Martín Botto renunció a su cargo de jefe de Policía de Río Negro la semana pasada, tras no haber aplicado las medidas que correspondían en el caso del oficial principal Leandro Giménez, encargado de la Brigada de Seguridad Rural de Río Negro, que fue denunciado por su sobrina por abuso sexual.
La mujer denunció que la violaba cuando era una niña. Quince años después, el 27 de julio de 2020, logró denunciarlo.
Cuando un policía es denunciado por violencia doméstica o de género, se debe aplicar el Decreto 111/015, que plantea medidas preventivas en todos los casos, sin excepción, e independientes de las resoluciones que adopta Fiscalía.
Giménez fue formalizado con arresto domiciliario por reiterados delitos de atentado violento al pudor. La Justicia aplicó medidas cautelares de restricción de acercamiento y de comunicación por 180 días. Luego de la formalización, fue sumariado con separación del cargo el 26 de setiembre de 2021. Es decir, durante 14 meses no se llevó a cabo ninguna acción por parte del Ministerio del Interior (MI).
Respecto a Botto, Heber dijo: “El jefe de Policía de Río Negro fue y es un gran jefe. Ha actuado con una gran gestión en el departamento. Pero hubo errores en el procedimiento que se pagan, lamentablemente”.
Contrario a lo que plantea el decreto, Botto dijo a Subrayado que para tomar medidas administrativas estaba esperando por Fiscalía: “Según tenemos conocimiento, el hecho habría ocurrido hace 15 años. El hombre era civil en aquel momento, la denunciante era menor de edad. Eso está en Fiscalía. Yo entendí que, para no interferir en el trámite judicial, iba a esperar que hubiera una comunicación oficial de la Fiscalía, que ocurrió este año, cuando lo formalizan. En ese momento sí se aplican todos los procedimientos administrativos, en este caso un sumario con separación del cargo y con la retención de medio sueldo”.
Botto aseguró que “en ningún momento hubo intención de ocultar ni interferir en la investigación judicial”. Agregó que “la parte administrativa y la judicial o fiscal son totalmente independientes, en ningún momento tuve comunicación con Fiscalía, ni con jueces ni con nada. Ni siquiera con el propio funcionario denunciado, mucho menos con la denunciante”.
“Lo hice por todas las que no pueden denunciar”
Patricia Sosa hoy tiene 24 años. Se animó a denunciar a su tío 15 años después de haber sido abusada. Aceptó una entrevista con Informativo Sarandí tras escuchar los dichos de Botto en prensa, en los que “se victimiza” y la “revictimiza” a ella.
En diálogo con radio Sarandí, contó: “A los ocho años estaba pasando por un momento complicado en mi vida. Mis padres se estaban separando. Estuve un mes viviendo en la casa de mi abuela materna y ahí frecuenté más el hogar de mi abuela, que era mi refugio, pero, a su vez, la boca del lobo”.
Hace dos años se lo cruzó y eso la movilizó: “Lo vi de lejos y me pregunté: ‘¿Le dará lo mismo?’ Esa pregunta me quedó haciendo ruido, después fue como que eso quedó ahí, como que fue un clic”. Se animó a contárselo a una amiga, que la conocía desde pequeña.
“Pude hacerlo porque sé que la persona que agrede sexualmente a otra persona no tiene una víctima sola, entonces pensé en cuántas víctimas más tendrá él, en cuántas pueden hablar. Y también en todas, porque cuántas mujeres hay que tienen un abusador y que no tienen para denunciar. Lo hice por mí y por todas las que no pueden denunciar”, dijo.
La mujer aseguró que “nunca es tarde para hablar, con la verdad, por más que haya poco o mucho para poder demostrar o que pasen muchos años”. “Yo sé que todas las víctimas tenemos nuestros tiempos, pero al hablar podemos estar ayudando a un montón de gente que, por alguna razón, no está preparada. Al hablar podemos lograr muchas cosas, no es fácil, el camino es muy duro”, agregó. Dijo que no lo contó antes porque “no quería aceptar que había sido abusada sexualmente”.