En 2024, Ana Laura –nombre ficticio utilizado para preservar su identidad– encontró mensajes sexuales con distintas personas en el celular de su pareja. Tomó la decisión de revisarlo tras notar actitudes que le resultaron extrañas: en reiteradas ocasiones lo había visto crear y eliminar perfiles en redes sociales con la excusa de que un virus atacaba su teléfono. Aunque en ese momento no lo sabía, ahora recuerda que desde allí había abierto “una caja de Pandora”.
“Me hizo ruido el tenor de las conversaciones y cómo respondían las otras personas. Y, claro, respondían como niñas. Pero todavía no me había caído la ficha”, confiesa. La ficha cayó días después cuando, explorando Tiktok en el celular de su hija, que entonces tenía 11 años, notó que la aplicación incluía una bandeja de mensajes directos. “Se ve que en el fondo yo buscaba algo”, cuenta. Al ojear los mensajes antiguos, reconoció en un chat el mismo ícono de perfil con el que el hombre, en ese momento su pareja, intercambiaba mensajes sexuales. Fue así que una pieza encastró con la otra.
En noviembre de 2023, el usuario @lucho6983, que se presentaba como un varón menor de edad, le escribió a su hija con el fin de atentar contra su integridad sexual. “La conversación consistía en dos o tres ‘¿cómo te llamás?’, ‘¿qué hacés?’, y enseguida pedía fotos íntimas”, recuerda Ana Laura. También le pedía que no le contara a sus padres, que borrara los mensajes y que todo quedara como un secreto entre ambos. Incluso sugería armar un grupo con amigas de la niña, a quienes también había contactado. La conversación sucedió a las 17.00, mientras su hija miraba televisión en el living de su casa.
El 14 de febrero de 2024, Ana Laura radicó la denuncia ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de su localidad. Según la investigación fiscal que se abrió, su expareja estableció contacto por Instagram, Tiktok y Whatsapp con al menos 14 niñas de entre 8 y 13 años, de diversas localidades e incluso de otros países. Se presentaba como un niño, ligeramente mayor que ellas, e intentaba ganarse su confianza para acosarlas sexualmente. En algunos casos llegó a enviarles pornografía e imágenes de sus genitales, a hacer videollamadas en las que se exhibía desnudo y a incitarlas a mantener contacto sexual en persona o en línea a cambio de retribuciones.
Este tipo de conducta se conoce como grooming, una modalidad de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes sin contacto físico en la que una persona adulta se acerca a menores de edad para obtener, comercializar o distribuir material sexual, o concretar encuentros en el mundo físico.
La plaza digital
“Un niño se emancipa digitalmente cuando recibe su primer celular: tal vez aún no puede cruzar solo la calle, pero carga con una responsabilidad enorme”, plantea Hernán Navarro, director de la red Grooming Latam. Para el especialista, esto “evidencia la mirada sesgada del mundo adulto, que asume que si el niño está en casa y no en la calle, está seguro”. Aunque “muchas personas creen que lo que ocurre en internet no es la realidad, la pedofilia, por ejemplo, encuentra en la tecnología un vehículo de proximidad”, advierte.
El especialista alerta que estas nuevas formas de violencia digital evolucionan constantemente. En particular, señala que el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial (IA), la diversificación de las plataformas y la exposición cada vez más temprana de las infancias a estos entornos multiplican las modalidades de captación, contacto y circulación de contenidos. Ya se observa, afirma, la presencia de menores en plataformas de contenido adulto como Onlyfans, así como la generación de material de explotación sexual con IA, conocido como deepfakes.
En la misma línea, Pablo López, investigador de un estudio de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República (Udelar) para el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (Conapees) divulgado en 2025, puntualiza que “el material de las víctimas de grooming se comercializa y se comparte, por lo que la situación de explotación no termina con el contacto con el niño”.
Navarro propone la metáfora de una plaza digital para repensar el espacio digital como cualquier otro espacio público, con sus propios riesgos. Así como los adultos no dejarían solo a un niño o a una niña en una plaza durante horas, plantea, tampoco deberían dejar que naveguen por internet sin atención ni cuidado. Aunque las infancias aprenden rápido a usar dispositivos electrónicos, no necesariamente saben hacerlo de forma crítica y segura.
En este sentido, Ana Laura expresó: “Educar en tiempos de redes es complicado, pero tenemos que involucrarnos porque los dejamos solos”.
