“El Estado tiene la obligación de ofrecerles a las personas privadas de libertad toda religión, filosofía y oportunidad que se presente, y las autoridades debemos acompañar las propuestas sólidas y viables como esta”, dijo a la diaria Luis Parodi, exdirector de la Unidad N° 6 de Punta de Rieles. Se refería al proyecto que se le presentó durante su gestión: la construcción de una escuela con un abordaje integral que ofreciera a toda la unidad un espacio para recibir diferentes prácticas y formaciones en pos de construir un futuro mejor. “La base de todo es el yoga, algo que yo no practicaría, pero como nunca se trató de mí sino de los que estaban allí adentro, y a ellos esa práctica les sirvió durante muchos años, lo apoyé”, explicó.

En 2014 llegó a la cárcel Pamela Martínez, la directora de lo que luego fue Ombijam, un grupo de personas con el interés de practicar yoga en un espacio crítico y en contexto de encierro. “El trabajo empezó con los privados de libertad, con el programa Yoga y Valores en Cárceles, en el que mediante la práctica se acercaban herramientas de educación emocional con la clara intención de cambiar hábitos. Tuvo una muy buena repercusión y luego empezamos a motivarlos a que participaran en otras actividades, como estudiar o emprender; si veíamos que tenían un talento, lo impulsábamos”, relata Martínez en diálogo con la diaria y agrega que apoyaron “labores como la carpintería, la rotisería, la huerta, y brindamos materiales para el espacio de electricidad o para el teatro, para todo aquello con lo que sentíamos que podíamos colaborar nos movíamos e intentábamos conseguir lo necesario”.

Trabajan con las personas dentro del establecimiento pero también afuera con las familias y los liberados. Se han enfrentado a todo tipo de situaciones y han escuchado cosas como “mi familia no come hace una semana”, “estoy pasando un proceso de tenencia y mis hijos no me pueden venir a ver”, “mis hijos se están por quedar en la calle” o “mis hijos están por comenzar la escuela y no tienen útiles escolares”. Martínez afirma que le han “conseguido techo a una familia” y han intervenido “para conseguir medicamentos o un trabajo, ya que el núcleo familiar recibe nuestra ayuda por medio de un abordaje integral multidisciplinario”.

En siete años de trabajo, las vivencias de Ombijam con los privados de libertad y sus familias han sido muy variadas: “Hemos sido mediadores en la entrega de una persona que se había fugado y hemos ido a bocas de drogas a buscar pibes. También hemos ido a bodas, a partos, estamos en la cotidianidad de lo que les pasa y hemos venido creciendo. En la actualidad somos un grupo de terapeutas y psicólogas, les brindamos asesoramiento jurídico y poco a poco también ampliamos el mercado laboral”, explica.

“Yoga era un momento de paz dentro del sistema carcelario, una práctica muy rica e importante”, cuenta Federico González, también conocido como el rapero Kung Fu Ombijam, quien estuvo recluido en Punta de Rieles y fue durante varios años de su reclusión integrante del grupo yoga y valores. Cuenta que al principio tenía prejuicios sobre la práctica, pero que una vez iniciada lo ayudó mucho y le dio “herramientas para ser mejor persona, la enseñanza de que el respeto es la base de todo”, comenta. “En mí y en todos los compañeros que estuvieron dispuestos a vivir el proceso, el espacio fue un antes y un después”, agrega.

Para él como artista, Ombijam fue mucho más que crecimiento personal: fue el espacio que le brindó la ayuda para poder llevar adelante todos los trámites burocráticos necesarios en el comienzo de su camino artístico mientras estuvo en prisión. Fue tanta la ayuda recibida que decidió agregar el nombre de la asociación al suyo como músico, pero esto no fue bien visto por todo el mundo. “Santiago González, el director de Convivencia, me mandó decir que si no quería tener problemas dejara sólo Kung Fu y quitara Ombijam”, expresa. También cuenta que “muchas veces intentaron trancar sus salidas de la cárcel y truncar un proceso que venía muy bien hasta el momento”, y entiende que la razón de todos estos hechos recae en “la ambición por el poder y el destruir todo lo construido, ya que llegaron nuevas autoridades y destruyeron todo lo anterior”.

