Un grupo de 15 ex presas políticas y familiares de algunas de ellas presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una petición que denuncia detenciones ilegales y arbitrarias, torturas y violencia sexual sufridas durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay. Las denunciantes solicitan que el organismo declare la responsabilidad del Estado uruguayo en los hechos y recomiende, entre otras medidas, la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables, así como una reparación integral con perspectiva de género.
El petitorio fue presentado por la abogada Flor de María Meza Tananta y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), 15 años después de que las mujeres –que en ese entonces conformaban un grupo de 28– denunciaran colectivamente violencia sexual y otras formas de tortura durante el terrorismo de Estado ante la Justicia uruguaya, sin obtener todavía una resolución definitiva y con la mayoría de los responsables sin haber sido juzgados ni sancionados. Las denunciantes afirman que la violencia ejercida contra ellas no constituye “hechos aislados ni indiscriminados, sino que forman parte de un patrón de violencia ejercido específicamente contra las mujeres por su condición de género”, caracterizado por ataques contra “sus cuerpos, su sexualidad y sus vínculos maternos y familiares”.
“Queremos vivir en un país que nos escuche y que tenga la capacidad de remediar la injusticia y la reclamación que es nuestro derecho”, dijo este jueves Graciela Nario López, en representación de las denunciantes, durante la conferencia de prensa que se organizó para anunciar el recurso. Denunció que el tiempo transcurrido, y por el que todavía aguardan por una respuesta, “solo agrava los impactos de las violaciones” ejercidas, por lo que “cada día que pasa es una injusticia”.
Nario López agregó que la violencia ejercida contra ellas constituye un crimen de lesa humanidad cuyo objetivo era “degradar, humillar y destruir ideológicamente a las mujeres por su doble condición de transgresoras y militantes”, por lo que la violencia de género resulta “clave” a la hora de entender “la visión que tenían quienes llevaban adelante el proceso dictatorial”. También para “transformar la cultura de convivencia a futuro”, de manera que “las nuevas generaciones no tengan que vivir situaciones de violencia de ninguna naturaleza”.
“¿Cuánto sentido del deber hay que tener para interrogar a las mujeres desnudas, para abusarlas [y] para colgarlas?”, interpeló. Y afirmó: “Hablar [y] denunciar implicó reconocer la existencia del hecho del que hemos sido víctimas, y nos permitió salir de ese lugar y pasar al lugar de sujetas de derecho”.
Por su parte, Jacqueline Gurruchaga, también representante de las denunciantes, explicó que la denuncia original –cursada en 2011 tras la aprobación de la ley de restitución de la pretensión punitiva del Estado– identifica un total de 102 victimarios que cometieron los abusos en 20 puntos del país. Actualmente, solo dos se encuentran procesados.
Denunció que, a pesar de que las prácticas empleadas son muestra del “ensañamiento de los agentes de la represión” contra ellas “por su condición de mujeres”, las propias víctimas fueron sujeto de artificios legales por parte de “los denunciados y sus abogados” para empantanar el proceso, algo que ocurrió bajo el amparo de la Justicia e involucró su revictimización. “Seguimos siendo las mujeres denunciantes víctimas del terrorismo de Estado quienes debemos presentar evidencia de cada uno de nuestros victimarios”, apuntó.
Gurruchaga resaltó que, dado su prolongamiento, cuatro de las denunciantes fallecieron desde que comenzó el proceso y puntualizó que en la medida en que el Estado no responsabilice a sus agresores, la impunidad derivada de eso intensifica “la subordinación y la impotencia de quienes sufren violencia” y termina por normalizar las “pautas del comportamiento violento” hacia las mujeres.
Por otra parte, expresó el anhelo de que el recurso interpuesto ante la CIDH permita “acompañar y profundizar las acciones que obliguen a generar políticas públicas hacia el futuro para intentar así que nunca más haya terrorismo de Estado en Uruguay”. “Hasta tanto no se condenen estos crímenes y se reconozcan como tales por parte del Estado, las garantías de no repetición no estarán dadas”, concluyó.
Johanna González, abogada del Cejil, detalló que los ejes de la petición presentada tienen que ver con “que se reconozca la violencia sexual que han sufrido las ex presas políticas como tortura”, como “discriminación basada en género” y como “crímenes de lesa humanidad”. A la vez, la solicitud pide que se declare a Uruguay “responsable internacionalmente” por estos hechos y por “las omisiones de las autoridades que estaban llamadas a investigarlos, juzgarlos y sancionarlos” y que “se repare integralmente” a las víctimas.
Un largo proceso por justicia y contra la impunidad
Flor de María Meza, abogada de las denunciantes, hizo un repaso por los años que separan la presentación de la petición de la apertura de la causa penal en la Justicia uruguaya en 2011, un proceso que incluyó varias actuaciones ante múltiples organismos internacionales de derechos humanos.
Mencionó, así, el Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), que en 2016 expresó su preocupación ante “la falta de procesos destinados [a] establecer la verdad”. Recordó que, frente a la ausencia de avances, en 2023 el mismo comité volvió a solicitar que el Estado “asegure que los casos” se investiguen y las autoridades “enjuicien, castiguen con prontitud” y ofrezcan reparación a las víctimas.
En tanto, en 2021, las denunciantes entregaron a la CIDH un documento que derivó en un exhorto al Poder Judicial a que “haga lo necesario” y “actúe conforme a su deber de debida diligencia”, entre otros aspectos, sumado al hecho de que “debe enviar la debida diligencia en la investigación de casos de violencia sexual y, sobre todo, en la valoración que debe hacerse del testimonio de las víctimas y la importancia de la no victimización”.
Un año después, en otro insumo presentado en ocasión del examen periódico del Comité contra la Tortura en Uruguay, las víctimas volvieron a plantear “la situación de impunidad judicial”, así como “la revictimización con la ausencia de perspectiva de género en el acceso a la Justicia”.
Las 15 denunciantes son Anahit Aharonian Kharputlian, Ana Amorós Alonso, Lucía Arzuaga Gilboy, Jacqueline Gurruchaga Gómez, María Ivonne Klingler Larnaudie, Blanca Luz Menéndez Mariño, Silvia Sena Meneses, Gloria Telechea Mondino, Beatriz Myriam Weismann Blus, Antonia Yañez Barros, María Herminia Ferraro, Graciela Nario López, María Corina Iriondo, Alicia Blanco Álvarez y Mirta Macedo Corbo, quien falleció en julio de 2012.
