La reforma de la ley jubilatoria implica cambios en la jubilación de la Policía, que tiene particularidades y es administrada por la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, conocida popularmente como Caja Policial.
Actualmente, los policías se jubilan con 60 años o habiendo cumplido 25 años de servicio real, a los que se suman diez años más fictos al cierre de esa trayectoria. Cada cinco años, se computan siete años, en lo que se conoce como cinco por siete, lo que aporta diez años fictos a los policías a la hora de jubilarse.
La Unión de Sindicatos Policiales (USIP) mantuvo varias reuniones con Rodolfo Saldain, referente del gobierno para la reforma de la seguridad social. La del viernes fue la tercera y los sindicatos policiales expresaron su preocupación por las modificaciones que se proponen, que aumentan la precariedad de cara a la jubilación: “Desde el momento en que se presentó el anteproyecto de ley jubilatoria, la USIP viene trabajando en conjunto con su equipo de expertos con el cometido y fin de no permitir que se continúen vulnerando nuestros derechos, entendiendo que las propuestas de este anteproyecto nos llevan a una situación más precaria a la hora de jubilarnos”.
Cuestionan la propuesta de aumento de la edad de retiro de 60 a 65 años, así como la rebaja del sueldo base jubilatorio y la modificación en su base de cálculo. Además, afirman que se baja la bonificación por años de servicio de cinco por siete a cinco por seis. Es decir, cada cinco años de servicio se computan uno y no dos años fictos. También indican que se excluye la bonificación que tienen los policías ejecutivos para configurar causal jubilatoria anticipada.
En lo que respecta a la jubilación por incapacidad total y subsidio transitorio, afirman que “se solicita modificar la base de cálculo sobre los últimos 25 años y rebajar la asignación de retiro pasando de 65% a un 45% y eventual 20% más si tiene hijos a cargo (mientras estos sean menores) o si la persona fuera considerada en situación de dependencia severa”.
Por otra parte, señalan que “no existe normativa concreta en el mismo sobre cómo se calculará y cuáles serán los porcentajes otorgados en caso de incapacidad absoluta por acto directo de servicio, no existiendo tampoco en su redacción diferenciaciones entre incapacidad con y sin nexo causal”.
Negociaciones
Desde la USIP plantean que “hasta el momento logramos algunos cambios y vemos con buenos ojos la receptividad a las propuestas realizadas en cada instancia de negociación con Saldain”. En particular, destacan que desde el gobierno se aceptaría mantener el régimen de cinco por siete; que no se tomen los años anteriores a 2012 [cuando se dio un avance sustancial del salario policial] para el cálculo de cualquiera de las prestaciones; y que se incluya una redacción específica que tome en cuenta el acto directo de servicio y las situaciones diferenciales con y sin nexo causal.
Preocupación por plazos de subsidios
La USIP criticó las modificaciones que se plantean para el subsidio transitorio por incapacidad parcial (STIP). Actualmente el STIP cubre 18 meses y otros 18 meses más con probabilidad de cese. Según indican, en la redacción original, que partió de la dirección de la Caja Policial, se reduce a la mitad el plazo de la certificación de salud. Afirman que en caso de tener menos de 24 meses de servicio, si un policía ingresa al STIP, luego de los 18 meses de subsidio podrá ser cesado de sus funciones, no siendo necesaria la instrucción de sumario.
La USIP cargó contra la dirección de la Caja Policial por esta modificación: “La USIP quiere dejar bien clara su postura: no permitiremos que se siga vulnerando al trabajador, si con esta medida se pretende subsanar la mala administración de la unidad. Recortando derechos no es la forma, menos aún cuando hablamos de la salud de los trabajadores”. Reclamó que se mejore el protocolo del STIP en lo relacionado con la atención primaria, la junta médica y su proceso administrativo.
Desde los sindicatos policiales han sido enfáticos en alertar el riesgo que puede tener la presión para los reintegros en los casos de salud mental, en un contexto de creciente preocupación por los suicidios de los policías.
La presión de reintegro hacia los policías que están certificados ha llegado incluso a que las altas jerarquías planteen amenazas públicas, lo que generó el rechazo de los sindicatos.
Patricia Rodríguez, presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo-Uruguay (Sifpom), dijo a la diaria: que el martes se fijará una asamblea de la USIP para analizar las medidas a seguir. “Lo vamos a pelear en las calles con el resto de los trabajadores”, aseguró la presidenta de Sifpom.