La Policía tiene en uso miles de chalecos antibalas vencidos. Hay unos 20.000 funcionarios policiales a quienes corresponde usar chaleco antibalas. Según información de la página web del Ministerio del Interior (MI), en 2020 se tendrían que haber destruido 15.000 chalecos antibalas, que deben cambiarse a medida que se van venciendo.
Un chaleco antibalas tiene alrededor de cinco años de duración. Cada cinco años debe ser renovado para conservar sus propiedades de protección. Pasada la vida útil, el equipo se vence y su efectividad se ve reducida.
Para la reposición de chalecos, a fines de 2019, la anterior gestión inició el proceso de una compra de 9.000 chalecos de la marca Xinxin a China. Cada chaleco tenía un valor de 259 dólares, un costo competitivo en el mercado. La compra se estimaba en unos 2.331.000 dólares. La importación, que debería haber llegado a fines de setiembre de 2020, fue frenada y desestimada por las nuevas autoridades del MI.
Tres días después, el exministro del Interior Jorge Larrañaga anunció en una conferencia de prensa la compra de 8.000 chalecos antibalas para sustituir los que estaban vencidos. No se hizo mención a los 7.000 que faltaba para completar los 15.000 que debían haber sido destruidos en 2020 por estar vencidos.
Denuncia ante la INDDHH
El 26 de febrero de 2021, días antes de hacer pública la situación, Sipolma había presentado una denuncia ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que fue respondida este mes. Se señalaba puntualmente la existencia de chalecos antibalas vencidos en uso en la Jefatura de Policía de Maldonado. La situación fue considerada por el organismo. Según consta en la resolución de la INDDHH, a la que accedió la diaria, en la denuncia se adjuntan fotos de grifas que lucían las fechas de vencimiento de los chalecos.
La INDDHH solicitó al MI conocer qué medidas habían tomado o estaban previstas tomar para reponer los chalecos antibalas vencidos. El MI acusó recibo e informó que había solicitado la información a la Dirección de la Policía Nacional. Pero vencieron los plazos y no respondieron a la INDDHH. Sipolma reiteró el pedido de que se hagan las gestiones necesarias para que el MI retire “en forma inmediata los chalecos antibalas vencidos” y entreguen equipamiento “vigente”.
Según consta en la resolución, durante el trámite de la denuncia, en mayo, el MI informó en su página web sobre un “respaldo material” a la Policía con la compra de 8.000 chalecos antibalas, “5.000 de los cuales ya han llegado y se esperan los restantes para las próximas semanas”. Para ese entonces ya había unos 9.000 chalecos vencidos en circulación.
La INDDHH consultó a Sipolma acerca de este anuncio. El sindicato policial respondió que “en ningún momento el MI ha tenido la voluntad y responsabilidad de retirar los chalecos antibalas vencidos”. “Simplemente lo informa en su página, pero no cumple en brindar seguridad a sus trabajadores dando la orden de que sean retirados de inmediato los casi 11.000 chalecos vencidos”, resaltaron, y enfatizaron en que “llegaron sólo 5.000”, cuando se necesitaban 15.000 para cubrir los vencidos al cierre de 2020.
Para Sipolma, respecto de la compra a China que inició la gestión anterior, “por razones políticas se ha puesto en riesgo la vida de los policías”. “Como consecuencia de nuestros reclamos, se volvió a comprar a la misma empresa china los chalecos que se habían rechazado”, afirmaron.
La INDDHH remitió dos consultas al MI: sobre si era cierto que estaban en uso 11.000 chalecos antibalas vencidos en ese momento y si se había dejado sin efecto la compra de 9.000 chalecos a China. Pero el MI no respondió. Esta situación se reiteró: la INDDHH envió tres veces las consultas, sin recibir respuesta del MI.
Seis meses después, fuera de los plazos, se recibió una respuesta parcial: se informó que la Dirección de la Policía Nacional se había contactado con las autoridades de la cartera por la reposición de chalecos para la Jefatura de Maldonado y que se había hecho una solicitud en junio del año pasado anunciando el vencimiento de 370 chalecos.