Carpintería, cárcel de Punta de Rieles (archivo, junio de 2016).

Carpintería, cárcel de Punta de Rieles (archivo, junio de 2016).

Foto: Pablo Vignali

La ejecución

“Cuando Pamela presentó la idea de construir una escuela dentro de una cárcel, me acerqué para preguntarle si podía colaborar, porque me interesó mucho”, cuenta a la diaria Laureano Rozada, estudiante de Arquitectura que tras conocer a Martínez en una charla en el Festival de Innovación social de 2017 quedó inmediatamente vinculado al proceso. “Allí nos conocimos, luego en 2018 ella le presenta su idea al centro de estudiantes de la Facultad de Arquitectura y más de 30 compañeros se embarcan en un proyecto de extensión con el objetivo de realizar la obra”. “Las ganas estaban, pero poco se puede hacer en un proyecto que la Universidad [de la República] sería la encargada de ejecutar y estaba claro que obtener los recursos era poco posible, así que la idea fue quedando como algo lejano para la mayoría del grupo”, dice.

No todo estaba perdido. Al año siguiente, en un evento en Punta del Este, Martínez conoce al reconocido arquitecto Martín Gómez Platero, quien luego de escuchar la propuesta se ofrece a colaborar con el proyecto. Todo tomaba un nuevo rumbo. “Dos compañeras que pertenecían al grupo de 30 y yo comenzamos a trabajar con el estudio de Gómez Platero, elegimos un nuevo y más eficiente terreno para la obra, y luego de varios meses de trabajo, le presentamos el proyecto final al entonces director Parodi y lo aceptó”.

“Luego de darle el visto bueno al proyecto, todos los problemas que se presentaban los hablaban conmigo, y yo los solucionaba dentro del Ministerio [del Interior], a pesar de que no es una dependencia que se caracterice por el diálogo, a mí como director nunca nadie me dijo que no”, recuerda Parodi.

El 25 de setiembre de 2019 se presentó públicamente en la sala Movie de Montevideo Shopping el proyecto de la primera Escuela de Educación Emocional en una cárcel. El evento fue conducido por Marcelo Pérez, un privado de libertad integrante de Ombijam, y quienes asistieron colaboraron con la edificación abonando una entrada. También se acercaron personas a donar montos aparte y apoyaron el evento empresas colaboradoras como la barraca Malvín, a donde fueron todos los fondos recaudados esa noche, en una cuenta a nombre de la asociación.

“Compartimos con total transparencia, gratitud y esperanza de seguir multiplicando lo recaudado desde el 25 de setiembre hasta hoy, 11 de octubre: pesos uruguayos 61.604, dólares 3.500. La campaña para contar con los materiales que nos permitan iniciar la obra continúa”, relataba un comunicado de Ombijam luego del evento. “Enseguida comenzaron a llegar las colaboraciones, producto de un gran esfuerzo de Pamela y de toda la asociación, el esfuerzo era inmenso y funcional al proyecto”, cuenta Rozada. “En aquel entonces la escuela era una realidad. Las donaciones no paraban de llegar, había una importante suma de dinero a disposición de la compra de materiales en la barraca y el terreno estaba limpio para construir las fundaciones”, agrega.

Un documento realizado por el equipo de arquitectura, al que accedió la diaria, detalla el valor estimado del proyecto para su realización: 150.000 dólares incluyendo todos los costos, incluso los honorarios de los docentes. “El proyecto arquitectónico de la Escuela Ombijam de Educación Emocional cuenta con un amplia ala de multiusos, un espacio de administración y dos salones más pequeños, además de un baño accesible, baño estándar y una kitchenette. El programa se desarrollará en un espacio de 170 m² cerrados y 130 m² al aire libre”. En el documento se resalta que la inversión se planificó y se estaba ejecutando “en base a los esfuerzos de empresas privadas, sin aportes económicos de parte del Estado uruguayo”.

