La extensión de la feria judicial extraordinaria hasta finales de abril, definida este jueves por los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), marcó el cierre de un conflicto que encontró unidos a los gremios de defensores, funcionarios, informáticos, actuarios y jueces, más allá de matices en las medidas concretas que definió cada uno.
El 22 de marzo, la Intergremial Judicial anunció un paro de 48 horas si no se convocaba a la feria, luego los jueces se retiraron del planteo y la medida fue implementada por el resto de los gremios, hasta el 25 de marzo.
Cuando los ministros de la SCJ convocaron a la feria extraordinaria y desactivaron el paro, aclararon que lo hicieron en función de las decisiones tomadas por el Ejecutivo y explicaron que suspendieron el diálogo con los representantes de la Intergremial Judicial porque no estaban dispuestos a negociar con las medidas sindicales arriba de la mesa.
Ese fue uno de varios frentes que los ministros de la SCJ mantienen con los gremios del Poder Judicial. Uno de ellos, que trasciende el ámbito gremial, es la acción de inconstitucionalidad presentada en diciembre de 2020 por los ministros de la SCJ contra siete artículos de la Ley Orgánica de la Judicatura y Organización de los Tribunales (19.830), que dispone concurso obligatorio y regula el proceso de ingreso, ascenso y traslado de los jueces, lo que implicó demandar a los 500 jueces del país y a la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), porque la ley impugnada prevé que la AMU integre los tribunales de concurso.
La carrera judicial y la forma de designación de los jueces es un aspecto central en el conflicto entre los ministros de la SCJ y los magistrados, que además denunciaron dificultades en la disponibilidad de los cursos de formación del Centro de Estudios Judiciales, que tienen mucho peso en las calificaciones de los magistrados.
La presidenta de la AMU, Graciela Gatti, dijo a la diaria que los jueces aún están en plazo para contestar la demanda planteada por los ministros y destacó que la acción de inconstitucionalidad que presentaron los ministros “no tiene un efecto suspensivo automático”, por lo que la ley “debería aplicarse ya, en todos sus términos”.
“Entendemos que la ley es constitucional y es positiva para los jueces, para el Poder Judicial y para toda la sociedad, porque lo que busca es una mejor calificación y una mejor preparación de los jueces”, señaló.
Las diferencias con los ministros de la SCJ y particularmente la forma de comunicarlas a la opinión pública también generó desencuentros a la interna de AMU y fue clave en la renuncia de la presidenta Cristina Cabrera, que estuvo en el cargo hasta fines de marzo.
“Decidí dar un paso al costado porque no sentía que fuera la línea que estaba dispuesta a continuar, no estoy dispuesta a mantener un conflicto permanente, exista o no exista el motivo, porque desprestigia al Poder Judicial”, expresó Cabrera a la diaria.
Cabrera opinó que no es bueno “salir con posiciones que afecten la imagen de los jueces”, como el reclamo para ser exonerados del impuesto coronavirus. “Somos autoridades nacionales que debemos dar el ejemplo de solidaridad, estamos resguardados por el vínculo con el Estado, que nos asegura un salario todos los meses, y hay miles de personas quedándose sin trabajo, comiendo en ollas populares, que no saben cómo van a alimentarse”, expresó.
Funcionarios y defensores de oficio plantean dificultades en el régimen de trabajo
El mantenimiento de la feria judicial extraordinaria no resolvió los cuestionamientos sobre el régimen de trabajo que se implementó, realizados por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay (Adepu), la Asociación de Informáticos Judiciales del Uruguay y la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay.
Una de las principales críticas apunta a la decisión de la SCJ de que cada jefe de oficina organice el régimen de trabajo durante la feria extraordinaria, debido a que genera diversidad de criterios, tanto en horarios de funcionamiento como en cumplimiento de las medidas sanitarias.
Entre otros aspectos, los funcionarios reclaman establecer un aforo en la salas y reestructurar el servicio de limpieza para desinfectar las áreas de trabajo, además de un protocolo de sanitización de los juzgados ante un caso positivo, de manera de evitar el cierre de juzgados y a su vez proteger la salud de los trabajadores.
Más allá de los problemas generados por la gestión de la emergencia sanitaria, los funcionarios reclaman que se genere una carrera funcional, dado que no hay concursos de ascenso para la mayoría de los escalafones.
En diálogo con la diaria, el presidente de la AFJU, Pablo Elizalde, calificó como “cordial pero distante” el vínculo con los últimos dos presidentes de la SCJ, y señaló que mientras durante la presidencia de Jorge Chediak los funcionarios eran recibidos por todos los ministros, ahora sólo son recibidos por el presidente.
Por su parte, Joaquín Gamba, presidente de Adepu, dijo a la diaria que los reclamos de los defensores de oficio están vinculados a la falta de recursos humanos en el sector, que tiene unas 20 vacantes porque los procesos de concurso son lentos. Además, señaló el incumplimiento por parte de la SCJ de lo dispuesto en el artículo 398 de la Ley 17.930, que creó los defensores adjuntos, lo que obliga a que los titulares deban cubrirse entre sí ante cualquier falta o licencia.
En cuanto al vínculo con los ministros de la SCJ, Gamba señaló que si bien existen ámbitos de diálogo, “los reclamos no son escuchados y no hay demasiada respuesta”.