“¿Cómo hacer para garantizar que las niñas puedan ser niñas?”, preguntó la semana pasada Lucía Pérez Chabaneau, directora ejecutiva de Amnistía Internacional (AI) Uruguay, durante una actividad que celebró los diez años de la emblemática campaña “Niñas, no madres”, y que estuvo enmarcada en la VI Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. “Es una pregunta muy simple” y la respuesta “parece casi obvia”, continuó la socióloga, “pero es sumamente difícil de lograr que esto se cristalice y específicamente en este tema”.
La organización lanzó la iniciativa en 2016 con el objetivo de visibilizar la violencia sexual detrás de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años, y exponer de manera clara que se trata de una grave violación de los derechos humanos. Una década después, referentes del Estado, la academia y la sociedad civil evaluaron “avances, estancamientos y nuevos desafíos” para el abordaje integral de esta problemática, en este evento coorganizado con Iniciativas Sanitarias.
La pregunta disparadora de Pérez Chabaneau atraviesa el informe Niñas, no madres: diez años de una campaña que transforma la vida de las niñas, presentado ese día, que sintetiza el recorrido hecho, expone los logros y aprendizajes, y marca los retos que todavía enfrenta nuestro país en la lucha por erradicar los embarazos infantiles. También recuerda que, a lo largo de la última década, los nacimientos en niñas menores de 15 años descendieron de manera sostenida: pasaron de 120 en 2016 a 29 en 2025, según datos del Ministerio de Salud Pública (MSP). A la vez, detalla que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en esa franja etaria aumentaron progresivamente hasta igualar en 2021 a los nacimientos (58 y 50, respectivamente, sobre 108 situaciones detectadas), lo que refleja que estos embarazos “comenzaron a captarse de forma más temprana” y que “se amplió el acceso efectivo a la IVE para las niñas”.
La directora ejecutiva de AI en Uruguay dijo que, a nivel nacional, “Niñas, no madres” logró un “cambio de mirada” en torno al problema, en tanto “algunos estarán más o menos convencidos”, pero “hoy no hay discusión a nivel público de que los embarazos tempranos en niñas y adolescentes menores de 15 años son una grave violación a sus derechos humanos”. Esto es, entre otras cosas, porque la campaña buscó explícitamente distinguir entre embarazo adolescente, que es aquel que se da entre los 15 y los 19 años, y embarazo infantil, que involucra a niñas menores de 15 años y siempre tiene que abordarse como consecuencia de violencia sexual. Por eso, señala el documento, cada caso “exige preguntarse quién abusó, qué instituciones lo omitieron, y cuál es la responsabilidad del Estado respecto a esa niña en términos de protección, acceso a la Justicia y reparación”.
Pérez Chabaneau destacó que otro elemento que aportó la iniciativa fueron datos sobre el fenómeno. “Cuando comenzó esta campaña, no teníamos matcheado el dato de ‘este embarazo es producto de una situación de violencia sexual’. Hoy sí lo tenemos. Por supuesto, eso nos llevó a la posibilidad de tener una hoja de ruta, de ir conceptualizando y reconceptualizando también de maneras diferentes e ir uniendo las piezas”, valoró la referente de AI, y en ese sentido insistió en que el embarazo infantil es la “punta del iceberg” que esconde “situaciones de abuso, de explotación sexual, de trata” y que, “en síntesis, pone sobre la mesa la desprotección de las niñas y las adolescentes”. Sin desconocer los avances, dijo que “lo más significativo que nos han dejado diez años de esta campaña tiene que ver también con identificar la violencia sexual como una falla sistemática en la respuesta pública”.
En esa línea, aseguró que persisten algunos retos, específicamente en materia de prevención, detección y reparación. Respecto de la prevención, dijo que todavía es un desafío la “ampliación y universalización” de la educación sexual integral (ESI) en Uruguay, y afirmó que si bien “se está creando un plan”, es necesario preguntarse “cuántas comisiones más de trabajo, cuántos planes más de trabajo se van a generar en Uruguay hasta que realmente se pueda implementar de manera universal en el sector público y en el sector privado un plan de ESI”.
En cuanto a la detección y la actuación oportuna, recordó que “contamos con protocolos distintos para el abordaje de las violencias”, pero que “no se aplican de manera coordinada” y que “necesitan ajustes y correcciones”. Sobre la reparación, dijo que la “prueba de fuego” es el acceso a la Justicia y propuso “pensar que la coordinación interinstitucional es una forma de reparación”.