Hasta el momento, se llevaban recaudados 6.000 dólares en donaciones monetarias, 28.300 en recursos humanos de logística, y la arquitectura a cargo del estudio Gómez Platero y los tres estudiantes involucrados, 6.500 dólares en limpieza y preparación del primer y segundo terreno, y 8.000 dólares en materiales a utilizar durante los seis años del proceso.

El quiebre

El nuevo gobierno y la pandemia trajeron consigo un cambio en la dirección de Punta de Rieles. Parodi, que dirigía la cárcel desde 2014 y logró posicionarla a nivel nacional e internacional, dejó su cargo en junio de 2020. Tras presentar su renuncia, Martín Quiró asumió su lugar. Quiró dirigía la Unidad 10 Juan Soler, una cárcel chacra. Fue removido nueve meses después y desplazado de la órbita del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). En su gestión se dio el cierre de gran parte de los emprendimientos. En marzo de este año Omar Verá, hasta entonces director de la Unidad 19 Florida, fue nombrado director.

“El 13 de marzo de 2020, parte del equipo estaba proyectando el comienzo de la obra para el 15 de ese mismo mes. Gran parte de la mano de obra iban a brindarla los mismos privados de libertad de la unidad. La pandemia paró la obra en ese momento, pero la decisión de que siga en pausa es del director de Convivencia del Ministerio del Interior, Santiago González”, manifiesta Martínez. “Cuando cambian las autoridades nosotros lo entendemos, y por eso planteamos una reunión en el estudio Gómez Platero y todo el equipo comprometido con el proceso de la escuela, para que quienes asumían conocieran lo que estábamos haciendo y la obra comenzara apenas la pandemia lo permitiera, estábamos listos y se negaron a asistir”, “siento que se rechazó un proyecto sin siquiera evaluar su potencial en un contexto tan particular como lo es la privación de libertad”, expresa.

En julio del año pasado, Ombijam sacó un nuevo comunicado en el que manifiesta: “Llama poderosamente la atención que se hable por todos lados de políticas de rehabilitación, diálogo, trabajo en conjunto con la sociedad, incluso que pidan y exhorten a la sociedad que se involucre con la problemática penitenciaria cuando, por otro lado, paran la reunión de diálogo y planificación para la reactivación de la escuela”. El comunicado finaliza enumerando algunas actividades de la currícula que se esperaba ejecutar en el proyecto, dentro de las cuales se encontraban Huerta Orgánica y Nutrición, a cargo de Lorena Ponce de León y su equipo; y Justicia Restaurativa y Mediación, a cargo del Observatorio de Justicia y Emprendedurismo, dictado por el conocido emprendedor uruguayo Federico Lavagna.

Lavagna es parte del directorio de Ombijam desde hace aproximadamente cuatro años. Su principal labor ha sido aportar un ala empresarial a la asociación y también brindar talleres de emprendedurismo a los privados de libertad y a sus familias.

“La escuela era pensar en el futuro. No contenía una currícula tradicional, manejaba un abordaje integral adecuado a las circunstancias y a las personas que allí iban a cursar”, cuenta, refiriéndose al proyecto en el que participó activamente. Sobre las demoras y dificultades que no han permitido que la escuela avance, dice que “lo que más rabia da es que cuando quienes integramos empresas privadas nos involucramos en cosas que entendemos que tal vez no sea posible hacer en el plano de lo público, sea el Estado el que sin ningún tipo de razón fundamentada ponga los obstáculos o no brinde ni el más mínimo de los apoyos”.

Mientras tanto

La pandemia, la pausa extendida en la construcción de la escuela y la falta de respuestas de las autoridades de la unidad y del ministerio afectaron a todos los involucrados en la asociación y la construcción del proyecto, pero quienes más lo padecen son quienes están privados de libertad. la diaria dialogó con uno de ellos, que prefirió reservar su identidad por temor a represalias y futuras complicaciones en el cumplimiento de su pena.

