Un año después de que el proyecto de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niñas, niños y adolescentes fue desarchivado, y a la espera de que comience a tratarse en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado, se presentó la semana pasada un documento que pretende enriquecer el debate parlamentario, aportar a la discusión pública y, en definitiva, poner el tema arriba de la mesa. El libro, titulado Imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, es una publicación colectiva coordinada por Victoria Brückner, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, maestranda en Derechos de Infancia y Políticas Públicas, y especialista en Políticas Públicas en Crimen e Inseguridad. En menos de 200 páginas, compila perspectivas académicas, profesionales y militantes que convergen en un argumento común: que “el tiempo no puede ser un aliado de la impunidad”.
Así, reúne los aportes de una docena de especialistas en derechos de las infancias, violencia sexual, derecho penal y políticas públicas, y también las voces de sobrevivientes, en un capítulo escrito enteramente por las integrantes del colectivo Proyecto Ikove. En la primera parte del libro se analizan los fundamentos jurídicos de la imprescriptibilidad, mientras que en la segunda se aborda el impacto en las víctimas y en la sociedad. También, hacia el final, se deslizan algunas conclusiones y recomendaciones.
Las autoras y autores “coinciden en un diagnóstico categórico: la prescripción de los delitos sexuales no constituye una garantía jurídica para el imputado, sino una pena adicional para las víctimas”, afirma Lucía Vernazza, coordinadora de Programas de Unicef Uruguay, en el prólogo del libro. “Cuando el derecho se aferra a la prescripción en estos casos, no protege la seguridad jurídica: protege el silencio del agresor”, agrega la experta.
Vernazza señala como uno de los elementos “novedosos” del texto el planteo de que “la imprescriptibilidad no debe ser entendida únicamente como la prolongación de una amenaza punitiva, sino como una promesa de disponibilidad permanente”. En ese sentido, asegura que “si el daño del abuso es vitalicio, la puerta de la Justicia debe ser, necesariamente, atemporal”, y llama a “dejar de concebir la Justicia como una meta a la que se debe llegar, para empezar a verla como un clima de protección continuo”.
La lista de autoras y autores incluye, además de a la propia Brückner, a las abogadas Alicia Deus, Lucía Fernández Ramírez, Soledad Suárez y el abogado Iván Luzardo; las psicólogas Victoria Marichal, Lucía Barboni Pekmezian y el psicólogo Matías Rovira; la trabajadora social, magíster en Educación y exdirectora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Mariela Solari; la periodista y editora de Feminismos de la diaria, Stephanie Demirdjian; y Carolina Ferrari, Camila Barreiro, Gabriela Elena, Cecilia Durán Jaurena, Verónica Gastellú y Margarita Thove en nombre de Proyecto Ikove.
En el Uruguay de hoy, muchos delitos sexuales cometidos contra niñas, niños y adolescentes prescriben antes de que las víctimas puedan recordar, identificar o empezar a nombrar lo que vivieron. Lo que propone el proyecto de ley a estudio –impulsado por el Frente Amplio– es modificar el artículo 119 del Código Penal, que es el que establece el punto de partida para la computación de los delitos, para que justamente los delitos como la violación, el abuso sexual o el atentado violento al pudor contra las infancias y adolescencias no prescriban.
Un recorrido por las páginas
Durante la presentación, que tuvo lugar el jueves en la Fundación de Cultura Universitaria, Brückner dijo que el libro “nació de una incomodidad muy específica”: la de “estar frente a personas adultas que llegaban buscando justicia por algo que les había pasado cuando eran niñas y encontrar que el sistema les cerraba la puerta. No porque el hecho no hubiera ocurrido, no porque no hubiera responsable, sino porque había pasado demasiado tiempo”.
La coordinadora de la publicación hizo un breve recorrido por el contenido. Señaló que Fernández Ramírez “analiza la tensión entre los plazos de prescripción y las posibilidades reales de denunciar”, Deus “nos ubica en el derecho comparado y muestra que Uruguay está rezagado respecto de Colombia, Chile y Perú, que ya legislaron”, y Suárez “desmonta uno por uno los argumentos clásicos a favor de la prescripción”. Por su parte, Solari “trae la tensión particular del sistema de justicia penal uruguayo”, y Demirdjian aborda el rol de los medios en la visibilización de la violencia sexual infantil, con sus riesgos, sus potencialidades y su impacto social e institucional.
En tanto, Barboni Pekmezian y Marichal “explican, desde la psicología forense y la neurobiología, por qué el trauma no funciona como un reloj: por qué los recuerdos son fragmentados, por qué el silencio no es consentimiento, por qué exigirle a una víctima que denuncie dentro de plazos fijos es exigirle al sistema nervioso algo que no puede dar”, mientras que Rovira en su artículo “pone el foco en los daños de género”, puntualizó Brückner.
