“No es una novedad que en nuestro país, lamentablemente, las víctimas tienen cara de mujer, niña y adolescente”, dijo la directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación, Manuela Reguera, en entrevista con la diaria. Las cifras respaldan sus dichos: de las 4.043 personas atendidas en 2025 en todo el país, 80% eran mujeres y 36% eran niñas, niños y adolescentes.
A un mes de cumplir un año en el cargo, la directora explicó cómo la respuesta de la unidad se está intentando adaptar a nuevas formas de violencia de género y de violencia contra las infancias, que están “mutando a otros lugares”: en el primer caso mencionó como ejemplo los entornos digitales; en el segundo habló de las “balas perdidas” en los territorios.
Este mes hubo tres femicidios y se investiga un posible cuarto. Un informe del Observatorio de Violencia Basada en Género hacia las Mujeres presentado en diciembre, en el que trabajó la Fiscalía, reveló que en 44% de las tentativas de femicidio entre 2019 y 2024 había denuncias previas. ¿Cómo está trabajando la Fiscalía para mejorar la prevención de femicidios ante las denuncias por violencia de género?
Primero, la Fiscalía como tal no trabaja en lo que es prevención. Nosotros trabajamos retaliativamente en la respuesta, lamentablemente, después de que los hechos se suceden. Cuando hay medidas previas de protección, por ejemplo, que las dispone el juzgado de Familia usualmente y nos deriva en la situación, no solamente acompañamos a las víctimas en el marco del acceso al proceso penal, sino que también muchas veces lo que hacemos es derivar a las instituciones que tienen la competencia de la atención, como puede ser Inmujeres [Instituto Nacional de Mujeres] o las comunas [Mujer]; tenemos muy buena articulación interinstitucional, sobre todo pensando en que nosotros no somos los encargados de valorar el riesgo de reincidencia o el riesgo de violencia, pero sí podemos ver en las víctimas, evidentemente, factores del orden personal, psicosocial, emocional que hacen que cualquier situación aumente o no el riesgo al que está expuesta esta víctima. Lo que sí hacemos como institución, y sobre todo porque también somos parte del sistema de respuesta que hay para las mujeres, es participar, por ejemplo, en el Observatorio de Violencia Basada en Género, que es de donde parte este informe, es aportar datos. Porque también hay una cosa que es real: para pensar en políticas de prevención tenemos que tener evidencia. En ese mismo informe dice que solamente el 34% de los femicidios que se consuman tienen denuncia previa. Entonces, ¿qué pasa con el otro 66% al que no estamos llegando, que no tienen denuncia y que nunca transitan de pronto un sistema de justicia, una medida de protección, y tampoco llegamos? Cuando presenté en este compendio que se hizo, me hacía algunas preguntas que también están en ese análisis. Por ejemplo, cómo puede ser que tengamos medidos los meses donde hay más femicidios, que podamos hipotetizar por qué en esos meses se produce el mayor pico de femicidios, y no estemos pudiendo socializar los indicadores reales para que nuestras amigas, vecinas, mujeres que nos rodean sepan. ¿Qué pasa? ¿No estamos aterrizando realmente donde tenemos que aterrizar los indicadores? ¿Será que los discursos regresivos en algún punto también están haciendo que las mujeres no denuncien? ¿Será que no estamos dando medidas adecuadas de protección?
