En la última semana, policías mataron a cuatro personas en distintos procedimientos policiales. Los hechos: un policía se resistió a rapiña y hubo un tiroteo en el que murió un hombre de 29 años ajeno al hecho, que esperaba un ómnibus en el barrio Maracaná; policías mataron a un hombre de 24 años desarmado en una persecución policial en avenida Italia y Centenario; un policía vestido de particular mató a una persona de 23 años que intentó robarle en Toledo, en Canelones y policías mataron a un hombre de 26 años que se atrincheró en una pensión en el barrio Cordón, en Montevideo.
Los tres hechos que ocurrieron en Montevideo son investigados por la Fiscalía de Homicidios; Mirta Morales es la fiscal a cargo de los casos. El que ocurrió en Canelones está a cargo de la Fiscalía de Pando, con Alicia Ghione al frente.
Ante una muerte violenta, la Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar el hecho. Según dijo Morales a la diaria, “siempre que hay un muerto de manera violenta se investiga el caso y después se ve si existe una causa de justificación, como una legítima defensa, o si no existe una causa de justificación”. Eso cabe también cuando muere una persona que comete o intenta cometer un delito, resaltó la fiscal. “Se investiga porque es una muerte violenta. Toda persona en este país tiene derecho a que se investigue si una bala le atraviesa el cuerpo”.
Si existe una causa de justificación, como es un accionar policial dentro de la norma, el caso se archiva y los policías indagados son sobreseídos. Las muertes en este marco no se cuentan dentro de las estadísticas de homicidios. Si se determina que fue un homicidio, los policías son acusados por ese delito.
Respecto a los hechos de la última semana, Morales planteó que “por ahora, no hay resolución de ninguno”. “Estamos avanzando, pero aún no hay resolución”.
Los hechos
Un policía se resistió a una rapiña en barrio Maracaná e inició un tiroteo, por el que murió un hombre de 29 años ajeno al hecho que estaba esperando un ómnibus. Su pareja, que estaba junto a él, recibió un impacto de bala en una pierna, y una de las personas que intentó robarle también recibió un balazo.
A través de la pericia del lugar y de la autopsia se intenta determinar de qué arma salió la bala que mató al hombre que esperaba el ómnibus. Diego Pérez, fiscal de Flagrancia que actuó en primera instancia, dijo a la diaria que “por lo menos hay dos armas que están vinculadas a los hechos y que fueron disparadas: la del policía y la de la persona que está detenida”. El caso fue derivado a la Fiscalía de Homicidios.
La pareja del hombre asesinado habló con la diaria. Según su relato, “el policía empezó a disparar para todos lados, justo para donde estábamos nosotros”. No se identificó y no les prestó asistencia tras herirlos.
Otro caso fue el que involucró una persecución policial por avenida Italia, en la que policías le dispararon a un joven de 24 años, que murió a raíz del impacto de una bala en la cabeza. Iba en un BMW gris. La persecución empezó en la zona del monumento a Luis Batlle (bulevar Artigas y José Pedro Varela) y terminó en avenida Italia y Centenario. El hecho fue registrado por las cámaras de la Intendencia de Montevideo.
En el video se observa a cuatro patrulleros que lo persiguen por avenida Italia. Cuando llegan a la mencionada intersección, a contramano, uno de los cuatro móviles se acerca por la izquierda y se pone a la par. Los otros tres patrulleros lo rodean. El policía que iba como acompañante saca el arma por la ventana y, a menos de dos metros, le dispara en la cabeza.
Los policías dijeron que el joven “estaba armado” y por eso dispararon, pero no se encontró arma en el auto. Los efectivos están detenidos y el caso se investiga como un homicidio.
La mamá del joven asesinado dijo a Subrayado que su hijo la llamó dos veces durante la persecución. “Mamá, la Policía me está persiguiendo”. Ella le dijo que frenara, pero explicó que él no quiso hacerlo porque “le tenía miedo” y “no confiaba” en la Policía. “Hoy está todo tan violento que el miedo era que la Policía le tirara”, expresó la madre.
La Fiscal de Homicidios Mirta Morales, que investiga el caso, solicitó medidas cautelares por 120 días para los dos policías que iban en el móvil del que provino el disparo que mató al hombre. Se dispuso fijación de domicilio, prohibición de salir del país y no acercamiento a la madre de la víctima.
El otro hecho que se investiga ocurrió en Toledo, Canelones. Un policía vestido de particular circulaba por la calle tras bajarse de un ómnibus cuando vio que tres personas caminaban detrás de él. Relató que iban a robarle, contó que se identificó como policía y comenzaron un tiroteo.
El policía mató a una de las personas, que tenía 23 años. Las otras dos personas fueron detenidas en el lugar por el funcionario. En la escena se incautó el arma de reglamento del policía y otra arma que pertenece a una de las personas que intentaron robarle.
Los tres involucrados (el policía y las dos personas que intentaron robarle) quedaron a disposición de la Justicia. La fiscal de Pando Alicia Ghione está a cargo del caso.
