El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el prosecretario, Rodrigo Ferrés, declararán este martes ante la fiscal de Flagrancia de 12° turno, Gabriela Fossati, en la causa que investiga al exjefe de la seguridad presidencial Alejandro Astesiano.
Astesiano, imputado por tráfico de influencias, suposición de estado civil y asociación para delinquir, tenía su despacho en la Torre Ejecutiva, en donde recibió a sus socios de la organización criminal dedicada a la falsificación de documentos para la expedición de pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos.
“Cuando entramos en el despacho [de Astesiano] en la Torre Ejecutiva a mí lo que me llamó la atención [...] es que era toda una mise-en-scène para ubicar su posición, para que tuvieran claro el poder que tenía”, recordó Fossati en una de las audiencias de la causa.
La fiscal Fossati indagará sobre la actividad de Astesiano en la sede de Presidencia de la República para conocer cuáles eran las competencias de su cargo, que depende directamente del prosecretario de Presidencia.
Una de las líneas de investigación podría estar vinculada a la resolución del Ejecutivo, firmada el 11 de junio de 2021 por el secretario de Presidencia, para habilitar, como excepción en el marco de la pandemia, el ingreso al país de Andrey Kashtanov y Olesia Dzhumelia, una pareja de rusos que tramitó sus cédulas a través de Astesiano. Fuentes allegadas a la investigación señalaron que ese habría sido el contacto inicial entre Astesiano y la organización criminal liderada por el escribano Álvaro Fernández y el ciudadano ruso Alexey Slivaev.
A su vez, la fiscal indagará sobre el acceso que tenía Astesiano a los diferentes sistemas de seguridad del Estado, dado que los chats que fueron extraídos de su celular revelaron que pedía y recibía información del Sistema de Gestión en Seguridad Pública (SGSP) del Ministerio del Interior y que tenía acceso al Centro de Comando Unificado (CCU) de la Policía desde la Torre Ejecutiva, además del uso sistemático de otros recursos del Estado para las actividades por las que está siendo investigado.
Otro punto que vincula la actividad delictiva de Astesiano con la agenda de la Torre Ejecutiva es el ofrecimiento de comisiones al equipo de seguridad de Presidencia por presentarle al Ejecutivo a una empresa española dedicada a la venta de instrumentos de seguridad, interesada en transformarse en proveedora del Estado. “Llegó gente de España con velocímetros, radares, control de alcohol y pistolas paralizantes, si puede reunirse con ellos. Que le presenten todo a él, para que él mueva [...] Que nadie sepa, sólo él. Yo no quiero nada”, revela uno de los chats publicados por la diaria.
En un mensaje enviado el jueves, a través de la dirección de comunicación de Fiscalía, Fossati señaló que “todas aquellas personas que tengan algo para aportar en la investigación van a ser escuchadas”, y dejó entrever que continuará citando a autoridades de gobierno, al aclarar que “cuando la jerarquía corresponda” será ella la que se traslade a los despachos para tomar declaraciones.
El domingo, el juez penal de 31° turno, Fernando Islas, imputó al excónsul uruguayo en Rusia Stefano Di Conza, con prisión preventiva hasta el 6 de febrero, por el delito de fraude. Durante la audiencia, la Fiscalía vinculó a Di Conza con 14 trámites realizados a partir de información adulterada y lo vinculó con la organización a la que pertenece Astesiano.
Este lunes Fossati emitió un comunicado en el que se deslinda de responsabilidad por las filtraciones de la carpeta de investigación del caso y señala que desde la Fiscalía sólo se informaron las audiencias de formalización, pero que “no ha hecho circular ningún otro elemento de la indagatoria”, y calificó como “inoportuno” que se conozcan detalles de la causa.
Fossati planteó que “existen otros operadores con acceso a la carpeta de investigación fiscal”. Recordó que el código de proceso penal le da acceso a la carpeta de investigación a los imputados, sus abogados y la víctima.