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Marcha por la Diversidad, en Colonia (archivo, 2024).

Foto: Ignacio Dotti

Las dificultades de las personas trans para acceder al mercado laboral pese al cupo establecido por ley

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Aunque la ley trans determina que 1% de los cargos públicos deben estar destinados a esta población, apenas se cumple una décima parte; la falta de seguimiento institucional y los requisitos excluyentes mantienen a muchas personas trans fuera del trabajo formal.

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Diana Bentancor vive en el departamento de Florida, tiene 39 años y hace cuatro que no consigue un trabajo estable, aunque lugares donde trabajar en negro nunca le faltaron, tampoco las ocasiones en las que le ofrecieron ejercer el trabajo sexual. Antes trabajaba en un supermercado como encargada del sector de cajas. Cuando decidió iniciar la transición de género, a los 35, renunció a su trabajo y desde ese día no ha parado de mandar currículums a empresas o anotarse en los llamados públicos, pero no pasa del punto de la entrevista.

“No me queda otra que pensar que es por eso [por ser una mujer trans], porque anteriormente no me pasaba y actualmente sí. No sé cómo decirlo… recibo algunas expresiones cuando entrego currículum personalmente…”, señala.

Aunque Uruguay tiene una Ley Integral para Personas Trans desde 2018, que establece que 1% de los ingresos laborales a organismos del Estado tienen que estar destinados a esta población, las cifras muestran que su cumplimiento sigue siendo bajo: según un informe de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en 2024 solo se cumplió con 0,10%.

Para Josefina González, activista transfeminista, licenciada en Comunicación y funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social, el problema no es solo la falta de cupos, sino la forma en que se diseñan los llamados. “A veces los requisitos no dialogan con las trayectorias reales de la población. Si un llamado para un cargo administrativo pide 6° de liceo completo y además tiene límite de edad entre 18 y 24 años, difícilmente se presenten personas trans, porque muchas no tuvieron oportunidad de acceder a esa formación”, explica.

El Censo Nacional de Personas Trans, realizado en 2016, muestra que 60% de esta población no completó la enseñanza media básica y que la edad promedio de deserción se sitúa en los 14 años.

Las condiciones

En 2021, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo recibió dos denuncias contra la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) por topes de edad en llamados laborales dirigidos a personas trans. En ambos concursos, para cargos de auxiliar de servicio, se exigía no superar los 30 años de edad para poder inscribirse. No existía una justificación para ese límite etario ya que las tareas del cargo no requerían una edad ni una condición física determinadas.

Para Daniela Buquet, integrante del colectivo Ovejas Negras, el problema va más allá de una mala implementación: “Tenés dos poblaciones distintas. Una es la que se está formando hoy, que necesita apoyo para no ser expulsada del sistema educativo y poder construir una trayectoria como cualquier persona. La otra es la que ya quedó rezagada: personas trans mayores de 40 años, que con suerte terminaron la escuela, y a las que nadie les da trabajo aunque acrediten el ciclo básico”.

Las bolsas laborales del Estado suelen estar pensadas para menores de 30 años, lo que deja a esa población fuera de toda posibilidad. En ocasiones, se les pide que hagan un curso o una capacitación de varios meses sabiendo que probablemente no cumplan con la edad requerida o la experiencia laboral previa.

Asimismo, muchos de los empleos ofrecidos desde el Estado son zafrales, de corta duración. “Son trabajos que duran seis meses. ¿Cómo alguien va a proyectar su vida, alquilar una casa o planificar un futuro si no tiene estabilidad? Si no se logra generar cierta continuidad, esa persona nunca va a poder hacer una transformación real de su estructura de vida”, apunta Buquet.

Delfina Martínez, activista transfeminista, gestora cultural y coordinadora del Centro de Referencia LGBTI+ de Montevideo, agrega que “hoy la mayoría de los llamados se aplican dentro de programas de empleo protegido, que duran un par de meses y después se caen. Entonces la persona proyecta, se organiza en torno a ese trabajo, como cualquiera lo haría, y cuando eso termina, todo se desarma. Esa inestabilidad genera deterioro en la salud mental, aumenta el consumo problemático y deja una sensación de frustración de decir: existe una ley, pero mi vida sigue igual”.

Cómo nombrarse y sostener un cuerpo

La falta de acceso al trabajo formal tiene consecuencias sociales y psicológicas. Muchas mujeres trans ejercen el trabajo sexual durante años, mientras que otras optan por sostener su identidad anterior para poder acceder a empleos.

Lucius Lange tenía 21 cuando aplicó a un trabajo para ser profesor de inglés y español. Los requisitos eran tener más de 18 y bachillerato completo. Empezó el entrenamiento y quedó seleccionado. Para ese entonces, si bien ya había hecho la transición de género, aún no había realizado el cambio de identidad en la cédula y otros documentos. Cuando empezó el trabajo, especificó que era un chico trans y pidió que le llamaran por el nombre con el que se identifica. Sin embargo, hubo dificultades.

“El problema fue con un compañero”, cuenta. “Tuvimos una charla en la que le expliqué que mi nombre era Lucius y cuáles eran mis pronombres. Él me respondió que no, que yo me veía como una mujer y que era una mujer. Dijo que no tenía sentido que tuviera nombre de hombre si era mujer, que no podía ser otra cosa más”, relata sobre aquella experiencia.