En paralelo, mencionó como otros desafíos la incorporación del sistema privado a la Estrategia Nacional Intersectorial de Eliminación de Embarazos en Niñas y Prevención de Embarazos en Adolescentes 2025-2030, que presentó el MSP en noviembre del año pasado; el fortalecimiento de la Estrategia de Notificación y Análisis de Niñas y Adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo, que la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) empezó a implementar en 2021, y la formación especializada de equipos técnicos, especialmente de los que intervienen a nivel judicial.
La atención desde el sector público y la estrategia nacional
La directora de Salud Sexual y Reproductiva de ASSE, Mónica Gorgoroso, resaltó que desde 2016 Uruguay “ha tenido hitos importantísimos en cuanto a que la política pública ha ido progresivamente haciendo foco en los embarazos en niñas”, y detalló que a partir de 2020, cuando la institución “asume el compromiso” de aplicar el Mapa de ruta para la atención de niñas y adolescentes menores de 15 años en situación de embarazo, se enfrentó con el desafío de “tener que diferenciar claramente lo que es el embarazo en niñas del embarazo en adolescentes”.
“Las niñas no son adolescentes embarazadas y los embarazos en niñas no son embarazos adolescentes, ni tienen el mismo origen ni tienen las mismas estrategias de abordaje. Y eso que parece fácil de decir implica un cambio conceptual trascendente y un cambio de prácticas que no tiene vuelta atrás, pero que requiere un proceso de sensibilización muy importante para que los equipos de salud no solo reconozcan la diferencia sino que obren en consecuencia”, enfatizó Gorgoroso. “Porque las niñas no pueden estar con el papelito de la ecografía esperando en la cola igual que las adolescentes o las mujeres adultas embarazadas. Porque no podemos, detrás de la autonomía progresiva, decir ‘yo te acompaño en la decisión que tú tomes’, y lavarnos las manos y abandonar a esas niñas en un pretendido respeto de sus derechos. Se necesita mucho más compromiso y mucho más entendimiento, empatía y ética para abordar estas situaciones”, agregó.
La referente apuntó que, con la Estrategia de Notificación y Análisis de casos, en los últimos cinco años aprendieron “un montón de cosas”: “Entre ellas, que el embarazo no empieza ni termina nada en la vida de estas niñas. El embarazo llega a la vida de estas niñas cuando la biología se lo permite, pero las condiciones que lo determinan preexisten al embarazo, no se limitan a él, solo se agravan con el embarazo y, si solo nos ocupamos del embarazo y no de la vida de las niñas, nada va a cambiar en su trayectoria. Por eso, una de las lecciones más importantes que hemos aprendido es poner la niña en el centro y no el embarazo en el centro. ¿Qué significa eso para un equipo de salud? Pensar que, aparte de un embarazo, acá hay una niña con una trayectoria frecuentemente vulnerada en todos sus derechos”.
Gorgoroso también reflotó las estadísticas que muestran que, en Uruguay, “seis de cada diez de estas niñas cursan embarazos producto de abuso sexual de progenitores convivientes con edades de entre 13 y más de 70 años”, y que la vida de la mitad de ellas “ha sido judicializada previamente por situaciones de violencia sexual”, lo que refleja que “llegamos tarde y mal a proteger sus derechos”. “Esas niñas están en las escuelas y están en los consultorios de pediatría porque vienen a controlar su salud, o sea que no pudimos percibir [el problema] y protegerlas en el momento adecuado”, agregó la directora.
Señaló además que, “cuando llega el embarazo, más allá de la protección de los derechos que tienen esas niñas para interrumpir esos embarazos y no generar condiciones de maternidad forzada, queda todo un trabajo para hacer para la restitución de los derechos y la reparación del daño”, lo que implica “comprometerse en la trayectoria de vida de estas niñas después”. “La restitución del derecho a la educación, a vivir rodeada de afecto, a cumplir sus sueños, a que efectivamente esta vivencia que le tocó vivir pueda integrarse a su trayectoria pueda resignificarse y pueda transformarse en oportunidades, y no que sea la única vez que alguien se fijó en ella porque estaba embarazada. Eso, que nos ha costado muchos años aprender, sigue siendo éticamente nuestro mayor desafío”, apuntó.