Entonces, preventivamente, no es algo que podamos abordar, pero, por ejemplo, el año pasado se produjeron 11 femicidios y atendimos a 12 niñas, niños y adolescentes sobrevivientes del fallecimiento de sus madres en contexto femicida. Desde 2017, cuando se creó la unidad, hasta el año pasado, atendimos a 196 niños que quedaron huérfanos en contexto femicida. Tenemos una ruta específica con el Sipiav [Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia] para abordar a estas infancias que quedan en este contexto de orfandad por contexto femicida, y esas son cosas que desde el sistema de justicia sí podemos hacer. ¿Es suficiente? No, porque esos niños ya están en esa situación. Eso no lo podemos cambiar. Lo que sí podemos cambiar es la ruta de reparación que puedan tener; que puedan acceder al derecho de saber que existe una pensión que les corresponde, por ejemplo, que sepan que tienen derecho a una reparación emocional, donde también hacemos las derivaciones, trabajamos, donde consolidamos red focal y consolidamos equipos de trabajo para pensar en cómo vamos a acompañar a esas familias en ese proceso. Desplegamos primeros auxilios psicológicos cuando se suceden los hechos. En esta misma ruta dice que la unidad de víctimas tiene que tomar el contacto en un máximo de 12 horas desde que se suceden los hechos con la familia, entonces ahí desplegamos los primeros auxilios, trabajamos en todo lo que es reducir el estrés primario, muchas veces trabajamos en cómo acompañar a la familia en comunicar las noticias a los niños y niñas, hemos ido a la casa de las personas a ayudar a los adultos a identificar cómo pueden darles la noticia, hemos acompañado a los niños y niñas a velorios, hemos acompañado todo lo que tiene que ver con la gestión de las personas que fallecen, el sepelio. Esto irrumpe en la vida de las personas sin que uno esté preparado para poder hacerlo, algo que se suma al sufrimiento, al caos, al desorden que se genera inicialmente con todo esto.
Una vez que las demás instituciones del Estado están involucradas, ¿hasta dónde llega el trabajo de acompañamiento de la unidad a estas niñas y niños que quedan en la orfandad por femicidio?
Nuestro trabajo con todas las víctimas de los delitos es desde que se nos deriva, que lo ideal sería que fuera al comienzo de la denuncia, cuando comienza el proceso penal, hasta que finaliza. Nuestra intervención tiene por característica ese tiempo de respuesta. Pero hay excepciones. Por ejemplo, cuando se produce un femicidio y el agresor se quita la vida, igual acompañamos a la familia, aunque no va a haber proceso penal, y eso lo tenemos escrito y estandarizado. Tenemos un máximo de tres entrevistas con la familia, más allá de que no vaya a haber proceso, porque entendemos que la familia es víctima igualmente de la situación, independientemente de que no se va a poder investigar. Pero esa familia también merece una respuesta del Estado, es su derecho tener una respuesta del Estado y somos la institución que tiene la competencia.
¿Cuál es tu valoración de los cambios que introduce el proyecto de reforma del Código del Proceso Penal respecto del lugar que se les da a las víctimas?
La postura institucional de la Fiscalía fue dada en el Parlamento y está en la versión taquigráfica. Lo que sí puedo contestar es por qué me parece importante en términos generales que las víctimas sean escuchadas por los equipos fiscales que llevan adelante la investigación. Algo que vemos en general es que, independientemente de un resultado que pueda haber en un proceso penal, para la víctima es importante ser reconocida como tal. Para las personas que han sobrevivido a delitos muy complejos, lo más relevante es ser escuchadas, ser creídas, porque algo que siempre trato de aclarar es que a veces la reparación no va de la mano de una condena penal. Hemos tenido víctimas que han sido parte activa del proceso, que de pronto logran una condena y que incluso cuando se termina el proceso no es que haya una modificación en cuanto a su sentir, a sus emociones, a su proceso reparatorio.
Muchas de las mujeres que acompañamos sienten que tienen la responsabilidad y la culpa de lo que les pasó. Nosotros trabajamos fuertemente en el acompañamiento, en desmitificar esas cosas, en poder colocar la responsabilidad a quien le corresponde, esta cosa de poder de alguna manera narrar su propia experiencia, poder poner en palabras. Eso, lejos de ser suficiente para reparar, habilita a las personas a colocarse en un lugar distinto. Y hemos acompañado muy buenas prácticas de fiscales, donde le devuelven a la víctima “te creo, pero el estándar o lo que se me está pidiendo como prueba es demasiado alto y yo no logro llegar y no quiere decir que no crea que lo que me estás contando no sucedió”. Hemos acompañado a víctimas que su delito se va a archivar por prescripción y muchas veces lo relevante es poder darle visibilidad a esa mujer, poder mirarla a los ojos, poder entender lo que sucedió, y darle una respuesta que tal vez no es la que esperan, pero que sean escuchadas habilita su estatuto de víctima y habilita su poder de palabra.
