Mujeres mapuche denuncian criminalización contra sus comunidades por incendios en la Patagonia argentina

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El verano de 2025 no sólo será recordado en la Patagonia argentina por los impresionantes incendios que arrasaron con más de 50.000 hectáreas y ocasionaron desastres en toda la región, sino también por el nuevo ensañamiento contra el pueblo mapuche por parte del gobierno de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén, en consonancia con el Poder Judicial, los grandes grupos económicos y el gobierno nacional.

De manera violenta y represiva se produjo una serie de allanamientos en varias casas y comunidades, mientras los focos de incendios seguían avanzando en distintas zonas sin el suficiente control del Estado por el desmantelamiento del área ambiental que viene ejecutando el gobierno del presidente Javier Milei.

Estos allanamientos, que además contaron con operativos policiales desmedidos, incluyeron detenciones arbitrarias, golpes a mujeres y ancianos, incautación de libros, computadoras y celulares y destrozos en una radio comunitaria. La orden fue dada por el juez Jorge Criado –conocido en Argentina por sus actos racistas contra los pueblos originarios y sus dichos machistas contra mujeres– y avalada por el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien responsabilizó a las comunidades por los incendios, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en 2017 estuvo a cargo del operativo que derivó en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y del joven mapuche Rafael Nahuel.

“Lo que está haciendo el gobierno es terrorismo de Estado: todo el mundo sabe el valor económico que tienen las tierras que hoy se están prendiendo fuego. Vuelven a criminalizar al pueblo mapuche para entregar los territorios a las empresas extractivistas”, denuncia en diálogo con la diaria Gladys Millañes, mapuche de 73 años de la lof Cañio, en la localidad El Maitén. Junto con su marido Virginio Cañio, de 83 años, y sus dos hijas, fueron una de las familias allanadas.

Donde hubo fuego, negocios quedan

Es un día soleado y bastante caluroso, de esos que no abundan en el sur de Argentina. Para poder llegar a la Lof Cañio hay que hacer unos kilómetros desde el centro de El Maitén y subir por un cerro rodeado de montañas, animales y valles verdes. Al llegar a una tranquera de hierro, hay un cartel de madera escrito a mano que dice: “Bienvenidos a la comu cañio”. Marilyn se acerca para indicar el recorrido hasta su casa y, una vez allí, sus padres, Gladys y Virginio, dan la bienvenida. Para la familia Cañio es un día especial, es el cumpleaños de Gladys. Pero la mezcla de amargura y temor por lo ocurrido sigue demasiado latente y no permite que la familia pueda disfrutar del todo el día.

Gladys empieza a relatar los detalles del allanamiento: “Una vecina los vio llegar y se vino para acá corriendo. Cuando escuchó que venían a nuestra casa y que tenían intención de entrar, les empezó a preguntar cuál era el motivo. Uno de ellos levantó un papel que traía en la mano y le dijo que tenían una orden de allanamiento. Yo estaba sentada acá mismo y, cuando escuché eso, me levanté de golpe. Sentí que se me oscurecía la vista. Ellos tenían unas armas inmensas y andaban todos con la cara tapada. Y después dicen que los mapuche somos terroristas. Mi marido estaba acostado y lo sacaron a los empujones, le apuntaron con un arma en la cintura y lo trajeron hasta el comedor. Empezaron a revolver todo, decían que buscaban bombas molotov y que nosotros habíamos salido a prender el fuego. Se quedaron como cinco horas y no nos dejaban levantarnos ni siquiera para ir al baño. Cuando se fueron, se llevaron todos los celulares, la computadora y los handis que los vecinos habían dejado acá para que podamos comunicarnos en caso de incendio”.

