El Programa Específico de Atención a la Población Extranjera y Migrante funciona dentro del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y tiene como objetivo fomentar la atención integral de las personas migrantes, garantizar los derechos humanos en privación de libertad desde una perspectiva de género y diversidad, y promover el trabajo interinstitucional en esta materia.
Su coordinador, el psicólogo Martín Correa, presentó una denuncia contra Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior (MI), y contra el gabinete del INR, dirigido por Luis Mendoza, ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por presunta misoginia, homofobia y violencia privada en el INR.
Correa también presentó una petición ante la Comisión contra el Racismo, la Xenofobia y toda otra Forma de Discriminación, presidida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), para que valore estos hechos. Además del MEC, en la comisión están el MI, el Ministerio de Desarrollo Social, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Relaciones Exteriores y representantes de la sociedad civil.
A su vez, Correa indicó que solicitó al Parlamento que interviniera “ante la posible no observancia” de las leyes contra el racismo, la xenofobia y toda otra forma de discriminación (Ley 17.817), y de los artículos del Código Penal referidos a la incitación al odio, desprecio o violencia hacia determinadas personas (149 bis) y la comisión de actos de odio, desprecio o violencia contra determinadas personas (149, tercero). Correa envió esta solicitud a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes para que intervenga, y fue derivado a la Comisión Especial de Seguimiento de la Situación Carcelaria en el ámbito de la Asamblea General.
En las denuncias a las que accedió la diaria se señala como víctimas al funcionariado homosexual del INR y a Milena Más, exsubdirectora técnica nacional del INR, “quien se vio obligada a renunciar” producto de la violencia que recibió, según plantea. Como prueba, se presentaron programas de Santo y seña emitidos el 26 de abril y el 29 de agosto de este año, que contienen testimonios que, según el denunciante, plantean mérito para dar inicio a estas acciones.
En el mismo sentido, en el programa Santo y seña emitido el domingo pasado señalaron que a Omar Vera -director de la Unidad 6 Punta de Rieles, quien será removido en los próximos días tras haber denunciado una red de narcotráfico dentro de la cárcel- se lo “discrimina por su orientación sexual”. Según pudo confirmar la diaria, Vera, que está casado con un varón, relata haber recibido discriminación y violencia por su orientación sexual y, así como Correa, valora presentar una denuncia al respecto.
La denuncia de la exsubdirectora técnica nacional
La exsubdirectora técnica nacional del INR acusó públicamente por acoso y violencia a dos jerarcas: Mendoza y González. También denunció diversas “irregularidades” que suscitaron su renuncia.
Más aseguró que “el maltrato y el no reconocimiento a la trayectoria, a mi trabajo y a mi autoridad fue durante toda mi gestión”. Dijo que “en muchas oportunidades”, “delante de la gente” la “hacían callar”. “Siendo una autoridad nacional, me hacían callar”, sostuvo. “Maltrato”, “gritos”, “golpes en la mesa”, planteó Más que fueron conductas en las que incurrió González.
La exjerarca señaló la existencia de “discriminación” de parte de las autoridades del INR por su orientación sexual: “Se ríen entre ellos de gays y lesbianas”. “La violencia no era sólo hacia mi persona, sino hacia compañeros; opinaban sobre la orientación sexual de compañeras y compañeros”, dijo. “La violencia fue de diferentes formas”, sugirió quien ocupó la subdirección técnica del sistema carcelario de marzo a octubre de 2020.
En el informe emitido en abril por Santo y seña, González respondió a estas acusaciones: “Nadie puede decir que hicimos ese tipo de cosas porque primero que nada hay que ser caballero”.
Historial
No es la primera vez que González es denunciado públicamente por “violencia” y “maltrato”. En junio, en el programa En la mira, emitido por VTV, varias personas que trabajan en cárceles dieron testimonio acerca de la violencia que vivieron con González. Una de ellas fue el propio Correa, que dijo: “Como varón homosexual me sentí realmente atacado y violentado cuando me enteré de que el gabinete se burlaba del funcionariado homosexual”. Correa señaló, además, que González usaba vestimenta policial dentro de la cárcel, “lo cual está prohibido”. “Uno no puede disfrazarse de policía en una cárcel, porque habla del desconocimiento de la norma”, dijo. Y apuntó que eso “es parte del desprestigio de la institución”.
En el informe también habla Graciela Barrera, expresidenta de la Asociación de Familiares de Víctimas del Delito y actual senadora suplente del Movimiento de Participación Popular (Frente Amplio). Barrera contó que González la “increpó por no haber ido sola a una reunión” y que “golpeó una mesa”. “Me hizo pasar momentos muy dolorosos, porque nunca había sido tratada así”, expresó la mujer que construyó una trayectoria de trabajo en cárceles luego del homicidio de su hijo en el marco de una rapiña.
Pamela Martínez, directora de la asociación civil Ombijam y referente del programa Yoga y Valores en Cárceles, dijo a la diaria que su trabajo se vio truncado “por decisión de González”.
Federico González Canavesi, rapero que estuvo privado de libertad y fue liberado el año pasado, es conocido como Kung Fú Ombijam, esto último por su vínculo con la organización de Martínez. En diálogo con la diaria comentó que cuando estaba preso “Santiago González me mandó decir que ‘si no quería tener problemas’ dejara sólo ‘Kung Fú’ y quitara ‘Ombijam’”. El director de Convivencia también le “recomendó” que “deje de usar la ropa de Nada Crece a la Sombra”, organización de la cual forma parte. Asimismo, Kung Fú Ombijam contó que “muchas veces intentaron trancar sus salidas de la cárcel y truncar un proceso que venía muy bien”.