Fiscales, jueces y defensores públicos se reunieron por Zoom con el diputado colorado Conrado Rodríguez para reclamar que el sector sea excluido de los descuentos previstos para funcionarios para el financiamiento del Fondo Solidario Covid-19.

En diálogo con la diaria, Rodríguez señaló que lo contactaron como integrante de la Comisión de Hacienda, dado que se estima que el proyecto ingresará por la Cámara de Diputados, y afirmó que los planteos que le realizaron serán analizados esta semana por la comisión.

En la reunión, que no duró más de una hora, los gremios expresaron que si bien no se consideran actores de la primera línea en la crisis sanitaria como los trabajadores de la salud, el sistema de justicia es un servicio esencial que continuará funcionando independientemente de las medidas que tome el gobierno.

Además sostienen que, a diferencia de otros funcionarios, los operadores del sistema de justicia no pueden ejercer otra actividad y no tienen limitación legal en la extensión de sus jornadas.

Los gremios propusieron que, en caso de que no se acceda a excluirlos del Fondo Solidario, puedan deducirse los gastos que están vinculados a su trabajo y que tienen partidas específicas, como el pago del alquiler en aquellos casos en que los funcionarios son designados a otras ciudades en las que viven, o gastos vinculados a la formación.

Una de las alternativas que plantearon para que los descuentos “se adapten a la capacidad contributiva” de fiscales, jueces y defensores públicos fue considerar los mínimos imponibles líquidos y no nominales como lo planteó la Ley 19.874, que dispuso los descuentos en 2020.

En la reunión participaron la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Graciela Gatti, quien asumió tras la renuncia de la doctora Cristina Cabrera a fines de marzo; el presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, Wilian Rosa, y el presidente de la Asociación de Defensores Públicos del Uruguay, Joaquín Gamba.

El Impuesto Emergencia Sanitaria Covid-19 creó franjas del 5% al 20% para sueldos de funcionarios a partir de 120.000 pesos nominales, tomando como base que ninguno de los salarios gravados podría quedar por debajo de los 80.000 pesos líquidos. A finales de marzo el presidente, Luis Lacalle Pou, anunció que el impuesto, que en 2020 fue aplicado durante dos meses, volvería a aplicarse en las mismas condiciones.

Los salarios mínimos de los jueces de paz oscilan entre los 73.000 y 106.000 pesos líquidos dependiendo de la categoría y el lugar de trabajo; los defensores de oficio ganan en la mano un mínimo de entre 86.000 y 95.000 pesos líquidos dependiendo del lugar donde ejerzan, mientras que los fiscales que perciben los menores ingresos ganan 143.000 pesos nominales, incluyendo las partidas.