A su vez, Ferrari “escribe desde la experiencia sobreviviente de la explotación sexual infantil, con una honestidad que no tiene equivalente en ningún texto académico”, destacó la abogada, y sus compañeras de Proyecto Ikove “tienen su propio capítulo, porque un libro sobre imprescriptibilidad que no incluya las voces de quienes más la militan sería exactamente el problema que denunciamos una y otra vez”.
El último artículo está escrito por Brückner y Luzardo, y lo que hace es trazar “los paralelismos entre los delitos sexuales contra niñas y niños y los crímenes de lesa humanidad: los pactos de silencio, la sistematicidad, la impunidad, nunca la magnitud del daño como nos tienen acostumbrados los textos más clásicos que vinculan estos temas; los daños, al igual que las experiencias, son singulares, y nunca un argumento jurídico puede valerse de una competencia de dolor para tener cabida”, ahondó la coordinadora.
Ya hacia el cierre del libro, Brückner plantea propuestas concretas de “ajustes” al proyecto de ley que hoy está en el Parlamento, “reconociendo el trabajo de quienes llevan esta causa hace tiempo”, pero “desde la certeza de que este tema, como varios otros, tiene enemigos y detractores hábiles y, frente a eso, la única respuesta posible es seguir siendo mejores: más rigurosas, más precisas y más difíciles de refutar”.
Comentarios, ejemplos y desafíos
La presentación del libro contó con los comentarios de Manuela Reguera, actual directora de la Unidad de Víctimas y Testigos y de la Unidad Especializada en Género de la Fiscalía, y Luis Pedernera, especialista en justicia juvenil y derechos de la infancia y exintegrante del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas.
Reguera evaluó el documento como “un verdadero insumo para aproximarnos al sentir de las víctimas, al daño, al trauma y a sus necesidades de ser reparadas, de sanar en comunidad, de acceder a la Justicia con garantías”. Apuntó que “la realidad actual es que lo que sí tenemos es impunidad, porque, como varias de las autoras del compilado señalan, queda clara la protección al poder, que no permite que se persiga penalmente a estos agresores luego de un determinado tiempo”. En ese sentido, aseguró que, “en la práctica”, desde la Unidad de Víctimas les ha “tocado acompañar a equipos fiscales para comunicarles a las víctimas que sus denuncias serían archivadas por prescripción”. Según consideró, esta “imposibilidad de juzgar a los perpetradores luego de determinados plazos genera desconfianza en el sistema de justicia”.
También abogó por la construcción de “una Justicia sensible al trauma” y que “tiene que aprender que las víctimas hacen un proceso para entender lo que les pasó”. “Cuando las víctimas saben que el tiempo se acaba, entonces las obligamos a tener otros tiempos. Transitar un camino hacia la imprescriptibilidad puede transmitir el mensaje social de mayor reconocimiento del impacto psicológico que estos delitos producen. Debemos repensar la actualidad porque, entre otras cosas, el delito no prescribe en la esfera de la víctima”, afirmó.
Reguera dijo además que este debate “trasciende la reforma legal”, en tanto “continúa ampliando derechos, cambiando el paradigma, la forma de comprender a las víctimas y al trauma, y necesariamente obliga a pensar en nuevas formas de investigar, de acompañar, de periciar, de recoger testimonios. Nos llama a repensar cómo actuamos con las víctimas, para que la vivencia del pasaje por el sistema no sea una segunda vivencia abusiva”. Para cerrar, dijo que la clave no es solo la imprescriptibilidad, sino que “también hay que exigirle al Estado políticas de prevención, atención terapéutica adecuada con marcos teóricos que tengan evidencia de resultados, entrevistas cuidadosas, capacitación judicial en trauma, prácticas no revictimizantes, programas de tratamiento a ofensores sexuales y más”.
En su turno, Pedernera afirmó que “una reforma integral al Código Penal no puede seguir esperando” y explicó que, a nivel global, el “núcleo de la discusión y del problema de la imprescriptibilidad” está “en la prueba y el transcurso del tiempo”. En esa línea, planteó que, sobre la base de los exámenes que hizo en países europeos cuando integraba el Comité de Derechos del Niño, puede deducir que “el avance que hay en términos de legislación sobre imprescriptibilidad es porque los países han tenido un desarrollo notable en términos de recabar la prueba”.
Por último, dejó planteados algunos desafíos para tener en cuenta en caso de que se apruebe la ley que declare imprescriptibles estos delitos en Uruguay. Lo primero, contemplar que hoy en día “los sistemas de justicia no están adaptados a los niños, ni en estructura, ni en lenguaje, ni en ser amigables con el niño o en que la experiencia judicial no sea una experiencia tortuosa”. Lo segundo, reconocer que “el tiempo de los niños no es el tiempo de las instituciones y no es el tiempo de los adultos”. Y, tercero, reforzar las garantías de reparación y no repetición, teniendo en cuenta que la reparación “no es solo psicológica”.
