragua, Haití y República Dominicana. Según datos de la Secretaría de Salud de Honduras (2022), cada día en el país tres niñas menores de 14 años son forzadas a mantener embarazos producto de violaciones.
La demanda presentada este miércoles representa la primera vez que Honduras es llevado ante la ONU por su legislación restrictiva sobre el aborto.
Atención: Honduras es llevado por primera vez ante la ONU debido a la criminalización absoluta del aborto. Pedimos justicia en el caso de una mujer indígena que sobrevivió a violencia sexual y enfrentó una maternidad forzada.
— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) April 10, 2024
Comunicado en: https://t.co/43NenFJcdC pic.twitter.com/Dq7cgDQ0tR