Por último, también esta semana un policía mató a un hombre en una pensión en Cordón. El hombre de 26 años se atrincheró en la pensión en la que vivía, y los vecinos llamaron a la Policía por un incendio en su habitación. La Policía llegó al lugar e intentó reducir al hombre, pero este “se resistió y los atacó con cuchillos”. Funcionarios plantearon que “no pudieron reducirlo” y por eso le dispararon.
Mario D’Elia, jefe de Policía de Montevideo, dijo a Subrayado que “hubo amenazas y se dialogó con el hombre”. Explicó que pudieron ingresar con agua y que “la persona agredió a un funcionario policial” y que “un funcionario policial disparó con arma de munición menos que letal”. Cuando se agotó la munición, “el resto del personal le disparó con armas de fuego”, describió. El hombre recibió un impacto de bala en la pierna y otro en el tórax. “Se nota que tenía problemas de convivencia”, expresó.
La Fiscalía de Homicidios, con la fiscal Mirta Morales a cargo del caso, se constituyó en el lugar. Respecto de la afirmación de los policías sobre haber sido atacados, la fiscal dijo que es algo que no pudo “determinar”. “Es cierto que de eso se habla y de eso se va a hablar. Lo que vi es una habitación con un foco ígneo”, explicó. Respecto de la presencia de cuchillos, dijo: “Hay dos armas blancas. Vamos a ver si están o no relacionadas con esto”.
Contradicciones en el Ministerio del Interior
Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, planteó a El País que “lo que ha habido es un cambio de actitud de los policías” y que “ahora hay más gente herida o abatida por los policías que repelen rapiñas”, dijo.
Sin embargo, también desde el Ministerio del Interior, se informó el 22 de marzo que en el primer año de gobierno hubo 21 personas muertas en procedimientos policiales mientras que en el último año de gestión del gobierno anterior, la Policía mató a 34 personas en procedimientos. Según informó la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, “los delincuentes abatidos por la Policía durante los primeros 12 meses de gobierno fueron 21, mientras que si tenemos en cuenta los últimos doce meses de la administración Bonomi fueron 34”.
Eduardo Bonomi, anterior ministro del Interior, había dicho a Doble click de radio Del Sol que “no hubo ni un policía que tuviera un problema judicial” en el último año de su gestión. “Ahora que supuestamente están más respaldados, ya hay varios que tuvieron que enfrentar a la Justicia”, añadió.
Según el registro oficial del Ministerio del Interior, al que accedió la diaria, en 2019, policías mataron a 37 personas en el marco de distintos procedimientos. En enero de 2020 se sumaron dos más y de febrero no se obtuvieron registros. En 17 de los 37 casos ocurridos en 2019 el hecho se dio mientras los policías estaban en servicio. Solo 46% de los hechos que determinaron que personas fueran asesinadas por un policía fue mientras estaban cumpliendo tareas como tales. 19 de los 37 casos (51%) fueron en su día o horario franco, es decir, fuera del servicio, y uno (3%) ocurrió en el marco de un trabajo privado de los policías.
La cantidad de personas a las que mató la Policía tuvo un aumento drástico en los últimos años. En 2015 fueron tres casos, en 2016 fueron 12 muertes, en 2017 fueron 6 , en 2018 fueron 12 y escaló a 37 personas muertas por policías en 2019.
En marzo el Ministerio del Interior volvió a emitir un comunicado, enviado a todas las unidades policiales un mes antes, en el que se le solicitaba que informen los casos en que se hayan iniciado investigaciones administrativas a policías “que abatieron delincuentes en el marco de un procedimiento policial”.
El comunicado decía: “En carácter de urgente. De mandato verbal del señor ministro del Interior, se envía a efectos de informar: Todos los funcionarios policiales que se le iniciaron investigación administrativa a los efectivos policiales que abatieron delincuentes en el marco de un procedimiento policial, entre marzo y octubre de 2020; en los casos en que se haya realizado investigación administrativa: ¿Qué resultados arrojó? (No se requiere especificar datos personales sino resoluciones generales)”.
El mensaje fue emitido por primera vez el 25 de febrero de 2021 por el Sector Formalizaciones, Violencia Doméstica y Peticiones Judiciales de la Gerencia de Recursos Humanos del Ministerio del Interior y reenviado con el texto “se reitera solicitud” el 17 de marzo de 2021.
Luis Calabria, director general de secretaría del Ministerio del Interior, dijo a la diaria que dicha comunicación había sido por un “pedido de acceso a la información pública”.
Solo en esta semana de 2021 la Policía mató a cuatro personas en distintos procedimientos, dos oficiales y otros dos en hechos que involucraron a policías fuera de su horario de trabajo.
El uso de la fuerza y de las armas de fuego
La ley 18.315 establece el procedimiento policial para todo tipo de situaciones y cómo debe ser el uso de la fuerza y las armas de fuego. Plantea, entre otras cosas, cómo deben actuar los policías ante la flagrancia de un delito y cómo deben ser las persecuciones.
