La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, única organización civil en El Salvador dedicada a defender el derecho de las mujeres a decidir durante el embarazo y reconocida por su trabajo para liberar a las presas por abortar, anunció su disolución legal ante lo que calificaron como un “contexto adverso”. En un comunicado difundido en sus redes sociales, la organización, que en sus dos décadas de funcionamiento logró la liberación de 81 mujeres condenadas por aborto, aseguró que desde que Nayib Bukele asumió en el gobierno, El Salvador vive una profundización de la crisis de los derechos humanos.
En particular, atribuyen la decisión a la llamada Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por el gobierno en 2025, que “limita el trabajo de las asociaciones legalmente constituidas al coartar la libertad de expresión y criminalizar a las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos”, señala el documento. “En este contexto, y desde la estructura de una ONG, nuestro trabajo ya no es compatible, por lo que decidimos disolvernos y no inscribirnos al Registro de Agentes Extranjeros”, agrega la agrupación.
La histórica activista Morena Herrera, expresidenta de la agrupación, aseguró a El País de Madrid que durante los seis años y medio de gestión de Bukele el país ha vivido una “involución” en la protección de los derechos de las mujeres, lo que ha generado un entorno “incompatible” con su labor. Herrera dijo que desde la llegada de Bukele a la presidencia se les ha cortado toda comunicación con los ministerios de Salud y de Educación e incluso con la Policía, instituciones con las que coordinaban para denunciar casos de abuso sexual.
En el comunicado, la organización señala que “no puede ni quiere” renunciar a esta lucha, y “menos en este contexto”, lo que implica hacerlo “fuera de una estructura de ONG”. Ante esta situación, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto informó que, a partir de ahora, su defensa de los derechos de las mujeres continuará “desde el activismo, la empatía y la solidaridad que hemos sembrado”, a través de un movimiento ya no nacional sino de la región, que bautizaron como La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas.
Uno de los países más restrictivos del mundo
El Salvador mantiene una de las prohibiciones del aborto más severas del mundo. En 1997, los sectores conservadores, civiles y religiosos reformaron el Código Penal, estableciendo la prohibición absoluta del aborto en todas las circunstancias –incluyendo violación, incesto o riesgo para la vida de la madre–, marcando para las siguientes décadas la suerte de las políticas reproductivas de la ciudad.
En 1999 se aprobó una enmienda constitucional que reconoce a un embrión como ser humano desde el “momento de la concepción”. Por consiguiente, una persona que realiza o se autoinduce un aborto puede ser castigada con penas de cárcel de dos a ocho años o incluso, si la Justicia lo interpreta como homicidio agravado, se enfrenta a hasta 50 años de prisión. Esta severa legislación restringe el acceso de las mujeres a atención médica y ha provocado la muerte prevenible de muchas mujeres salvadoreñas.
En 2019 llegó a la presidencia Bukele, quien, después de sostener un discurso progresista durante su campaña, ha llegado a declarar el aborto como “genocidio”. En mayo de 2021, cuando el oficialismo obtuvo el control absoluto de la Asamblea Legislativa, una de sus primeras decisiones fue archivar una propuesta para despenalizar el aborto impulsada por organizaciones feministas desde 2016. La iniciativa contemplaba permitir la interrupción del embarazo cuando la vida de la mujer estuviera en riesgo, en casos de violación o ante malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
En agosto de ese mismo año, Bukele presentó una propuesta de reforma constitucional en la que descartó cualquier posibilidad de legalizar el aborto. A finales de 2025, el gobierno ordenó eliminar el lenguaje inclusivo y todo el contenido de educación sexual del sistema educativo.
La agrupación que hasta hace unos días lideraba Morena ha sido históricamente la única organización en El Salvador que ha impulsado la despenalización del aborto. En las últimas dos décadas logró la liberación de 81 mujeres condenadas por este delito desde 2009 hasta la fecha. Entre sus casos más reconocidos está el de Beatriz, una mujer a quien el sistema de salud salvadoreño obligó en 2013 a continuar un embarazo de un feto con anencefalia que ponía en riesgo su vida. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en diciembre de 2024 condenó al Estado salvadoreño. Beatriz murió en 2017, por lo que la sentencia fue considerada una reparación póstuma.