Gorgoroso dijo que otro de los aprendizajes fue conocer que “nueve de cada diez de estas niñas que continúan los embarazos van a tener complicaciones”. En ese escenario, aseguró el aborto terapéutico “es un camino no solo ético y legal, sino que totalmente probable”, mientras que “la continuación de estos embarazos es el peor de los escenarios y es totalmente evitable en la gran mayoría de los casos”.
Por su parte, la coordinadora del Programa de Adolescencia y Juventud del MSP, Magdalena Álvarez, destacó la importancia de la Estrategia Nacional Intersectorial de Eliminación de Embarazos en Niñas y Prevención de Embarazos en Adolescentes presentada a fines de 2025 y dijo que “solamente el nombre” contribuye con “la diferenciación de lo que son los embarazos infantiles y lo que son los embarazos adolescentes y no solamente eso, sino que aspira a poner la declaración que se supone que vamos a trabajar intensamente en lo que es el concepto de eliminación”. En ese sentido, aseguró que “la eliminación es la expresión mínima vinculada a estas situaciones que son, evidentemente, la prueba más cruel de las desigualdades y la deprivación de estas niñas”.
La representante del MSP coincidió con sus compañeras de panel en que “el desafío más grande tiene que ver con poder ir pasos antes” de los embarazos; es decir, prevenirlos. Mencionó así el plan nacional de ESI que está elaborando el gobierno y “una serie de componentes que son ineludibles vinculados a la prevención de las violencias” contra las niñas y adolescentes.
Por otra parte, Álvarez dijo que es una “buena noticia” que los casos de niñas en situación de embarazo hayan disminuido en Uruguay, aunque alertó que esto también “es una advertencia porque muchas veces puede significar que las situaciones de violencia sexual continúen aunque no haya un embarazo”.
El rol de profesionales de la salud y la academia
Verónica Fiol, ginecóloga, docente universitaria y consultora por Iniciativas Sanitarias, señaló que en estos años las y los profesionales de la salud han “repensado” sus prácticas enmarcándolas en que “una cosa es un embarazo adolescente y una cosa es un embarazo infantil”, y que, en ese sentido, el abordaje contempla que “son niñas; niñas que, en su periplo vital, en este momento, por situaciones múltiples que están atravesadas por las vulneraciones y las violencias que las preexisten, están embarazadas”.
Sin embargo, reconoció que “muchas veces a los profesionales de la salud, ginecólogos, parteras, enfermeros, pediatras”, les “cuesta ver esa diferencia”. Contó, a modo de ejemplo, que en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, donde ella trabaja, “hasta hace cinco años, cuando una niña de 13 años estaba embarazada, se la internaba en el Hospital de la Mujer, por el solo hecho de que estaba embarazada”, pero que en el marco de la implementación de la Estrategia de Notificación y Análisis han aprendido “la importancia de reformular el rol del pediatra y de internar a las niñas, cuando lo requieren por su salud, en el Hospital Pediátrico”. “Esto, que parece una cosa lógica y obvia, es clave”, puntualizó.
Por otro lado, Fiol recordó que la ley de IVE aprobada en 2012 “despenaliza el aborto en determinadas circunstancias” y “tiene características que hacen que tenga algunos requisitos que son muy duros”, y que muchas veces se constituyen como “obstáculos” en los casos de embarazo infantil, como los plazos, que establecen la posibilidad de abortar hasta las 12 semanas de gestación o las 14 en casos de violación. “Estos embarazos muchas veces son de captación tardía por las cosas que los atraviesan, por la vergüenza, por la explotación, por la violencia. Entonces, es muy difícil que alcancemos y abordemos embarazos siempre dentro del plazo legal de las 12 semanas”, señaló.
Sin embargo, recordó que la norma dispone una excepción cuando el embarazo pone en riesgo la salud de la mujer y apuntó que los embarazos infantiles, justamente, “son pasibles de la interrupción por salud”. “Estamos trabajando en ese sentido y tenemos que seguir fortaleciendo la capacitación y la formación de los profesionales” y también de “nuevas generaciones de médicos, médicas, ginecólogos y ginecólogas”, dijo Fiol, para “lograr que los profesionales de la salud dejemos de ser parte del problema y pasemos a ser parte de la solución”.