Marilyn agrega que, desde hace ya un tiempo, el ensañamiento del Estado y los gobiernos provinciales hacia las comunidades mapuche es particularmente contra las mujeres: “Acá a la que más maltrataron fue a mi mamá. Y, en los relatos que escuché de otra lof [comunidad], el ataque también fue más que nada contra otra mujer anciana. Además, ellos están persiguiendo a una mujer medicina, una machi, como nosotros la nombramos. Supuestamente esa machi atendió a otra persona, que justamente es otra mujer mapuche que encontraron hace unos días y que la tienen en prisión domiciliaria en Esquel, porque la acusan de haber causado los incendios. Pero son todo inventos de ellos; lo que están buscando en realidad con todo esto es criminalizarnos”.

Consultada sobre por qué considera que ahora la persecución es más hacia las mujeres, respondió: “Las ancianas y las mujeres medicinas son un pilar muy fuerte para nuestro pueblo. Las machis no solamente nos curan a nosotros, sino a cualquier persona, sea o no mapuche. Y, en el fondo, eso es lo que les molesta. Porque más allá de la mentira que hacen con la RAM [la organización Resistencia Ancestral Mapuche], la supuesta red internacional que en realidad les sirve como excusa para perseguirnos, lo que ellos quieren son los territorios. No quieren que sigamos recuperando nuestra autonomía, nuestra cultura, nuestra cosmovisión. Por eso se meten con nuestra espiritualidad. Están queriendo terminar con el trabajo que les quedó pendiente de la campaña del desierto”.

Una historia que se repite

Otra de las casas allanadas es la de Angélica Quilquitripay y Jorge Millán, en el paraje Buenos Aires Chico, también en Maitén. Angélica y Jorge tienen ascendencia mapuche y forman parte de la radio Petu Mogeleiñ.

Angélica, que además es enfermera en el hospital Subzonal, cuenta que el 11 de febrero por la mañana llegó a su trabajo como todos los días, pero a diferencia de otras veces se encontró con un policía que estaba custodiando en la esquina. Cuando entró al hospital, una compañera se acercó y le preguntó si sabía por qué en la radio del pueblo estaba lleno de policías. Preocupada, Angélica llamó a Jorge varias veces, pero él no atendió. Luego llamó a su hijo, pero como tampoco atendió, decidió irse del trabajo y volver a su casa lo antes posible. Cuando llegó, se encontró con varias motos, autos y camionetas estacionados en la puerta, y con muchos policías adentro.

Angélica va haciendo pequeñas pausas mientras relata lo ocurrido. Su voz es delicada, armoniosa, pero por momentos también suena bastante afectada. De repente, la mujer hace un silencio y no puede evitar que los ojos se le llenen de lágrimas. No es cuando cuenta que estuvieron hostigando a ella y a su familia, encerrados en su propia casa durante más de cuatro horas, y acusados, al igual que la familia Cañio, de haber iniciado un incendio. Tampoco cuando sintió muchísimo miedo de que la llevaran detenida y la aislaran días enteros en una comisaría. Fue cuando empezó a contar cómo, a través de los años, la historia de su familia se repite: “Después del allanamiento, mi hijo tuvo que ir a buscar un cargador de celular a lo de un amigo, porque hasta eso se habían llevado. Y cuando volvió, me contó que su amigo en ningún momento lo quiso mirar a los ojos. Eso me llenó de angustia, y automáticamente se me vino una imagen: lo vi a mi papá. Porque en la computadora que se llevaron los policías yo tenía nuestro último video juntos. Mi papá era mapuche, y en ese video me contaba cómo había sido el día en que su familia y él, con apenas seis años, fueron despojados de sus tierras”.

Aún estamos vivos

Hace unos años hubo un intento de armar una pista de esquí y un hotel sobre varias tierras pertenecientes a comunidades mapuche. De esa lucha nació el vínculo entre la lof Cañio y la radio Petu Mogeleiñ –en mapudungun significa “aún estamos vivos”–, que estaba en Maitén desde hacía varios años.