“De 30 emprendimientos vamos quedando tres o cuatro. Se han tirado abajo almacenes, la panificadora, que era un símbolo de la unidad. Cosas construidas con mucho esfuerzo durante años se han cerrado o derrumbado”. Persona privada de libertad

“Yo fui uno de los que hicieron y colocaron el cartel en el terreno de la escuela cuando lo estaban usando de basurero”, cuenta. “Con yoga y valores me involucré hace más de seis años, cuando llegué a Punta de Rieles, y me ha brindado cosas que nadie le quiere dar a un privado de libertad: valores, trabajo y un infinito de posibilidades”, “antes de pertenecer al programa actuaba impulsivamente, ese impulso me llevó a delinquir muchísimos años, pero con respeto me enseñaron a cambiar y no elegir nunca más eso, ahora pienso antes de actuar”, expresa.

Explica que la cárcel hace un año ya no es la misma. “De 30 emprendimientos van quedando tres o cuatro. Se han tirado abajo almacenes, la panificadora, que era un símbolo de la unidad. Cosas construidas con mucho esfuerzo durante años se han cerrado o derrumbado con la única justificación de que están en negro. Lo que antes era una cárcel transitada y abierta, ahora es una tranca en todo sentido”, resume. Agrega que “hay voluntad de hacer las cosas bien y de pagar los monotributos, pero los recientes y continuos cambios de autoridades han traído mucho descontrol”. Piensa que la razón de que esto suceda es que “quieren eliminar todo lo que han hecho gestiones anteriores, borrar de 2019 hacia atrás todo lo logrado y que los presos sólo hagamos trabajos comunitarios o trabajemos la quinta, que de hecho ahora está totalmente vacía y casi que abandonada”, manifiesta.

Punta de Rieles (archivo, junio de 2016).

Punta de Rieles (archivo, junio de 2016).

Foto: Pablo Vignali

En cuanto a Ombijam, cuenta que hace pocas semanas se enteró de que el yoga había vuelto, pero al acercarse se dio cuenta de que eran otras las personas que ahora ofrecen la práctica y al preguntar por Pamela Martínez, una autoridad le contestó que “no era la indicada, acá no va a venir más, ahora están ellos”. También recuerda con nostalgia el proceso de la escuela, en el que siempre participó: “Eso fue algo muy lindo. Hace un tiempo limpiamos el terreno con los arquitectos. Todo venía bien hasta el comienzo de la pandemia, en ese momento trancaron absolutamente todo con la excusa de la circulación y eso no es tan así, porque la mano de obra en gran parte la íbamos a poner muchos de nosotros, los mismos que inevitablemente circulamos acá todos los días”, concluye.

“En el terreno de la escuela con la autoridad anterior hubo un basurero, ahora hay un gallinero que construyeron con las chapas que les sacaron a los emprendimientos que derrumbaron”, afirma. Cuenta que el cartel lo arrancaron y que no cree que la construcción se concrete porque el sistema lo toma como “un golpe bajo”.

Sobre el día a día de la unidad, relata que el trato con los operadores penitenciarios y los funcionarios policiales ha decaído, que las autoridades no mantienen prácticamente diálogo alguno con los privados de libertad, que el destrato es cada vez más agudo y que la calidad de muchas cosas, por ejemplo de la alimentación, bajó. “Fruta no ves nunca, ya no tenemos emprendimientos, entonces tampoco plata para comprar y alimentarnos bien, pero no podés decir nada. Hace un tiempo un operador manifestó en el cuaderno de novedades que la polenta venía pura agua y lo amenazaron con cambiarlo de unidad, le dijeron que no hiciera más eso cuando simplemente estaba contando la verdad, y eso es una realidad que pasa porque de nuestra polenta le dan cuatro kilos por día a las gallinas”.

Por último, denuncia que quienes se acercaban a Ombijam eran especialmente destratados y tildados de “mimosos”: “A un compañero que estudia y se involucra mucho con el grupo lo llevaron al calabozo un tiempo; todavía no me atreví a acercarme a preguntarle qué pasó porque no me quiero calentar la cabeza”, cuenta. “Si denunciás las cosas te dicen ‘no te va a pasar nada’, pero al tiempo te trasladan al Comcar o te montan una persecución por un buen tiempo”, agrega.

