El Poder Ejecutivo presentó la semana pasada el Plan Nacional de Seguridad Pública, después de un proceso de elaboración que comenzó en julio de 2025, con el lanzamiento de los denominados “Encuentros por seguridad”. El documento, que lleva el nombre “Uruguay más seguro”, contempla 79 acciones y más de 130 medidas divididas en siete ejes estratégicos. Las principales propuestas para abordar la seguridad de mujeres, infancias y adolescencias están comprendidas en el eje “Violencia de género y contra niñas, niños y adolescentes”, aunque una de las más novedosas aparece en el capítulo dedicado al combate de los homicidios.
Lo que plantea allí en concreto es “reducir femicidios mediante un sistema integrado de respuesta”. Esta acción “fortalece la respuesta del Estado en casos denunciados de violencia basada en género y/o violencia doméstica mediante un circuito integrado que combina entrada unificada de denuncia, clasificación estandarizada de riesgo (incluido riesgo letal) y activación oportuna de medidas de protección, con seguimiento continuo del caso para evitar escalamiento letal”, describe el documento. Agrega que el modelo “se apoya en protocolos operativos y formación obligatoria para operadores de primera línea, despliegue territorial en nodos priorizados y trazabilidad/supervisión para reducir demoras, quiebres de coordinación e incumplimientos”.
El plan detalla que las instituciones que intervienen en este dispositivo son los ministerios del Interior, Salud Pública y Desarrollo Social, Fiscalía General de la Nación y Poder Judicial, “entre otras agencias nacionales y subnacionales”. Respecto de la temporalidad, la ubica en el “mediano plazo” y sugiere “iniciar con priorización y despliegue de protección”.
Por otro lado, el texto afirma que el costo económico es “medio” y que “demanda recursos para protección, despliegue y articulación de servicios (medidas, seguimiento, apoyos)”, con una “cobertura territorial real y capacidad de respuesta 24/7 en casos de alto riesgo”. El costo de gestión, en tanto, está calificado como “alto”, ya que requiere una “intensiva coordinación y continuidad de caso”, incluida la “evaluación de riesgo, ejecución oportuna de medidas, seguimiento y articulación territorial”. Sin embargo, no da detalles sobre cómo se implementaría.
El eje orientado al abordaje específico de la violencia de género y generaciones, por su parte, puntualiza que “la alta prevalencia, la reiteración de casos y las deficiencias en la respuesta institucional subrayan la necesidad de políticas públicas integrales, sostenidas y basadas en evidencia”. Al mismo tiempo, apunta que el diagnóstico identificó “nudos” que explican la brecha que existe “entre la necesidad y la respuesta”: “Acceso desigual a los servicios según territorio, procedimientos que repiten relatos y generan desgaste en las víctimas, una continuidad débil de caso entre instituciones y un uso insuficiente de información compartida para priorizar y corregir la implementación. Esta combinación produce una respuesta estatal tardía, desigual y a veces interrumpida, que no garantiza una protección sostenida en el tiempo”.
El documento afirma que la respuesta “debe operar como un sistema integrado y no como una suma de programas aislados”, por lo que “debe articular la respuesta legal y judicial para reducir la revictimización, el apoyo integral a víctimas y sobrevivientes, asegurar el acceso a la Justicia, con prevención sostenida en la comunidad, los centros educativos, culturales y deportivos durante todo el ciclo vital”.
Protección, atención y acceso a la Justicia
Una primera línea de acción del capítulo de violencia de género y generaciones propone integrar la protección, la investigación y la respuesta judicial en una sola ruta de caso para reducir la revictimización. La prioridad, dice el plan, es “detectar y evaluar las situaciones de mayor riesgo asegurando protección durante todo el proceso”.
Entre las principales acciones que abarca este ítem se plantea la implementación de “estándares, especialización y coordinación procesal” para “mejorar la calidad, previsibilidad y oportunidad de las decisiones judiciales de protección”. Además, el plan propone medidas de intervención sobre los ofensores en casos de alto riesgo, una vez que falla la Justicia, mediante el tratamiento, la evaluación y el seguimiento, en articulación con la respuesta judicial, “con el objetivo de reducir reincidencia y cerrar el circuito de protección”.
