Sindicatos policiales sostienen que aquellos policías que denuncian situaciones de corrupción o irregularidades cotidianas son perseguidos y sometidos a represalias, como sumarios, retención de medios sueldos y traslados, entre otros.
Fabricio Ríos, representante del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), planteó a la diaria que esto ocurre ante “un hecho de corrupción o de cualquier irregularidad cotidiana que un policía o un funcionario del Ministerio del Interior [MI] denuncie”. “Son perseguidos, a tal punto que uno ve que lo que se está intentando es desvincular al funcionario de la institución”, señaló. “No sólo pasa con los ejecutivos, sino también con el personal de Identificación Civil, con los bomberos, en Migración y en el Hospital Policial”, explicó.
Sugirió que “lo peor que podría pasar es que el policía no se anime a denunciar tanto hechos de corrupción como irregularidades cotidianas, que terminan como sumarios para los funcionarios y sanciones”. “Eso es preocupante”, expresó.
Desde Sifpom comentaron que van a tener una reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, “porque tanto nosotros como él tenemos intención de solucionar estas cosas”.
Julio Acosta, de la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Maldonado (Sipolma), apoyó lo dicho por Sifpom. “Ratificamos y confirmamos eso”, expresó. “Es lamentable, pero ocurre”, agregó. Sipolma también le solicitó una reunión a Heber para poner sobre la mesa la cuestión de las represalias ante denuncias de policías. Desde el MI ya acusaron recibo y ven que la administración tiene apertura para el intercambio.
Casos que se acumulan
Ríos comentó una serie de situaciones que dan cuenta de esta situación. Citó el caso de corrupción que se investiga en la Jefatura de Policía de Treinta y Tres. “El delegado del sindicato denunció hechos con apariencia delictiva y fue separado del cargo con medio sueldo”, explicó.
“Podrán decir que el sumario es una garantía que brinda la administración a los policías y a los funcionarios, pero todos sabemos que hoy que les retiren la mitad del sueldo (...) y no permitirles hacer 222 es matarlos prácticamente. Esto es lo que está pasando: ante una denuncia, se lo separa del cargo y se le retira medio sueldo. No sólo eso, sino que también hay algunas situaciones que salieron a la prensa, como persecuciones, amenazas, etcétera”, indicó Ríos. “El caso de Treinta y Tres es claro”, enfatizó.
Comentó otro caso que se dio en la Dirección Nacional de Migración: “Los funcionarios involucrados en la presentación de la denuncia fueron separados del cargo y se les retuvo medio sueldo” porque se entendió que se “mal utilizó la herramienta de denuncia”. “En ese momento hablamos con el exministro Jorge Larrañaga porque entendíamos que si un funcionario denuncia, se debe investigar y después tomar medidas con base en eso”, explicó. Y agregó: “Ahora, si un funcionario denuncia, como pasó en este caso, y las conclusiones son que se ‘mal utilizaron’ los canales de denuncia y por eso se le abre un sumario, se lo separa del cargo y se le retiene medio sueldo, entonces el mensaje es: ‘Si denunciás algo, te va a pasar esto’”.
Contó que tras hablarlo con Larrañaga, a esos funcionarios “se les levantaron las medidas restrictivas”. “Fueron reintegrados y les devolvieron los medios sueldos. Pero fueron trasladados a la Jefatura de Policía de Artigas. Es decir, se los sacó del ámbito de Migración”, lo que se interpreta como un castigo.
Acosta apuntó un hecho en Maldonado, que involucra al expresidente del Sipolma Julio Pereira. Señala que “tras denunciar una irregularidad, fue sumariado”. Según indica, Pereira denunció que en la Unidad Especializada de Violencia Doméstica de Maldonado no se tomó una denuncia a una persona por este delito. Fue sumariado luego de este hecho. Desde Sipolma respaldaron el proceder de Pereira y atribuyeron la situación a enfrentamientos con el jefe de Policía de Maldonado, Julio Pioli.
Sanciones ante peticiones y otras situaciones
Ríos denuncia que estos hechos no sólo se dan ante denuncias de corrupción, sino que “ante una simple petición, estás vulnerable a ser perseguido”. Puso como ejemplo un hecho que ocurrió en la Dirección Nacional de Identificación Civil: “Una persona sorda solicitó que se la trasladara de atención al cliente de la oficina del Géant porque a partir de la pandemia la gente usa tapabocas y no puede leer los labios, y eso dificulta su trabajo”.
Ríos explica que “una persona sorda en atención al público es fundamental por la integración y por que sean incluidos en cualquier trabajo, todos queremos que esto pase y estamos en contra de que al policía se lo saque cuando tiene alguna dificultad”. Pero señala que esta persona “fue sancionada por pedir que se lo sacara de ese lugar porque no podía ejercer la función al no poder leer los labios”. “El tema de las sanciones es muy común, y es muy común en cualquier tipo de reclamo que hagas, o si hacés un informe cuando no querés cumplir una orden que es improcedente”, afirma.
Comentó otro caso en que tuvieron que mediar para que se reintegrara a una enfermera embarazada al Hospital Policial. “Estaba contratada por el sistema de facturación unipersonal. La dejaron sin convocatoria porque estaba embarazada. Hubo que hablar en el MI para que la reintegraran al trabajo, porque estaban violando todas las leyes”, explicó. “La idea que manejan es que si al jefe no le sirve, se va. O sea, la legislación laboral no la tienen en cuenta”, señaló.
“No tienen derecho a denunciar porque son contratos unipersonales y firman que cuando el empleador no requiere más los servicios, pueda rescindir el contrato”, explica. Y agrega: “Son contratos precarios, que dan para todo. Es como se maneja dentro del MI, los derechos de los trabajadores son mínimos. Hay una lista de casos así”.
Fiscalía Especializada en temas policiales
Desde Sifpom proponen la creación de una fiscalía especializada en temas policiales. “Hace unos años le propusimos al fiscal de Corte Jorge Díaz crear una fiscalía especializada, para que los policías puedan realizar las denuncias y mantenerse en el anonimato, para evitar todo lo que está pasando hoy en día”, explicó Ríos.
Ante la imposibilidad presupuestal, se manejaron otras alternativas. “Incluso se había hablado en ese momento, como no había presupuesto para esto y había otras propuestas para otras fiscalías especializadas en otros temas, crear una línea telefónica para que se puedan denunciar anónimamente estas cosas y evitar todo lo que vive el policía dentro de la institución después de que denuncia”, agregó.
Afirmó que “no se hizo ninguna de las dos cosas”. “Habría que retomarlo. Es muy importante, y más ahora que se están dando todos estos hechos que nos dan la razón: cuando un policía denuncia, tiene consecuencias”, aportó.
“Hablamos con el ministro y el ministro está abierto y preocupado, con la intención de solucionar este tema”, dijo Ríos. Y enfatizó: “Igualmente, vamos a insistir con que exista una fiscalía en que se puedan denunciar todas estas cosas”.