Si bien en su programa de gobierno el Frente Amplio (FA) ya contemplaba propuestas para fortalecer la protección de las niñas, niños y adolescentes, una serie de casos recientes de violencia vicaria, infanticida y femicida aceleró los planes del oficialismo para concretar acciones frente a la problemática. Algo de esto se activó en particular tras el doble infanticidio vicario en Soriano, a principios de setiembre, que llevó al Poder Ejecutivo a convocar a una mesa de trabajo sobre violencia de género con la sociedad civil. Mientras algunas organizaciones reclaman que todavía no recibieron novedades sobre cómo se seguirá avanzando en ese ámbito, en el terreno legislativo se gestaron algunas iniciativas.
En este marco es que la bancada de diputadas y diputados del FA comenzó a analizar este martes un proyecto de ley que apunta a la “protección integral” de las infancias y adolescencias contra las violencias. Lo que busca es “tratar de reunir y articular lo que ya existe”, como la ley que creó el Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia o la ley de garantías para la primera infancia (aprobada en el período pasado y que todavía no se reglamentó), e introducir reformas que se adapten a la realidad actual, señaló a la diaria la diputada frenteamplista Inés Cortés, impulsora del proyecto.
Entre las novedades, la iniciativa plantea tipificar el filicidio –el asesinato de una hija o hijo a manos de su propio progenitor– como un agravante en el Código Penal y modificar la Ley 19.580 para incorporar las definiciones de violencia vicaria y violencia digital. A su vez, propone la creación de “mecanismos de protección” y “puntos de resguardo en los barrios” frente a la violencia comunitaria y territorial, “involucrando a las intendencias departamentales” para abordar este problema, explicó la legisladora.
Cortés reconoció que la propuesta de tipificar el filicidio y de introducir la violencia vicaria en la Ley 19.580 “un poco responde a estas situaciones agudas y dramáticas que se vivieron” en los últimos meses en nuestro país. Las acciones ante la violencia territorial también surgen en respuesta a la “naturalización que tenemos de gurises baleados”, dijo la diputada, y recordó que la Plataforma Infancias y Adolescencias registra un promedio de un niño o adolescente herido de bala cada seis días. En cambio, señaló que lo vinculado a la violencia digital es algo que el FA “venía discutiendo y ya hubo varias actividades y discusiones en el Parlamento” que motivaron “empezar a hablar” del tema, “porque las infancias están muy expuestas y también las mujeres, por eso modifica la Ley 19.580, que se crea en un momento en el que no estaba tan presente el uso de redes sociales”.
Las modificaciones a la ley de tenencia compartida
Por otra parte, el proyecto busca modificar los artículos 4 y 8 de la ley de corresponsabilidad en la crianza o de tenencia compartida, con el objetivo de volver a la redacción del Código de la Niñez y la Adolescencia (CNA) que regía antes de la aprobación de esta norma, en 2023. El artículo 4 es el que habilita al juez a mantener el régimen de tenencia compartida y las visitas aun cuando existan medidas cautelares contra un progenitor. El 8, en tanto, establece sanciones para el progenitor que incumpla de manera injustificada el régimen de visitas y habilita a la otra parte a acudir al juez, que puede ordenar la comparecencia inmediata de la persona incumplidora y, en caso de que entienda “inmotivada la resistencia”, podrá obligar a “la entrega” del niño “a la parte que lo reclama”.
Además, el proyecto propone derogar el artículo 15 de la ley, que es el que crea un agravante para quienes hagan denuncias falsas contra una persona con la que tienen hijos en común, una medida que entienden innecesaria en tanto el falso testimonio y la simulación son delitos que ya están tipificados en el Código Penal.
En la normativa uruguaya “ya existía la tenencia compartida y la ley no incorpora ninguna figura nueva, sino que lo que viene a instalar es el discurso de que hay denuncias falsas y de que las madres no dejan ver a los hijos, y esto es lo más peligroso de la ley”, remarcó Cortés. “Creemos que se legisló en base a casos concretos y anécdotas, con mucho lobby, y eso habilitó todo el discurso de que las mujeres están de vivas, de que van y denuncian falsamente y no pasa nada. No digo que generaron todas las situaciones de violencia que vemos, pero sí que los discursos habilitan algunas prácticas”, enfatizó la diputada.
En estos días, algunas legisladoras prevén realizar un pedido de informes a la Suprema Corte de Justicia “para ver si efectivamente se dieron más situaciones de tenencia compartida a partir de la promulgación de la ley, porque tendemos a pensar que no”, adelantó Cortés, y aclaró que la iniciativa fue de una diputada de la oposición que ya le transmitió que está “afín” a respaldar el proyecto.
A partir de este martes, la bancada del FA tiene 15 días para emitir opiniones sobre el texto propuesto y, una vez pasado ese período, tomaría estado parlamentario. Para Cortés, lo más probable es que ingrese a estudio de la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja, principalmente porque supone modificar el CNA. Consultada sobre las expectativas de que la iniciativa sea eventualmente aprobada, se mostró optimista: “En general, es muy difícil oponerse a una ley de protección a las infancias”.