El proyecto que envió al Parlamento el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para introducir modificaciones a la Ley 19.580 de violencia basada en género sigue acumulando rechazos por parte de organizaciones de la sociedad civil.
El más reciente es el de la Red Pro Cuidados, que en una declaración difundida este martes aseguró que la propuesta “no brinda respuestas para el fortalecimiento de la herramienta –como plantea la exposición de motivos–, sino que fragiliza la defensa de las familias con mayores vulnerabilidades donde crece la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes, y favorece a quienes ejercen abusos desde la impunidad del poder”.
La plataforma, que nuclea a una treintena de colectivos, señaló entre los cambios más perjudiciales la eliminación tanto de la “obligación de juzgar las situaciones de violencia a la luz de las convenciones ratificadas por el país”, como del “principio de reparación a la que nos obligan estos instrumentos sobre cuyo cumplimiento rendimos exámenes periódicos”.
Además, las organizaciones agrupadas aseguraron que en el proyecto “se reitera la desconfianza en la versión de las víctimas, sean madres adultas o niños y niñas, en una forma de defensa de los abusadores sexuales que nos llena de vergüenza e indignación, porque se sigue la corriente abusadora de permitir utilizar el famoso e inexistente síndrome de alienación parental que ha sido la corriente en la que se excusan algunas agrupaciones de varones acusados de abuso o violencia, fragilizando la protección obligatoria que nuestro sistema de justicia debe garantizar”.
La Red Pro Cuidados cuestionó también que la propuesta se haya enviado al Parlamento “en ocasión de la presentación de una denuncia falsa confesada por las propias denunciantes”, un “caso de trascendencia mediática e impacto en el proceso en curso para la causa que involucra a Penadés”.
En ese sentido, recordó que el Poder Judicial “ha enviado un informe al Parlamento en el que responde que no tienen registro de denuncias falsas”. “Lo que sí está constatado es que el número de denuncias por violencia en nuestro país es de alrededor de 120 por día. Debido a la falta de registros de seguimiento, no es posible hacer el trazado hasta el final de cada proceso, impidiendo certificar cuáles se saldan con sentencias, permanecen en consideración años o resultan archivadas”, agregaron las organizaciones, que también apuntaron que “el propio Parlamento, cuyas mayorías responden a la actual administración, no ha proporcionado recursos para una gestión eficiente de la ley cuestionada”.
Por otra parte, reprocharon que la iniciativa se haya redactado “prescindiendo del asesoramiento oportuno del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo especializado en los temas relativos a las desigualdades de género”.
“Los ataques permanentes frente a políticas y normativas que compensan las situaciones de desigualdad atentan contra la igualdad ante la ley que se consagra en la Constitución. Por esta razón la Suprema Corte de Justicia ha desestimado sistemáticamente recursos de inconstitucionalidad que se vienen presentando desde la aprobación de la primera ley de creación de la materia de urgencia de la violencia doméstica en 2002”, destaca el comunicado, y agrega que “el cambio de paradigma que incorpora la protección especial de las víctimas que tienen menor posibilidad de defenderse –mujeres de menores ingresos y los niños, niñas y adolescentes que integran esas familias– molesta a las formas de dominación ejercidas tradicionalmente por la masculinidad hegemónica, acostumbrada a salir impune de prácticas deleznables”.