El juez Alejandro Asteggiante dio luz verde a la solicitud de la fiscal Gabriela Fossati para definir como reservadas las declaraciones del secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y del prosecretario, Rodrigo Ferrés, en el marco del caso que investiga al exjefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano.
La medida se aplicará, en principio, por 40 días e implica que las defensas de los involucrados en el caso no podrán acceder a lo que declararon como testigos ambos jerarcas del Poder Ejecutivo.
Las declaraciones en Fiscalía siempre son reservadas a personas por fuera del caso y accesibles a la víctima, los imputados y sus defensas. Sin embargo, el artículo 259.3 del Código del Proceso Penal establece que “el fiscal podrá disponer que determinadas actuaciones, registros o documentos permanezcan en reserva respecto del imputado, su defensor y demás intervinientes, toda vez que lo considere necesario para asegurar la eficacia de la investigación”.
Fossati justificó ante el juez el pedido de reserva de esas declaraciones, al considerar que el acceso por parte de las defensas a ellas podrían entorpecer la investigación. El primer plazo de la reserva se dispone por hasta 40 días, pero “podrá ser prorrogado por el juez mediante petición fundada del Ministerio Público hasta por un plazo máximo de seis meses”.
Después de declarar en Fiscalía, Delgado dijo que “si se confirmara lo que dicen estos chats” de Astesiano, el excustodio “estaría mal usando eventuales influencias que tendría. Tiene que venir todo el peso de la ley”. Agregó que pone en condicional si efectivamente se llegó a espiar a legisladores, pero afirmó: “Habría una empresa privada que contrató a un custodio presidencial para un eventual seguimiento a dos legisladores. La verdad es que esto no es grave, es gravísimo”.
Durante la audiencia de formalización del excónsul uruguayo en Rusia, Stefano Di Conza, la fiscal Fossati dijo que el escribano Álvaro Fernández, imputado por suposición de estado civil y asociación para delinquir, intentó varias veces engañar a la fiscalía con información falsa, y señaló que atribuyó responsabilidades al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, a varios funcionarios de la embajada uruguaya en Rusia y a jerarcas de la Dirección Nacional de Identificación e Inteligencia.