El 27 de julio de 2020, una mujer de 23 años presentó una denuncia por abuso sexual contra su tío ante la Fiscalía de Paysandú, según un informe presentado por Informativo Sarandí. Según consigno ese programa, cuando la mujer tenía ocho años, en la casa de su abuela, el hombre, que tenía 20 años en ese momento, abusaba sexualmente de ella de forma asidua.
Los abusos ocurrieron durante meses, hasta que el ahora denunciado ingresó a la Escuela Nacional de Policía. Actualmente, Leandro Giménez tiene 33 años, es oficial principal (grado seis de diez de la Policía) y se desempeña como encargado de la Brigada Departamental de Seguridad Rural Zona Operacional II. 17 años después, la niña, que ahora es una mujer, pudo presentar una denuncia contra él. Tras la denuncia, la Justicia aplicó medidas cautelares de restricción de acercamiento y de comunicación por 180 días.
Según el Decreto 111 del año 2015, que establece el protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y/o de género en el ámbito del Ministerio del Interior, se deben tomar medidas cuando un policía es denunciado. Los pilares del decreto son la prevención, la atención, la sanción al culpable y la reparación a la víctima.
Entonces, cuando un policía recibe una denuncia por violencia de género se desatan una serie de medidas inmediatas. El protocolo establece medidas administrativas, sancionatorias y reparatorias. Entre las sanciones está el retiro obligatorio y preventivo del arma de reglamento.
Sin embargo, sobre Giménez no pesaron medidas sancionatorias. Según informó la radio Sarandí, el comisario general retirado Martín Botto, quien actualmente es jefe de Policía de Río Negro, no instruyó sanción alguna para este oficial. En cambio, Botto hizo una solicitud formal dirigida a la Dirección de Políticas de Género del Ministerio del Interior, a cargo de Angelina Ferreira, pidiendo directivas.
Desde esta dirección se envió un perfil del policía, en el que se da cuenta de que tiene una denuncia previa por violencia doméstica de otra mujer y otra por hostigamiento de un subalterno. En el informe, al que accedió Sarandí, se consigna además que Ferreira indicó al jefe de Policía de Río Negro que debía tomar medidas. Pero esto nunca pasó.
Al contrario, se informó que Botto dio la orden verbal a Gustavo Dutra, encargado departamental de Violencia de Género de Río Negro, de que no se tomaran medidas con este policía. Ante esta situación, Dutra envió un correo electrónico a Botto para dejar por escrito los hechos: “Atento al correo Zimbra [correo interno del Ministerio del Interior] suyo recibido el día 28 de julio en referencia al oficial principal Giménez solicito a usted directivas en cuanto a su tenor, a los efectos y teniendo en cuenta lo conversado con usted en la reunión de trabajo del día 31 de julio”, en la que Botto le dijo que “no haga nada”.
Premiado
Además de que no se tomaran medidas sancionatorias y se incumpliera el protocolo establecido para policías denunciados por violencia doméstica y de género, Giménez fue premiado.
Cada 18 de diciembre, fecha en el que se celebra el Día del Policía, el Ministerio del Interior entrega reconocimientos a policías que, entre otras cosas, “sobresalieron en su dedicación al cumplimiento de la misión”.
En 2020, en el aniversario 191° de la Policía, cuando hacía cinco meses que Giménez había sido denunciado por reiterados delitos de abuso sexual, el Comando de Jefatura de Río Negro reconoció a dos policías porque “sobresalieron en su dedicación al cumplimiento de la misión”. El premio Jefe de Policía fue para Giménez como encargado de la Brigada de Seguridad Rural del departamento.
El mensaje de la mujer
La mujer denunciante posteó en sus redes sociales: “Hace ya un año realicé una denuncia por abuso al individuo de iniciales LMGG quien por muchos años se hizo llamar mi tío. Un hecho que se dio hace años, pero como los abusos tienen eso, de darse de diversas formas, hasta siniestras en el cálculo para su ejecución efectiva, me costó muchas cosas poder sacarlo a la luz. Porque no es fácil lo intrafamiliar”.