Sin resolver
En Uruguay, los delitos vinculados al grooming se tipifican a través del artículo 277 bis del Código Penal, incorporado en 2018 con la Ley 19.580. Desde entonces, se registraron 861 denuncias por grooming en el país, con un pico de 270 durante la pandemia. Solo en 2025 fueron 102, según datos de la Fiscalía General de la Nación a los que accedió esta investigación, mediante una solicitud de acceso a la información pública. Casi siete de cada diez denuncias (71,3%) permanecen archivadas. En general, se trata de casos en los que “ya se percibe que las chances de esclarecimiento son bajas”, explica el fiscal Ricardo Lackner, quien al momento de la entrevista dirigía la Unidad de Cibercriminalidad de la Fiscalía. Aunque, aclara, son archivos provisorios que pueden reabrirse si aparecen nuevos elementos probatorios.
Buena parte de los casos queda relegada a bloqueos, reportes o escraches en redes sociales, donde el agresor, que mantiene su anonimato detrás de múltiples identidades falsas, puede continuar su conducta con otras víctimas. Las cifras oficiales no contemplan a quienes no identifican estas situaciones como delitos denunciables ni a quienes, aun reconociéndolos como tales, deciden no recurrir a la Justicia. De acuerdo con resultados del estudio de la Facultad de Psicología, más de la mitad (53,5%) de los casos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA) que llegan a operadores de primera línea en Uruguay involucran la facilitación desde entornos digitales.
La captación temprana de infancias sucede entre los 9 y 11 años principalmente a través de plataformas de juegos como Freefire y Roblox, en donde suelen darse retribuciones con monedas virtuales de juego y recargas de celular para mantener la conectividad. Cuatro de cada cinco casos de ESCNNA en línea fueron denunciados, pero menos de uno resultó en condena.
En desborde
“Hoy la mayoría de los delitos implican evidencia digital”, por lo que los laboratorios de informática forense “están completamente saturados”, alerta Lackner. Analizar un solo dispositivo lleva entre seis y ocho horas, indica, y “almacenar grandes volúmenes de datos de forma creciente y sostenida cuesta dinero. Sin una inversión constante en insumos adecuados que acompañe, no es viable”, sentenció.
Dentro de esos insumos se requieren recursos como licencias de software forense, capacitaciones de personal y bolsas Faraday, necesarias para aislar las señales electromagnéticas de los dispositivos incautados y salvaguardar la evidencia digital de rastreos o accesos no autorizados. “Acá usamos hasta bolsas de café o capas de papel de aluminio, y ya hemos tenido casos de borrado completo a distancia de teléfonos incautados bajo custodia policial. El crimen organizado cuenta con recursos infinitos y sofisticó sus formas; nosotros vamos detrás”, advierte. Y agrega: “En Uruguay no estamos avanzados en materia de ciberdelitos, lo que es paradójico considerando que tenemos una penetración completa de internet en la población”.
El Conapees
En 2023, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la Venta, Explotación Sexual y Abuso Sexual Infantil, Mama Fatima Singhateh, visitó el país para conocer la respuesta estatal ante situaciones de ESCNNA. Durante su estadía, le informaron que estaba a punto de concluirse el “Plan nacional para la erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes” (2023-2028) del Conapees, con el objetivo de crear un marco nacional intersectorial para la erradicación, la investigación y el combate a estos delitos.
Pero el plan no fue aprobado hasta el 20 de febrero de 2025, con dos años de retraso con respecto al inicio previsto para su implementación. Según supo esta investigación mediante una fuente anónima vinculada al Conapees, la elaboración del documento culminó en junio de 2023, pero su ejecución se demoró por problemas burocráticos en la interna del Ministerio de Desarrollo Social. La fuente afirma que pasaron “casi 500 días” a la espera de su aprobación, hasta que se les informó que el documento habría sido extraviado. El plan finalmente entró en vigencia mediante decreto presidencial, tras presiones de Unicef, cuando debería haber estado en su segundo año de ejecución.
Según la misma fuente, “aunque el Conapees se creó para trabajar desde la interinstitucionalidad, ningún gobierno le ha asignado presupuesto porque no está previsto en su decreto de creación”. Así, explica, el comité se reúne mensualmente y avanza sin financiamiento propio, elaborando productos con apoyo de otros organismos. A inicios de 2026, añade, no contaba con una persona asignada para su dirección, solo con una funcionaria administrativa y otra especializada en violencia. En este contexto, el fortalecimiento interinstitucional previsto en el plan resulta incierto.