Lucius renunció poco tiempo después. Cuando reportó la situación a recursos humanos y al reclutador, le dijeron que no podían hacer nada porque “se veía como una mujer” y no había nada legal que lo identificara de otra forma. Hasta hace poco, trabajaba en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero la pasantía terminó en diciembre.

Para Rodrigo Falcón, fundador de Trans Boys Uruguay, existe otro problema de fondo, que es que no todos los varones trans desean realizar un tratamiento hormonal, y eso no debería ser una condición para que su identidad sea reconocida. “No todas las personas trans eligen, ni están obligadas, a modificar su cuerpo, someterse a cirugías o cambiar su aspecto físico. Sin embargo, la sociedad sigue mirando desde una lógica binaria, donde se espera que el hombre tenga cierta apariencia y la mujer otra”, afirma.

La falta de protocolos y de acompañamiento institucional aumenta la vulnerabilidad de quienes logran ingresar a los puestos de trabajo públicos. Esto pasa también en dos organismos que no cumplen con el cupo porque tienen una prueba física obligatoria: el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa.

Ahí surge una discusión histórica, explica Josefina González, que es en qué lugar se pone o se coloca a las personas trans para hacer esas pruebas físicas: “No es lo mismo para esos organismos un llamado administrativo que un llamado a formar parte del cuerpo policial o del cuerpo militar. Que no solamente puedan ingresar personas trans en la administración, sino que puedan ser parte del cuerpo, tanto policial como militar”.

Los lugares asignados

Según el censo de 2016, hace una década vivían 853 personas trans en Uruguay y 67% realizaba o había realizado en algún momento trabajo sexual.

Diana creció pensando que las posibilidades laborales se reducían solo a la del trabajo sexual. En su generación, y en generaciones anteriores, dice, son pocas las [mujeres trans] que nunca lo ejercieron. “Tampoco hay opción. Es lo seguro que sabés que tenés”, afirma. Entre las personas más jóvenes, agrega, muchas encuentran ingresos a través de plataformas digitales o continúan dentro del mismo circuito, porque es donde la plata aparece con mayor rapidez y estabilidad.

“No te estoy diciendo que sea algo fácil, porque no lo es, aunque muchos lo disimulen. Tenés que tener la psiquis muy firme y estaar muy desconectada de lo que sentís para poder ejercerlo. No puede ser que esa sea la única opción segura de obtener ingresos y no cagarte de hambre”, cuestiona Diana.

Las mujeres trans enfrentan formas específicas de exclusión. Muchas fueron expulsadas tempranamente de sus hogares o del sistema educativo y terminan recayendo en los lugares que históricamente les fueron asignados.

Josefina González explica que uno de los objetivos de la ley trans fue justamente romper con esa lógica. “Lo que intentamos a través de la ley y el cupo trans fue que no sea un lugar asignado y que no sea la única posibilidad que tengamos. Por eso insistimos tanto en las necesidades de nuestras compañeras, nos preocupa mucho la feminidad trans, porque las masculinidades trans tienen otras trayectorias. Por lo general, no vienen del mundo del trabajo sexual; las mujeres trans sí, las feminidades trans sí. Entonces hay diferencias, diferencias políticas, diferencias históricas”, afirma.

Pero, al mismo tiempo, en muchos casos, el trabajo sexual representa una fuente de ingresos más alta y estable que los empleos informales o de baja remuneración a los que se les ofrece acceder.

En julio de 2025, el Banco República abrió un llamado en el que ofrecía 16 vacantes para personas trans. Entre los requisitos para postulantes mayores de 35 años se exigía acreditar años de aportes previos al Banco de Previsión Social.

En muchos casos, quienes contaban con bachillerato completo no lograron superar la etapa de selección porque no cumplían con la cantidad de años de aportes requeridos. Esto deja fuera a gran parte de la población trans adulta, sin tener en cuenta otros factores que inciden, como la menor expectativa de vida respecto de la población general o el hecho de que muchas mujeres trans y travestis mayores ejercieron el trabajo sexual cuando no era reconocido como trabajo formal.

Las personas trans de mediana edad o mayores quedan en una especie de zona gris: o no alcanzan la edad para acceder a la reparación prevista por ley, o no cumplen con la formación o los requisitos para presentarse a los llamados laborales. En ese escenario, muchas continúan en el trabajo sexual.

Día de la Visibilidad Trans

El 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans. En ese marco, colectivos señalaron este martes los obstáculos que enfrentan las personas trans en Uruguay en materia laboral pero también en otros ámbitos como la salud y la educación, además de denunciar otras vulneraciones de derechos vinculadas a múltiples formas violencia.

“Los discursos de odio no son opiniones inocentes, son ataques directos: un llamado a ejercer la violencia, la discriminación y el sufrimiento para sostener un orden social de dominio”, apuntó la plataforma Unión Travesti Trans. “Existimos, resistimos y reexistimos en un sistema que nos empuja a los márgenes y luego nos exige gratitud por sobrevivir”, afirmó, por su parte, el Colectivo Trans del Uruguay.

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