También se incluyen acciones para reforzar la detección temprana y evaluación de riesgo en el sistema de salud, con foco en “acortar tiempos de activación institucional desde el primer contacto” con las víctimas, y la elaboración de una “ruta estable de atención, protección y acceso a la Justicia” de víctimas y sobrevivientes, priorizando “la presencia territorial, la protección psicosocial y la reducción de la revictimización institucional”.
Por otra parte, la iniciativa contempla dispositivos especializados de atención integral para tres tipos específicos de violencia: sexual, trata y explotación sexual y digital. A nivel de violencia sexual, el plan establece la creación de un “circuito especializado” que priorice “oportunidad de atención, resguardo probatorio y protección inmediata”, con énfasis en “evitar pérdida de evidencia, retraumatización y demoras significativas en las primeras etapas del caso”.
En cuanto a la trata y explotación sexual, propone “un escalamiento especializado para casos complejos en los que la violencia sexual se vincula con trata y/o con dinámicas de explotación y coerción que requieren una respuesta integrada”. En esa línea, la propuesta “articula prevención secundaria, detección temprana, investigación y protección mediante coordinación interinstitucional”. El texto señala que “su diferencial” –en comparación al servicio que ya existe, que es el que gestiona el Instituto Nacional de las Mujeres– es “incorporar capacidades específicas para identificar redes y delitos conexos, sostener la judicialización y asegurar una protección efectiva de víctimas, incluyendo, cuando el caso lo requiera, el manejo especializado de evidencia y trazabilidad vinculadas a medios digitales”.
Finalmente, el plan incluye una línea de respuesta que busca abordar específicamente “formas complejas de violencia de género mediadas por entornos digitales, integrando prevención, detección temprana, investigación y protección cuando los hechos combinan captación, control o explotación en línea y fuera de línea”. Así, se “reduce la fragmentación entre la respuesta a delitos de violencia de género y los ciberdelitos, mediante la coordinación interinstitucional y continuidad de casos”, expone el texto.
Prevención y detección temprana
Esta línea de acción “desplaza el foco desde intervenciones episódicas hacia una prevención persistente en ámbitos familiares, educativos, comunitarios y digitales” para “cortar el escalamiento de la violencia antes de que se produzca daño grave”, señala el plan.
Las acciones priorizadas en este caso incluyen la “intervención territorial sostenida en zonas de mayor incidencia para reducir factores de riesgo del entorno y fortalecer redes protectoras locales”, con coordinación con servicios públicos de referencia, y brindar apoyo a familias en hogares con alta exposición a factores de riesgo, mediante un “acompañamiento sostenido” y la “promoción de la autonomía económica y el acceso a soluciones habitacionales como condiciones para la estabilidad familiar”.
También contempla acciones para la prevención de violencia en los vínculos sexoafectivos adolescentes y en el ámbito educativo. Otra de las medidas establece la puesta en marcha de mentorías para adolescentes y jóvenes con trayectorias de alta exposición, con foco en vínculos protectores y acceso oportuno a servicios. El texto asegura que este tipo de iniciativa “mejora el soporte en transiciones sensibles, donde suele aumentar el riesgo de violencia y abandono institucional”, por lo que puede ayudar a “reducir quiebres de trayectoria y fortalecer protección de mediano plazo”.
El eje incluye, además, una línea estratégica para mejorar las capacidades técnicas y de la trazabilidad interinstitucional. En este punto, se destacan como acciones prioritarias la implementación de protocolos, sistemas compartidos de información y otras herramientas tecnológicas para la protección en situaciones de riesgo y el seguimiento de casos entre instituciones, así como la “capacitación integral en violencia doméstica, de género y contra niñas, niños y adolescentes” en los equipos responsables de implementar estas acciones.