Este viernes, mediante proceso abreviado, fueron condenados los tres imputados por secuestrar y torturar a una persona privada de libertad en el módulo 11 de la Unidad 4 Santiago Vázquez (ex Comcar). El cuarto responsable, y líder de la celda, se suicidó luego de ser imputado, por lo que no llegó a ser condenado.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, con la fiscal Patricia Rodríguez al frente. Uno de ellos fue condenado a nueve años y nueve meses, otro a ocho años y nueve meses y el tercero a cinco años y cuatro meses.
El caso se hizo público en setiembre, cuando se supo que un hombre había sido secuestrado y torturado por sus compañeros de celda: perdió 20 kilos en un mes y fue violado y lesionado de múltiples formas. Ante este hecho actuaron la Fiscalía y el comisionado parlamentario penitenciario.
En total, fueron identificados cuatro responsables. El líder de la celda, que estaba en libertad, fue detenido y formalizado: se dispuso su prisión preventiva por reiterados delitos de lesiones agravadas, privación de libertad y un delito continuado de violencia privada especialmente agravada. El hombre, de 22 años, se suicidó una semana después en el Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación del Instituto Nacional de Rehabilitación.
El 25 de febrero fueron imputadas las otras tres personas involucradas que este viernes fueron condenadas. Una de ellas fue imputada por reiterados delitos de lesiones graves agravadas, un delito continuado de privación de libertad, un delito privado de violencia privada especialmente agravada, un delito de abuso sexual especialmente agravado, y un delito de rapiña, todos en reiteración real. Las otras dos personas fueron imputadas por los mismos delitos, salvo el de rapiña, y uno de ellos en lo que respecta al abuso sexual fue imputado como coautor y no como autor. Se pidió prisión preventiva para uno solo de ellos, porque los demás ya tenían penas muy largas y por ende no requerían medidas cautelares (cuando fueran condenados aún estarían presos). La condena se sumará a la que ya tienen.
Gonzalo Ayré, abogado defensor de la víctima, planteó que esta situación “no es responsabilidad de este gobierno ni del anterior, tampoco de la Policía”. Adjudicó la “responsabilidad” a la situación de las cárceles y reprochó que Uruguay sea de “los países que más presos per cápita tiene en América Latina”. Por eso, llamó a la reflexión. La defensa felicitó el trabajo de la fiscal.