Las razones

La única razón que el Ministerio del Interior dio para la suspensión de la obra fue hace un año y refiere a una presunta irregularidad en la compra de materiales, por la que se inició una investigación administrativa.

la diaria intentó comunicarse con autoridades anteriores y actuales de la Unidad N° 6 y del Ministerio del Interior, y la única respuesta fue que “la investigación administrativa respecto a Ombijam en la Unidad N° 6 está en curso y por lo tanto no es posible brindar información”. Al consultar si “la investigación” se refiere a la misma que paró la obra hace un año, relacionada con el uso de materiales por parte de algunos privados de libertad, la respuesta fue afirmativa.

“Formalmente lo único que me llegó fue un mail citándome a Asuntos Disciplinarios del INR, y quedamos totalmente sorprendidos con la irregularidad a la que hacen referencia”, expresa Martínez. Explica que en plena pandemia un integrante del grupo le pidió permiso para usar parte del pórtland para hacer bloques y poder trabajar. “Me pareció que el hecho de que pidieran para trabajar era algo muy bueno, porque el dinero era para ayudar a sus familias, que estaban pasando por una situación de emergencia. Se lo dimos por muchas razones: primero, porque fue un acto de humanidad apoyar en la reactivación del trabajo en la cárcel y en plena pandemia; segundo, porque el material no era mío, era de la escuela y ellos lo necesitaban, y si no se usaba se iba a echar a perder”, finaliza. Por último, acota que “al poco tiempo y sin que yo dijera nada, se ofrecieron a pagarlo, porque era de y para la escuela. Eso demuestra el amor y el compromiso por esa construcción. Me pareció muy noble y les dije que les iba a salir la mitad de lo que les saldría afuera, así ganábamos todos. A los meses vendieron los bloques que fabricaron con el pórtland y cuando consiguieron cobrar la venta me dijeron: ‘Te venimos a pagar lo que nos dio para poder reactivar la bloquera’, entonces, como ellos no pueden manejar dinero dentro de la cárcel, les pedí que lo dejaran en Tesorería”.

“Esa es la irregularidad a la que públicamente se refieren, por eso paran una inversión privada de 100.000 dólares, con muchas empresas comprometidas, en un ámbito en que tanto cuesta invertir”, manifiesta. “Era una construcción con una inversión progresiva, en la que empezábamos a construir por etapas. Eso, que hicimos con total transparencia, fue tomado como una irregularidad, ocasionando perjuicios a Ombijam y a mi persona”, explica la directora de la asociación. Agrega que “a los meses de haber parado la obra, en el terreno que limpiamos y nivelamos con inversión privada, pusieron un basurero y el mensaje fue claro para todos en la unidad: ‘Este proyecto es basura’. Actualmente hay un criadero de gallinas”, concluye.

Sin razón alguna, en la actualidad ni Martínez ni Ombijam pueden ingresar a la cárcel. “Hace tres semanas que no nos permiten ingresar a la unidad; no hay evaluación, comunicación o justificación de eso. Algunas autoridades que están para validar la ley creen que son la ley, debería existir un respeto por el trabajo continuo y efectivo en siete años ininterrumpidos”, expresa Martínez. “Le enviamos un mail a la dirección del INR para saber por qué se nos ha desplazado del espacio y si estamos haciendo algo mal, dialogar y corregirlo, para continuar y trascender la gestión, como ha sucedido con otras, porque nuestro trabajo va más allá de eso. Actualmente y en medio de acciones arbitrarias, han negociado con otra organización, El Arte de Vivir, y queremos una respuesta ante eso”, concluye.

El miércoles 30 de junio, Martínez se reunió con Andrés Capretti, asesor del Ministerio del Interior, y pudo presentarse ante el ministro Luis Alberto Heber. “Lo que destaco es que me sentí escuchada, hubo un diálogo, no órdenes que acatar como la mayoría de las veces hasta este momento”, cuenta. Agrega que “la nueva gestión no estaba al tanto de la situación y se comprometió a dar una respuesta en unos días”. “Ojalá el diálogo de la reunión se refleje en las decisiones y podamos continuar con este trabajo que viene construyendo convivencia pacífica”, porque lo que está pasando “es un golpe duro, difícil de metabolizar”, finalizó.