El caso de la adolescente de 16 años que estaba bajo supervisión del Instituto del Niño y Adolescente (INAU) en Rivera, quedó embarazada en un contexto de explotación sexual y falleció después de que le realizaran una cesárea de emergencia desató alarmas sociales y generó reacciones políticas, incluida una interpelación parlamentaria y una resolución inédita por parte de la Suprema Corte de Justicia. Pero, sobre todo, dejó a la vista múltiples omisiones institucionales y la realidad de un sistema que está fallando a la hora de proteger a las niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de vulneración de derechos.
No es la primera vez que una adolescente vinculada al INAU es víctima de explotación sexual. Todo indica que tampoco será la última.
De hecho, después de que se conoció sobre la muerte de la adolescente, trascendió que en el mismo centro del INAU donde ella había estado institucionalizada había –al menos– otras cinco chiquilinas víctimas de explotación sexual, entre ellas una niña de 12 años, que también quedó embarazada y logró abortar, según informó la semana pasada Telenoche.
Hay otros casos similares que fueron conocidos gracias a la prensa, a denuncias de la sociedad civil o a los reclamos de familiares. Uno es el de Rocío Duche, la adolescente de 14 años que fue asesinada en junio de 2018 en Treinta y Tres. Ella había ingresado en el sistema de protección de 24 horas del INAU 15 meses antes de que su cuerpo fuera encontrado en una cuneta, pero un mes antes, y a pesar de las recomendaciones del equipo técnico de la institución, había sido devuelta a su familia.
El femicidio de Rocío destapó una red de explotación sexual que operaba en Treinta y Tres y que incluía a una veintena de adolescentes que estaban bajo el amparo del INAU. Una de ellas era Milagros Piedra, de 14 años, que murió en diciembre de 2020 a raíz de una septicemia causada por una interrupción voluntaria del embarazo en el hospital departamental. Los cabos se ataron unos meses más tarde, cuando el nombre de Milagros apareció en una investigación que el propio INAU presentó a la Fiscalía de Treinta y Tres, y que denunciaba distintas “situaciones de explotación sexual comercial, trata y venta de sustancias psicoactivas”, como reveló en su momento la diaria.
Las situaciones de explotación que terminan en la muerte son las más extremas. En la mayoría de los casos, las adolescentes salen de los hogares, se ausentan durante días o meses sin que nadie sepa sobre su paradero, son reportadas como desaparecidas, y después, cuando finalmente son localizadas, se detecta que fueron víctimas de explotación sexual.
Los datos oficiales ratifican que estos no son casos excepcionales: de 346 niñas, niños y adolescentes que fueron identificados como víctimas de explotación sexual en 2023 por parte del Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees), 36% estaba a cargo del INAU.
Los delitos suelen ocurrir durante las llamadas “salidas no acordadas”. La adolescente de Rivera tenía registradas 17 y se presume que fue explotada en ese marco. Cuando le preguntaron por este tema al director departamental del INAU, Enrique Guadalupe, sugirió que “no se puede obligar a las gurisas a volver” una vez que se van, porque así lo dispone el Código de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, lo que establece el texto en su artículo 120-8 es que la internación en régimen de 24 horas “no podrá implicar en ningún caso privación de libertad”. Tiene que haber alguna respuesta intermedia entre el encierro, que nunca es la solución, y dejar la puerta abierta a salidas que sistemáticamente exponen a esas infancias y adolescencias a situaciones de violencia.
Según especialistas y funcionarios consultados por la diaria, este es sólo uno de los problemas que debería atender el INAU, en una lista de fallas y carencias que también involucra al resto de los actores institucionales que tienen como mandato proteger, atender y reparar a las niñas, niños y adolescentes que atraviesan situaciones de explotación sexual.
El panorama en los hogares del INAU
Uno de los principales problemas es que hoy en día los hogares no cuentan con equipos especializados en explotación sexual, un perpetuo “debe de la política pública”, señaló a la diaria Fabiana Condon, psicóloga especializada en derechos de las infancias e integrante de El Paso, una de las pocas organizaciones civiles que trabaja en el abordaje de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en Uruguay.
“No hay equipos que tengan psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales y abogados que estén destinados a trabajar, en el encuentro con los gurises, la dimensión de la protección, de la denuncia para las medidas de protección en la Justicia y de la denuncia penal para la persecución de los delitos”, aseguró, en referencia a “respuestas diurnas de acompañamiento”. Tampoco existen servicios especializados de 24 horas para niñas, niños y adolescentes que “están en situación de alto riesgo en sus familias o comunidades y necesitan estar bajo el amparo de una institución”.
Para la especialista, más allá de esto, hay “cosas mínimas que son necesarias y que ningún hogar está teniendo hoy en día”, como “equipos suficientes con formación específica en violencia sexual, con una atención en salud mental que puedan sostener, con medidas de seguridad para la protección de las chiquilinas y con la cantidad de recursos humanos suficientes para que puedan acompañar los procesos de extremo sufrimiento con el que llegan”.
Condon aclaró que hay muchas personas “formadas o no formadas” que están “tremendamente comprometidas con el laburo que realizan”, pero dijo que “el problema es la omisión crónica del Estado de no brindar los recursos necesarios para que aparezca la respuesta que los gurises necesitan”. “Con buenas voluntades no se sostiene nada y, con acciones de autoridades que ocultan, mienten o justifican la violencia o la omisión institucional, todo esto se convierte en un panorama de espanto para todos los chiquilines”, sentenció la integrante de El Paso.