La Petu, conformada por Jorge Millán, Mirta Ancalao, Federico Grosa, Mónica Freixa y Aymará Barés, ya lleva 11 años de existencia, y además de informar noticias sobre la comarca y toda la región, siempre está presente en los constantes conflictos territoriales y ambientales de la zona.

Las y los integrantes de la radio cuentan a la diaria que allí el allanamiento se produjo en simultáneo al de la casa de Angélica, con la diferencia de que en la radio no había nadie porque estaba cerrada. La Policía forzó las puertas hasta romperlas, destrozó y dio vuelta todo lo que había en el lugar, y se llevó las computadoras que usaban para salir al aire y el disco externo con todo el material de la radio.

“Nos destrozaron todo, no dejaron nada. Y tuvimos miedo de que en todo ese avasallamiento que hicieron también pudieran haber metido cualquier cosa en la radio para culpabilizarnos, porque lamentablemente esa es la forma de manejarse que tiene este gobierno”, explica Mónica.

Aymara advierte que le resulta extraño los lugares en donde se están produciendo la mayoría de los incendios: “Por un lado, es llamativo que se originen en zonas rurales, donde la población tiene un estilo de vida muy diferente a otros, porque apelan a la agroecología, al autosustento, y promueven esa forma de vivir, como es el caso de Mallín Ahogado, en Río Negro. Y por el otro, también resulta extraño que se esté dando en lugares en donde muchas veces las personas adquieren el terreno, pero, por distintos motivos, las condiciones de las escrituras no terminan de estar listas, como es el caso de La Rinconada, en Epuyén. Todas esas cuestiones despiertan un manto de sospecha sobre las verdaderas causas que podrían estar originando los incendios”.

Para Jorge, el gobierno está haciendo lo que no pudo hacer en 2017, cuando fue la desaparición de Santiago Maldonado: “Aquella vez no pudieron demostrar que existía esa organización terrorista y armada de la que tanto hablaban. Por eso ahora vuelven con lo mismo: quieren instalar al pueblo mapuche como enemigo interno para poder hacer negocios ilegales con las tierras y, al mismo tiempo, frenar las acciones que venimos realizando toda la población consciente y solidaria con causas ambientales, y articulando con diferentes luchas y organizaciones, incluso para apagar los incendios que están azotando los bosques y las casas”.

Antes de terminar la conversación, las y los integrantes de la radio comparten un comunicado en el que detallan los hechos sucedidos y denuncian que “el territorio de la comarca se encuentra militarizado por fuerzas de seguridad nacional, y dado el despliegue de poderes que criminalizan la protesta social y el Estado racista que inculpa sin fundamento, no contamos con ninguna garantía de que el Estado de derecho siga en funcionamiento”.

Violencia es mentir

Además de los allanamientos relatados, hasta el día de hoy se produjeron tres allanamientos más: en la lof Catriman Colihueque (Laguna El Martillo), en la lof Nahuelpan (Esquel) y en la lof Pillan Mahuiza (Corcovado). Y se realizaron más hechos violentos en domicilios particulares. A la vez, Victoria Núñez Fernández, la mujer mapuche perseguida, continúa en prisión domiciliaria desde el 12 de febrero.

Todos esos acontecimientos también se llevaron a cabo de manera irregular, con poca o nula claridad legal, y con un nivel de violencia y maltrato hacia los pueblos originarios que, aunque no sorprende, sí genera indignación por la gran impunidad con que la que se realizaron y las pocas consecuencias que seguramente tendrán al haber sido públicamente autorizados por los gobiernos provinciales y el Estado nacional.

Sin embargo, en medio de tanta oscuridad, una vez más una luz de esperanza se enciende en la respuesta popular, que supo enfrentar los incendios de manera comunitaria y organizada. Y que, poco a poco, pareciera estar aprendiendo a leer las mentiras y los discursos y actos de odio de este gobierno, y del Poder Judicial racista y patriarcal, que sin duda no son más que una cortina de humo utilizada para ocultar sus verdaderos intereses y motivaciones.