La clave es siempre evitar generar un daño mayor al que se pretende impedir. Según la ley, que aplica cuando los policías actúan frente a un presunto hecho delictivo -estén o no en su horario de trabajo-: “en toda circunstancia, el personal policial debe actuar de forma tal que, racionalmente, evite generar un daño mayor al que pretende impedir”.
Se plantea que el uso de la fuerza es una “medida extrema” y siempre debe ser moderado, racional, progresivo y proporcional, considerando el riesgo y el objetivo legítimo perseguido. Solo se debe usar cuando es la única forma de proteger la integridad física de cualquier persona; si se usa fuerza contra la Policía o terceros, poniendo en peligro la integridad física; si hay resistencia armada ante la Policía; y para disolver reuniones o manifestaciones públicas siempre y cuando no sean pacíficas.
Para el uso de armas de fuego rigen determinadas normas de seguridad. Una de ellas dice que para hacer un disparo se debe estar seguro del blanco al que se le va a tirar, teniendo en cuenta además qué hay por delante, por detrás y a los costados de ese blanco al que se le va tirar.
Persecución y detención de vehículos sospechosos
En caso de persecución y detención de vehículos sospechosos, se plantea que es indispensable para los policías asegurarse de que el vehículo está requerido o tener datos fidedignos de que participó en un hecho delictivo. Están obligados a evitar daños mayores que los que se pretenden evitar.
No pueden asumir una persecución “a partir de impulsos personales, fuera del marco de cumplimiento de las órdenes recibidas” y debe informarse a la Mesa Central de Operaciones del Centro de Comando Unificado (CCU). La intención tiene que estar centrada en “no perder de vista” el vehículo para lograr la detención “de la manera menos riesgosa posible”, y si se pierde de vista el vehículo perseguido, se debe informar al CCU.
El personal policial que actúa en una persecución no será responsabilizado si no alcanza el objetivo o si lo pierde de vista, si eso “es la consecuencia de un accionar que haya priorizado evitar un daño mayor al que se pretende evitar”. Por otra parte, el superior a cargo del procedimiento será responsable por las consecuencias de la actuación policial en la persecución, “por los excesos o errores”.
Ante una persona atrincherada u otras situaciones de crisis
La Policía tiene un protocolo vigente sobre “Operativo de Respuesta ante Situaciones de Crisis”, que organiza la reacción policial en estas situaciones. Se aplica ante personas atrincheradas que porten o no armas y que hayan tomado o no rehenes; para motines en cárceles y espacios de encierro para personas privadas de libertad; y ante otras situaciones que “escapen al poder de resolución del primer escalón de respuesta”.
Se plantea la pertinencia de que ante todos estos casos, la “Policía Nacional cuente con un Plan Permanente de Operaciones de actuación oportuna, eficiente y eficaz que permita el inmediato accionar de las Unidades Ejecutoras de forma coordinada con el fin de responder de manera profesional al evento generado”.
La misión en estos casos es la “intervención” y el “restablecimiento del orden público”. Para eso, se establece cómo debe ser la “maniobra” ante estos casos. Como en todas las intervenciones policiales, “se debe evitar un daño mayor al que pretende impedir”. Hay una primera fase que es de alerta y otra de movilización.
Ante el conocimiento de un incidente se deben activar medidas de seguridad. La primera respuesta se da con las unidades de patrullaje más próximas al lugar, y se debe alertar a las unidades especializadas sobre la situación de la que se tomó conocimiento. El protocolo plantea que se instrumenten distintos dispositivos con la finalidad de “cercar y aislar el punto de impacto”, es decir, el lugar donde se desarrollan los hechos, y que se establezcan distintas zonas, cada una con su rol, para controlar la situación y accionar en caso de ser necesario.
La Unidad Táctica de Negociaciones de la Guardia Republicana es la unidad especializada de la Policía para abordar la conducción de estas situaciones de crisis. Su misión es desactivar situaciones de crisis, reduciendo los riesgos y daños que estos emergentes traen aparejados, tanto para las personas que están involucradas como para los policías que actúan.
En la actualidad, en lugar de convocar a la Unidad Táctica de Negociadores es el superior a cargo del procedimiento quien “negocia”. Si no logra resolver la situación, ahí debe solicitar apoyo a la Unidad Táctica de Negociadores. La situación debe resolverse con el menor daño posible, es decir, evitando el uso de la fuerza y lesionar o matar a quien se atrincheró o a terceros, incluyendo a policías.
La estrategia debe tender siempre a disminuir los riesgos y solicitar apoyo a las unidades especializadas disponibles y se debe tener en cuenta que una persona atrincherada sin rehenes no pone en riesgo la vida de terceros. Por ende no hay premura por resolver la situación a través de la fuerza. El paso del tiempo y el desgaste de la persona atrincherada son estrategias posibles para su entrega pacífica, sin riesgo de letalidad.