Agregó que pasó “por muchas instancias dolorosas y me toca hasta el día de hoy cuando él realizando sus tareas como policía no deja de sacarme los ojos de encima haciéndome sentir tantas cosas, acosada”, aseguró. Y agregó: “Yo sigo sin respuestas a lo que me pasó y recurro a hacerlo público para que mi voz, como la de tantas otras, no sea opacada por una Justicia que no da respuesta de ningún tipo”. “Incluso afirmo que hay más víctimas de este abusador que sigue campante en sus actividades”, sentenció. Y concluyó: “Quiero Justicia, porque lo merezco, lo necesito, porque es mi derecho, porque duele”.
El policía fue formalizado el 3 de setiembre por reiterados delitos de atentado violento al pudor agravado, por los delitos ocurridos hace más de diez años. Fue formalizado con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y de presentación en la seccional policial. Se determinó que ahora no había riesgos procesales para la causa, más allá de que la fiscalía solicitó la prisión preventiva. Si bien el hombre es de Río Negro, la denuncia fue presentada en Paysandú y por eso el caso lo llevó adelante la Fiscalía de 1º turno de ese departamento, a cargo de la fiscal Carolina Martínez.
Tras este hecho, Sarandí informó que se inició un sumario administrativo.
Desde el Ministerio del Interior se informó a la diaria “que se está evaluando toda la situación antes de tomar una decisión”. Se agregó que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dispuso el 23 de setiembre “suspender al oficial principal y la retención total de sus haberes mientras dure su sometimiento a la justicia penal”.
Sobre el decreto para policías en caso de violencia doméstica y de género
En el decreto 111 se plantea que “la violencia doméstica y/o de género perpetrada por o hacia personal del Ministerio del Interior constituye un comportamiento inaceptable que, además de ocasionar daño a la salud mental y física de las personas y a su bienestar general, contraviene los principios y cometidos de un organismo mandatado para la prevención del delito y el mantenimiento de la seguridad pública, y por tanto será considerado falta grave”. Y por eso, “dada la naturaleza jurídica, la posición y finalidad institucional asignada a la Policía”, el Ministerio del Interior adopta la guía de actuación interna establecida por dicho protocolo.
Cabe su aplicación a todo el personal de la secretaría de Estado independientemente de la naturaleza del vínculo. Se entiende como un factor de riesgo el porte de armas de las personas y que es un “desvío de carácter ético” del que se debe salvaguardar a la institución.
Como principios y garantías, se plantea que es obligatorio que se denuncie de manera inmediata todo acto de violencia doméstica y/o de género que involucre al funcionariado de la institución. Establece que las actuaciones a partir de la denuncia tendrán carácter reservado. También plantea que cuando se denuncia a un policía, se debe dar el mismo tratamiento, sin privilegios ni distinciones. Además, asegura que el no cumplimiento de estos principios conlleva la aplicación de medidas disciplinarias y constituirá falta grave.
El protocolo establece sanciones disciplinarias para los funcionarios del Ministerio del Interior denunciados por violencia doméstica y de género. Se instrumentaron además “medidas reparatorias administrativas a las víctimas, sea de prevención, habilitación, etcétera”.
Para las sanciones se valora además: la reincidencia en situaciones de violencia doméstica y/o de género de la persona ofensora; el grado y cargo jerárquico que reviste la persona ofensora (cuanto más alto mayor gravedad tiene); el incumplimiento de medidas cautelares; el uso del arma en la situación de violencia doméstica y/o de género, entre otras.
Una vez culminada la investigación administrativa, y constatada la responsabilidad en la situación de violencia doméstica, se considerará “falta grave”, lo que según la normativa de la función pública implica el sometimiento a un sumario.
.