Respecto de las salidas no acordadas, Condon coincidió en que “de ninguna manera se puede pensar en promover una acción de privación de libertad”, y aseguró que la falla radica en que, ante las salidas, “sólo se hace la denuncia” cuando, en realidad, “lo que hay que hacer en primer lugar es ir a buscarlas”. “En los hechos, a la mayoría” de las adolescentes que registran salidas no acordadas “no las van a buscar”, apuntó.
A la hora de encarar esa búsqueda, INAU tiene que contemplar “la figura del acompañante terapéutico o, en general, de personal capacitado para hacer el acompañamiento en función del riesgo de cada caso”, detalló la psicóloga. Además, dijo que en situaciones donde el riesgo es alto y se requiere la intervención del Ministerio del Interior, su personal “tiene que estar formado para entender que está yendo a buscar a una víctima” y no alguien que cometió un delito.
Una vez que vuelven al hogar, los equipos del INAU tienen que estar preparados para “hacer una atención en salud” que entre otras cosas contemple los protocolos correspondientes en caso de que haya señales de violencia sexual, así como el abordaje a nivel de la salud mental.
El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores y Trabajadoras del INAU, Carlos Salaberry, consideró que no existe “una sola solución” para este problema pero que “lo básico es por lo menos generar condiciones edilicias agradables en los dispositivos de protección”. “El juez dispuso sacar a ese niño o adolescente de su ámbito original porque había una situación de vulneración; el INAU le tiene que ofrecer una situación de mejor calidad que la que tenía, no colocarlo en otro circuito de vulneración”, insistió, después de mencionar ejemplos de hacinamiento o de falta de camas.
Salaberry dijo que la situación ya complicada “se agrava a su vez” con los “problemas internos de gestión del propio directorio” del INAU, donde hoy están “todos tiroteados entre ellos”.
Medidas de urgencia ante la crisis
Frente a este escenario complejo, Condon deslizó algunas medidas que pueden adoptar las distintas instituciones del Estado para dar “respuestas mínimas de protección” a las niñas, niños y adolescentes víctimas de explotación sexual. Así, dijo que se necesita reforzar “en formación, en cantidad y en equipos especializados” toda la respuesta de protección de los centros 24 horas y esto “en todos los departamentos del país”.
En el ámbito de la salud también es urgente contar con equipos especializados “para detectar la violencia sexual, en especial los embarazos forzados, que constituyen un indicador específico de violencia sexual, y acompañar con equipos lo que tiene que ver con la reparación del daño en atención en salud mental”.
En materia de Justicia, resaltó que, “para la protección de las víctimas de violencia sexual, la persecución del delito es fundamental”, por lo que tienen que crearse más fiscalías especializadas en delitos sexuales, tanto en Montevideo como en el interior, donde no hay. Al mismo tiempo, es necesario que esas niñas, niños y adolescentes puedan contar con su propia defensa legal (y que no sea a través de su referente legal adulto).
Por otra parte, la psicóloga señaló la necesidad de “fortalecer las acciones de formación de los actores de la educación para que detecten adecuadamente” estas situaciones y que además “acompañen procesos sin excluir ni estigmatizar a chiquilines que muchas veces despliegan mucho daño”.
Otra de las grandes deudas del Estado es que hoy no ofrece respuestas para acompañar los procesos de autonomía de las y los adolescentes, una vez que egresan del INAU. “La gente que trabaja en los hogares tiene muy claro que cuando los gurises llegan a los 17 años empieza la angustia –y ahí es a veces cuando empiezan las salidas no acordadas– porque si no hay pasantías laborales, si no hay inclusión laboral, si no hay acompañamiento para la vivienda, si no es posible que tengan la construcción de un proyecto de autonomía porque están solas...”, cuestionó Condon. Recordó el caso de una adolescente que les dijo: “Si no me sale esta pasantía, me voy a tener que buscar un viejo porque yo necesito una casa donde vivir”. “¿Eso qué es? Es una situación de una pareja abusiva, un matrimonio forzado, y ¿quién forzó ese matrimonio? El abusador, que se está aprovechando de la gurisa, y el Estado, que al final, al no ofrecer respuestas, termina exponiendo a toda esta gurisada a situaciones tremendas”, advirtió.
Consultada por la diaria, la directora del INAU por el Frente Amplio, Natalia Argenzio, dijo que el organismo “tiene 350 millones de pesos disponibles hoy para poder proceder ya en la contratación de recursos humanos especializados” pero que “en el directorio no se votó”. Afirmó que el INAU también “tiene pronto” un convenio con El Paso y Gurises Unidos para la gestión de un servicio especializado en explotación sexual pero que “no comenzó a funcionar y está trancado por decisión del directorio oficialista”. También consideró que las propuestas que hizo en estos días el presidente, Guillermo Fossatti, “no atienden la emergencia y no le cambian la vida a nadie”.
Argenzio afirmó que “de esta situación de emergencia se sale trabajando el Estado en conjunto con la sociedad civil y la academia”, y aseguró que “hay situaciones que van de la mano de la necesidad de un incremento presupuestal”, pero hay otras que tienen que ver con “procesos de gestión para mejorar” en los que “tampoco se está trabajando”.
Pese a este panorama, Condon insistió en que “cuestionar la respuesta del Estado, exigir más recursos y seguir buscando ayuda” no implica desconfiar de las instituciones, porque, “aunque tiene muchísimas fallas”, esa desconfianza sólo lleva a que las infancias y adolescencias “estén cada vez peor y más solas”. Por eso llamó a “apostar a que hay personas que hacen las cosas bien, que quieren mejorar y que están dispuestas a hacer lo mejor que puedan con los recursos que hay hoy”.