En el universo de víctimas con las que trabajan están las niñas y los niños afectados por las violencias territoriales. ¿Cómo es el abordaje?
En estos últimos dos años ha sido muy claro el crecimiento del número de niños que han sido víctimas, sobre todo de armas de fuego, y tanto en fallecimientos como muchas veces hemos atendido a algunos que han quedado casi en incapacidad permanente. Hay un fenómeno que tiene que ver con las nuevas formas delictuales que se están dando a nivel de territorio, específicamente con violencia territorial, con la gobernanza criminal, con esta tensión que hay entre el Estado y las organizaciones criminales de pujar por territorios, que estamos viendo todos los días, que se repite con asiduidad, y que son niños y niñas que quedan en el medio de estas balaceras. También estamos pensando que hay niños que están en esos territorios que por más que no sean heridos de arma de fuego, están desarrollando su infancia, su psiquismo, su salud en esos territorios donde tienen que estar todo el tiempo en alerta, hipervigilantes, generando todo el tiempo estresores, y así estamos perjudicando el desarrollo también de aquellas infancias que no son heridas directamente. A nosotros nos compete atender a las que quedan heridas o a las que lamentablemente fallecen, porque se produce el proceso penal, pero hay otro montón de niños y niñas que están creciendo en esos entornos, que es algo que también hay que atender.
Mencionabas las situaciones en las que a veces hay víctimas a las que el sistema tiene que decirles “te creo, pero no hay prueba” o “prescribieron los delitos”. También lo señalabas hace unas semanas en la presentación del libro Imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes cuando hacías referencia a esto con la palabra impunidad. En estos meses se va a retomar el debate parlamentario de ese proyecto de ley. ¿La Fiscalía o la unidad tienen una postura institucional?
No sé si hay una posición tomada. Puedo hablar de lo que implica que no se pueda investigar lo que las personas denuncian. Hay muchos aspectos jurídicos que a mí se me escapan por mi profesión; soy psicóloga de base, pero creo que es importante que las personas tengan el acceso a la Justicia y entiendo que eso es algo que todos y todas deberíamos tener, independientemente del tiempo que haya transcurrido en los hechos. También creo que, como dije en la presentación del libro, no es lo único que le tenemos que exigir al Estado. Hay otras cosas, como políticas de prevención, que tienen que aparecer, que tienen que estar. No puede ser que lleguemos tarde o que lleguemos mal o que lleguemos a destiempo. Hay algo que nos está faltando a nivel educativo y a nivel comunitario. No sé si estamos socializando bien los indicadores, no sé si todas sabemos lo que tenemos que mirar cuando vemos a una amiga en una relación compleja. Tenemos que pedir también al Estado un acceso a una reparación que esté basada en evidencia y que todas las víctimas puedan tener acceso a dispositivos de reparación. También creo que tenemos que pensar en trabajar con los ofensores sexuales y con los ofensores de género. Me parece que esa es una pata que no podemos desconocer, porque eso también, desde mi punto de vista, es invertir dinero en las víctimas, porque si no trabajamos con los ofensores, eso se reproduce.
¿Qué cantidad de niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia vicaria hoy en día en Uruguay? ¿Se necesita un abordaje distinto al de las víctimas de otros delitos?