Recién en mayo de este año se procedió al recambio de los chalecos vencidos en Maldonado. Sipolma reiteró en su denuncia la “omisión y demora por parte del MI en el recambio de chalecos”, lo que, afirman, “puso en riesgo la vida” de los policías. El sindicato policial destacó que “hubo una omisión del MI en la protección de sus funcionarios, lo que es una falta gravísima por parte del Estado”.
Consideraciones de la INDDHH
La INDDHH expresa que “el propio MI ratifica la existencia de un importante número de chalecos antibalas cuya vida útil expiró en el año 2020”. En la resolución se cita el registro que lleva el Departamento de Armamento, Balística y Equipos Policiales (Dabep) del MI. El Dabep se encarga de la administración interna, el control y la distribución del equipamiento policial.
Reglamentariamente, el equipamiento policial que debe ser proporcionado obligatoriamente consta de: armamento, munición, elementos de protección y otros materiales relacionados. Por elementos de protección se refiere a “aquellos destinados a proteger la integridad física del personal, tales como escudos, cascos, esposas de seguridad, chalecos antibalas, etcétera”.
Desde la INDDHH se plantea que “esa información oficial del Dabep debe contrastarse” con la información que refiere a la compra de 8.000 chalecos antibalas, de los que a la fecha sólo habían llegado 5.000.
La INDDHH entiende que debe velarse por la integridad y que toda persona tiene derecho a ser protegida contra agresiones que puedan afectar o lesionar su cuerpo. Enfatiza en que en este caso en particular, este derecho “se completa con la obligación del Estado de proteger y garantizar los derechos comprometidos en las políticas de seguridad ciudadana: equipar y capacitar a los integrantes de sus fuerzas policiales en forma adecuada para cumplir con la necesidad de un servicio profesional, eficaz y eficiente”. Para la INDDHH, el incumplimiento “pone en peligro la integridad física y la vida” de los policías.
Respuesta insuficiente
La INDDHH cataloga la respuesta del MI como “insuficiente a la luz de la propia información que el organismo brindó a la población”. El organismo plantea que “si bien en el caso concreto de Maldonado se contestó que se habían repuesto cerca de 380 chalecos, nada se dijo respecto del faltante de cerca de 10.000 chalecos vencidos”. “Esa suma, cerca de 10.000 chalecos vencidos en el año 2020, fue informada por el MI en el año 2018”, señalaron, y agregaron que también lo alertó Sipolma.
Se puso en riesgo a policías
La INDDHH no tiene dudas de que se puso en riesgo a policías: “A juicio de la INDDHH existen elementos de convicción suficientes para entender que ha habido por parte del MI una vulneración al derecho a la integridad física de los efectivos policiales que utilizan chalecos antibalas como parte de su equipamiento por la demora en retirar aproximadamente 15.000 elementos vencidos y de los cuales sólo se repusieron 5.000, todo según cifras informadas por el propio MI”.
Agregaron que “se suma a estas conclusiones las expresiones de la organización denunciante no controvertidas por el silencio de la administración”. Según la INDDHH, esta vulneración “se mantendrá hasta tanto no se renueven estos elementos de protección”.
Se recomienda tomar medidas
De acuerdo a las pruebas recabadas, la conclusión es que “existió y existe una vulneración del derecho a la integridad física por peligro” de los policías equipados con chalecos antibalas “cuya vida útil expiró” y que aún no fueron reemplazados.
Por eso, recomienda al MI que “en un plazo prudencial tome las medidas necesarias para garantizar la integridad física” de los policías. En este sentido, se solicita que se informen las medidas a tomar en un plazo de 15 días hábiles y se pide en particular el “calendario de entrega de chalecos en todo el territorio nacional”. Además, la INDDHH le recuerda al MI que según el artículo 72 de la Ley 18.446, tiene la “obligación” de colaborar con este organismo y debe hacerlo “en tiempo”.
La resolución está firmada por el presidente del organismo, Juan Faroppa, y las directoras Mariana Mota y Josefina Plá. Mariana Blengio, por su parte, votó discorde a la resolución por considerar que faltan pruebas y peritajes.