La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó a audiencias para el 16 y el 17 de junio en la causa que investiga la responsabilidad del Estado y las dificultades en el acceso a la Justicia sobre los asesinatos de Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, ocurrido el 21 de abril de 1974, y las desapariciones de Oscar Tassino, quien fue visto por última vez en el centro de torturas La Tablada en julio de 1977, y de Luis Eduardo González, desaparecido en el Regimiento de Caballería 6 en diciembre de 1974.
En la resolución, a la que accedió la diaria, la presidenta de la Corte, Elizabeth Odio, explicó que convocó a la audiencia por teleconferencia debido a que la situación sanitaria constituye una razón de fuerza mayor que impide “llevar a cabo una audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana” y es “necesario” avanzar en el litigio de las víctimas contra el Estado uruguayo.
En la audiencia, que comenzará a las 11.00, hora uruguaya, se tomará declaración a los testigos propuestos por las partes, y se procederá con los alegatos y las observaciones orales finales de cada uno.
A pedido de la parte denunciante, Elena Zaffaroni declarará sobre las circunstancias de desaparición de su esposo, Luis Eduardo González, la búsqueda de verdad y justicia en estos 44 años, los avances en las actuaciones de investigación judicial del caso y los daños psicológicos, morales y materiales sufridos y eventuales medidas de reparación.
También declarará como testigo, pedido por el Estado, el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien responderá sobre el inicio de las tres causas judiciales investigadas en el juicio, las actuaciones realizadas en estos años, los obstáculos legales, principalmente los efectos de la ley de caducidad, y su eventual subsanación, y además hará una puesta a punto de la actual situación judicial de cada causa.
A propuesta de la CIDH, el abogado Pablo Chargoñia actuará como perito en la causa y declarará sobre los deberes de investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, la compatibilidad con el derecho internacional de las leyes excluyentes de responsabilidad respecto de esas violaciones en la legislación uruguaya y la prescripción de la pretensión punitiva, y los comparará con otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos.
Por razones de “economía procesal”, se dispuso la presentación de las declaraciones ante escribano público de cinco personas que declararán sobre padecimientos y daños psicológicos, morales y materiales de los familiares de las víctimas, a partir de la conducta del Estado posterior a las desapariciones y las muertes. El Estado tiene hasta el 15 de mayo para enviar preguntas a estos testigos propuestos por la parte denunciante, que deberán remitir las respuestas antes del 1º de junio, para que sean incorporadas en la audiencia del 16 y el 17.
Después de las declaraciones, las partes podrán presentar ante el tribunal sus alegatos y observaciones finales orales y eventuales reparaciones, y tienen plazo hasta el 19 de julio de 2021 para presentar sus alegatos y observaciones finales escritas.
El caso fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace más de diez años y en mayo del año pasado fue remitido a la CIDH. Los casos se presentaron juntos porque todos son patrocinados por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay desde 1985.
Las causas en la Justicia uruguaya
A 47 años de los homicidios de Maidanik, Raggio y Reyes, la causa aún está pendiente de resolución en la Justicia uruguaya. En febrero el fiscal Ricardo Perciballe pidió el procesamiento con prisión del militar en situación de reforma José Nino Gavazzo y los militares retirados Eduardo Klastornick y Juan Rebollo. La causa está siendo investigada por la jueza penal de 26º turno Ana de Salterain.
Las jóvenes fueron acribilladas el 21 de abril de 1974 en un operativo comandado por Gavazzo y Rebolllo en el que buscaban al militante tupamaro Washington Barrios. Las pericias realizadas en el lugar contaron más de 200 impactos de bala. En el operativo también fue asesinado un policía que pasaba por el lugar en bicicleta después de trabajar como sereno y fue confundido con Barrios. Diana Maidanik tenía 22 años, había sido detenida en el Batallón 13 en 1972. Laura Raggio tenía 19 años y militaba en el Movimiento de Liberación Nacional, también fue torturada en el Batallón 13 en 1972. Silvia Reyes tenía 19 años, era esposa de Washington Barrios y estaba embarazada de tres meses. Había militado en el 26 de Marzo y en el Fer 68.
En la causa que investiga la desaparición del militante comunista y dirigente de la Agrupación de Funcionarios de la UTE Oscar Tassino, la fiscalía pidió el procesamiento con prisión del militar en situación de reforma Jorge Pajarito Silveira. Por esta causa fue extraditado el coronel retirado Eduardo Ferro, quien fue recientemente liberado por el Tribunal de Apelaciones de 2º turno. La causa está en manos de la jueza penal de 27º turno, Silvia Urioste. Tassino fue detenido en julio de 1977 por integrantes del Órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas y trasladado a La Tablada, donde murió bajo tortura.
Luis Eduardo Chiqui González era militante del Partido Comunista Revolucionario y fue detenido en su domicilio junto a su esposa, Elena Zaffaroni, que estaba embarazada de cuatro meses. Ambos fueron trasladados al Regimiento de Caballería 6. Cuando fue desaparecido, en diciembre de 1974, tenía 22 años. La madre de Luis Eduardo González murió el 25 de marzo sin conocer el paradero de los restos de su hijo. La causa es llevada por la jueza de 26º turno, Ana de Salterain, y aún se encuentra en etapa de presumario, sin pedidos de procesamiento por parte de la fiscalía.