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En abril de 2004, en el liceo 13 de la Curva de Maroñas, un adolescente, en aquel entonces de 13 años, llevó varias veces un arma de su hermano que era policía al centro de estudios. En más de una oportunidad, amenazó a varios de sus compañeros.
“Arriba las manos, Fiorella. Contra la pared, soy la Policía”, fue una de las amenazas del adolescente a una de sus compañeras. Días después, disparó el arma y una bala impactó en la columna de Fiorella, que quedó paralítica.
Fiorella Buzeta es hoy edila del Frente Amplio y Marcos Chiappa es el policía de la Guardia Republicana que protagoniza el video de abuso policial que se hizo viral en los últimos días.
Chiappa estuvo privado de libertad en 2004 por un delito de lesiones graves. Pasó 90 días recluido en el Centro Desafío del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil (Interj), hoy Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).
En el video que circuló se observa como Chiappa maltrata, amenaza y golpea varias veces a un adolescente, al que presiona junto a otros policías para que borre un video de su celular.
También le dice a otro de los adolescentes: “Me calienta, yo te estoy diciendo que te pongas ahí”. Y lo patea para que se abra de piernas. “Hasta que no vengan los policías con los que ustedes estaban de vivos se van a quedar así”, les dice.
El Ministerio del Interior inició un sumario con separación del cargo a Chiappa. Hoy entregó el arma. No estará en funciones hasta que se resuelva su situación.
Sobre los antecedentes penales para el ingreso a la Policía
Los antecedentes judiciales y administrativos de los adolescentes se eliminan cuando cesa la medida o una vez cumplidos los 18 años.
Hay delitos que están exceptuados de esta norma: violación, rapiña, copamiento, secuestro, y el homicidio intencional en todas sus variantes. En estos casos, cuando se dicta la sentencia, la Justicia puede imponer -como pena accesoria- la conservación de los antecedentes para que si vuelve a cometer un delito luego de los 18 años no sea considerado primario.
En todos los casos, los antecedentes judiciales de adolescentes se eliminan pasados los dos años de la mayoría de edad o dos años después del cumplimiento de la pena, cuando se extiende más allá de los 18 años.
En el caso de los adultos que cometen delitos luego de los 18 años, una vez que las personas cumplen su pena, deben cerrar su causa en el juzgado posteriormente. Esta información es derivada a Policía Científica, quien se encarga de la emisión del Certificado de Antecedentes Judiciales (CAJ). Si la causa está cerrada, el CAJ se emite sin registro de los antecedentes.