La jueza de 26º turno Ana de Salterain y el fiscal Gilberto Rodríguez tomarán declaraciones a partir de la semana que viene a siete personas por la causa que investiga torturas en la sede del Cuerpo de Fusileros Navales entre 1972 y 1985. Si bien se trata de un crimen de lesa humanidad, el fiscal especializado en la materia Ricardo Perciballe decidió excusarse por conocer a una de las víctimas, por lo que la causa fue derivada a la fiscalía penal de 2º turno.
La denuncia fue presentada por los abogados Pablo Chargoñia y Florencia Retamosa en 2012 y presenta el testimonio de más de 40 víctimas del terrorismo de Estado, que estuvieron detenidos y sufrieron torturas en ese predio militar, que funcionaba en el Puerto de Montevideo.
La jueza convocó a cinco audiencias entre el miércoles 30 de setiembre y el jueves 8 de octubre, en las que serán indagados José Gavazzo, Jorge Gundelzoph, Omar Lacasa Antelo, Felipe Viacava y Raúl Lecumberry, entre otros.
El abogado denunciante Pablo Chargoñia dijo a la diaria que la causa aún se encuentra en etapa de presumario, debido a que diferentes recursos y estrategias de la defensa retrasaron las audiencias. Entre ellos está el pedido de clausura del expediente por prescripción, que fue rechazado por la fiscal Raquel González y la jueza Julia Staricco por considerarlos crímenes de lesa humanidad.
“Estamos ante uno de los casos en los que las víctimas reclaman justicia desde hace muchísimos años. Es importante que la Justicia esté a la altura de esos graves hechos históricos y se realice de una buena vez algo de justicia”, afirmó Chargoñia.
El abogado señaló que las víctimas fueron “abusadas y vivieron circunstancias muy graves de trato inhumano y cruel aplicados metódicamente por elementos de la Armada”. “Lo padecieron ellos, lo padecieron sus pequeños hijos cuando fueron a visitarlos”, agregó.
En la causa ya declararon decenas de víctimas, principalmente militantes del Movimiento de Liberación Nacional y del Grupo de Acción Unificadora, que dieron cuenta de tratos inhumanos y crueles durante su detención.
Una de las pericias que se realizaron en la investigación judicial fue la inspección ocular a cargo de la jueza Julia Staricco, que llevó el caso varios años. En esa instancia, Staricco contó con el testimonio de 20 víctimas que en octubre de 2014 recorrieron las instalaciones, que ahora funcionan como depósito de la Armada.
Si bien existieron modificaciones arquitectónicas, las víctimas lograron reconocer los lugares de detención, donde se ejercía una práctica sistemática de la tortura con poco acceso a la luz solar. Algunas víctimas estuvieron hasta cinco años recluidos en el centro clandestino.
El Fusna es considerado una pieza clave en la persecución, la tortura y la desaparición de víctimas de terrorismo de Estado en el marco del Plan Cóndor. En la denuncia se adjuntan declaraciones del ex comandante en jefe de la Armada Juan Fernández Maggio, quien atribuyó al Fusna “una misión muy específica: mediante investigación propia o datos que se le pasaban, tenía la misión de hacer allanamientos, detener, investigar e interrogar a personas vinculadas a la sedición”.
Según la investigación de la Fiscalía en la causa que investigó a Gregorio Álvarez y Juan Carlos Larcebau por decenas de homicidios, el cuerpo de fusileros navales actuaba de forma muy compartimentada con el Departamento de Inteligencia y existía un vínculo directo entre el enlace de inteligencia, el comandante de la unidad y el comandante en jefe, particularmente entre 1976 y 1978.
“Cuando se practicaba alguna detención, los detenidos eran entregados al S2 y los oficiales que habían participado en dicha detención no tenían contacto con ellos hasta que eran trasladados a algún centro de reclusión. Esa compartimentación fue muy alta durante el período mencionado”, señala el escrito.
La denuncia también abarca a la Prefectura Nacional Naval que intervino en casos de detenciones de militantes. Según la investigación de la fiscalía, Prefectura integraba formalmente la Armada Nacional desde 1973, pero su integración efectiva no se concretó hasta 1990, lo que le permitió actuar con cierta independencia.