Para la investigadora del estudio de la Facultad de Psicología, Manuela Costa, “todas las instituciones cuentan con procedimientos [para tratar situaciones de ESCNNA en línea], que pueden ser suficientes o no, pero existe predisposición para abordar el tema”. Aun así, por su complejidad, el fenómeno “no es algo que puedan resolver solo la Justicia o la educación”, sino que “la fortaleza está en la interinstitucionalidad”, considera. En ese sentido, añade, “el Conapees colabora mucho juntando los organismos en un mismo lugar”.
Plataformas, en debate
En los años recientes, la tendencia de gobiernos y plataformas ha sido endurecer los mecanismos de regulación para niñas, niños y adolescentes en entornos digitales. A fines de 2025, Australia se convirtió en el primer país en prohibir el acceso a plataformas como Tiktok, Instagram y Youtube a menores de 16 años. La legislación obliga a las empresas tecnológicas a cerrar cuentas existentes e impedir la creación de nuevas, con multas millonarias por incumplimiento.
En Uruguay, este impulso se reflejó en iniciativas como la truncada propuesta de regulación de plataformas presentada en 2021 por las entonces legisladoras frenteamplistas Micaela Melgar y Martina Casás. “Notamos que no había un abordaje proactivo: se actuaba solo ante una denuncia y no existía una organización u organismo uruguayo que mediara sobre el uso y la protección de niños en internet. Los gurises tenían un gran acceso por el Plan Ceibal y la reducción de la brecha digital, pero todo dependía de su capacidad de discernir riesgos, mientras que los agresores tenían todo a disposición. La pedofilia en Uruguay es un problema muy poco abordado públicamente. La idea era cambiar ese paradigma y tomar acciones preventivas sistemáticas”, explica Melgar.
Sin embargo, el proyecto encontró “bastante resistencia” en el Senado porque “las empresas hicieron lobby en el Palacio y pidieron explícitamente que se sacara el capítulo sobre regulación”, narró Melgar.
Este año, el debate se reactivó en el Parlamento. La Cámara de Representantes impulsa una consulta pública sobre el impacto de las plataformas en niñas, niños y adolescentes, cuyos resultados se presentarán el 18 de noviembre, y el diputado colorado Felipe Schipani presentó un proyecto para prohibir las redes sociales a menores de 15 años. Por ahora, no hay una propuesta consensuada. Pero su avance dependerá, seguramente, del modelo de negocio de las grandes plataformas, que ya obstaculizó iniciativas similares en el pasado.
Las pruebas y la sentencia
El allanamiento policial realizado pocos días después de la denuncia permitió incautar los dispositivos que se encontraban en el domicilio del imputado. Las pericias posteriores revelaron más de 500 páginas de evidencia vinculada a material de índole sexual relacionado con niñas, niños y adolescentes. La investigación permitió establecer que el hombre contactaba a niñas por medio de redes sociales, les pedía fotografías íntimas, les enviaba imágenes propias y en algunos casos les ofrecía algo a cambio de esas imágenes. De la sentencia surgen expresiones que dan cuenta del interés en que se eliminaran las pruebas: “¿Me prometés que borrás todo después? Porque si no mis padres me matan”.
Asimismo, los mensajes intercambiados con las niñas permiten reconstruir parte del modus operandi: “¿Querés ser mi amiga confidente?”, “puedo confesarte algo, pero que quede entre vos y yo”, “tenés que guardar nuestros secretos”. La conducta del imputado no se detuvo con la intervención judicial; incluso durante el arresto domiciliario continuó contactando a menores desde su casa y utilizando otros celulares para hacerlo.
El caso de Ana Laura culminó el 28 de agosto de 2024, mediante un juicio abreviado, con la condena del imputado a cinco años y cuatro meses de penitenciaría efectiva. Fue condenado por 12 delitos de contacto con menores a través de medios informáticos para atentar contra su integridad sexual, en reiteración real con un delito de abuso sexual sin contacto y otro de retribución o promesa de retribución a una menor. También dispuso su inhabilitación a trabajar con menores y su inscripción en el Registro de Abusadores Sexuales. La Justicia confirmó e identificó a 12 víctimas, todas niñas de entre 8 y 13 años.
Esta es una versión adaptada de una investigación realizada a partir del trabajo final de grado de las autoras y el autor en la Facultad de Información y Comunicación de la Udelar.