El año pasado hubo dos víctimas [de infanticidio vicario]. El abordaje diferencial es con las madres que sobreviven a esos hechos, por dos cosas puntuales. Primero, porque usualmente no hay proceso penal, porque, generalmente, el agresor se quita la vida. Entonces, además de todo, la madre se queda con un montón de variables, de preguntas, de sufrimiento interno, de sentirse responsable muchas veces. Por lo tanto, hay que trabajar fuertemente con la madre sobre su no responsabilidad, porque, además, usualmente, los casos en los que hemos trabajado son muy cercanos a la decisión de la mujer de separarse. Eso también hay que trabajarlo, porque lo que hay que devolverle a esa familia o a esa mujer es que el desenlace no varía en relación con la decisión que tomó. Hay que trabajar mucho con estas mujeres la culpa, y eso lleva mucho tiempo y es un proceso muy complejo. Además, cuando suceden estas cosas, intentamos fortalecer a la familia que rodea a esa mujer y en lo que tiene que ver con la psicoeducación. Voy a poner ejemplos concretos. Muchas veces, nos ha pasado que la familia no entiende las reacciones que pueden tener estas mujeres. No estoy hablando de angustia excesiva, [sino que] muchas veces la mujer parece desconectada de lo que está pasando y entendemos que esos son mecanismos defensivos. Esa mujer tiene que sobrevivir a lo que le acaba de pasar. A veces, la familia y la comunidad no entienden eso y la rejuzgan. Nos hemos encontrado trabajando esto comunitariamente, incluso en los centros educativos donde asisten los niños, porque hay un desconcierto.
Hace unos días viajaste a Córdoba con una misión técnica para visitar el modelo en el que se inspira la creación de lo que sería el [primer centro de atención integral] a víctimas de violencia de género en Uruguay. ¿Cómo viene ese proceso y qué pudieron rescatar de la experiencia?
Es una experiencia exitosa, no hay duda. Las víctimas pueden transitar un único espacio donde pueden ser abordadas desde todas las aristas, no solamente desde el sistema de justicia o del sistema de salud, e incluso en el Polo de las Mujeres de Córdoba hay un refugio para víctimas de violencia que quedan sin hogar, aunque sea transitorio, pero momentáneamente tienen dónde estar. Tiene un fuerte presupuesto y hay mucha voluntad política. Eso hace que se sostenga, porque es muy alto el nivel económico que conlleva hacer algo de esa magnitud. Lo que hay que mirar de esa experiencia es cómo han logrado adaptar estas respuestas a situaciones que también van cambiando constantemente. La violencia basada en género está mutando a otros lugares, como los [entornos digitales], donde se reproducen un montón de aspectos; no es solamente la violencia en el marco del crimen organizado transnacional que va mutando, la violencia de basada en género también. Entonces, tenemos que adaptar nuestros modelos a las nuevas realidades de violencia basada en género que estamos teniendo. Tenemos que ampliar la cobertura, tenemos que llegar a tiempo y tenemos que tener una mirada más holística del fenómeno.
Hoy lo que tenemos son respuestas fragmentadas y esa es la realidad. Las víctimas peregrinan por el sistema, porque en un lado hacen la denuncia, en otro se les constatan lesiones, en otro van a una audiencia por familia, en otro se hace una investigación penal cuando es delito. La experiencia de centralizar todo sería enriquecedora en tanto, de verdad, se está poniendo a la víctima en el centro de la intervención, que hoy es lo que no tenemos. Además ellos atienden todas las violencias, que es algo que nosotros también deberíamos de integrar. Hoy por hoy la respuesta está fragmentada también en ese sentido. Inmujeres atiende violencias basadas en género de parejas o exparejas, tiene otro servicio diferencial para la trata de personas con fines de explotación sexual. Entonces, también haría la diferencia pensar qué violencias vamos a atender, cómo las vamos a atender, qué de las instituciones puede estar dentro de este polo. Lo relevante de esto es que nos mueve a pensar que hay otras respuestas posibles, que tenemos que agiornarnos en las respuestas que estamos dando, porque, en definitiva, eso también va a redundar en que las víctimas transiten mejor los espacios.
¿Hay chances de poder crear este centro antes de que termine el período?
El próximo paso de la delegación que viajamos es juntarse a poner en común y el deber que nos llevamos fue pensar qué de las cosas que vimos podrían ajustarse, cómo le buscaríamos la vuelta y cómo ponemos en común la información que nos llevamos.
