El Sindicato Policial de Maldonado (Sipolma) cuestionó la idoneidad del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, y rechazó sus declaraciones realizadas en Polémica en el bar, de Canal 10, en las que dijo que el sindicato “está en contra del gobierno”.
“Nuestro sindicato jamás estará en contra de gobierno alguno, pero sí vamos a estar en contra de las políticas improvisadas de seguridad pública y de las que directamente perjudican a los policías como consecuencia de los funcionarios políticos que aparecen cada cinco años a ocupar cargos”, señalaron en un comunicado difundido el martes.
El sindicato calificó a González como “un advenedizo en el Ministerio del Interior”, que “se encuentra aprendiendo sobre la marcha todo lo relacionado a la seguridad pública”. “Habla de seguridad como si fuera el 'Gurú' de la seguridad pública y apenas lleva dos años en el Ministerio [...]. Es un paracaidista más, de los tantos que hay en el Ministerio del Interior”, expresaron.
Además, reivindicaron la trayectoria de 17 años de la organización, constituida con personería jurídica, y lamentaron que el actual gobierno haya regresado a “los aumentos miserables del salario de gobiernos anteriores al 2005”.
“Un funcionario policial tiene que decidir si compra dos kilos de asado de oferta o una garrafa de 13 kilos de gas porque el aumento del actual gobierno no le alcanza para ambas cosas”, agregaron.
En otro orden, señalaron que no se está cumpliendo con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Presupuesto, que encomienda a la Dirección General de Fiscalización de Empresas el registro, contralor, fiscalización y supervisión de los servicios de seguridad privada.
“En Maldonado tenemos conocimiento que más de un centenar de policías incumplen la Ley realizando tareas de vigilancia y seguridad en hoteles, chalets privados, shopping, establecimientos rurales, etc., ante la pasividad de las autoridades que no fiscalizan”, señalaron en referencia al artículo 37 de la Ley Orgánica Policial, que establece la prohibición a los policías de realizar tareas de vigilancia fuera del ámbito del Ministerio del Interior.
El secretario del Sipolma, Raúl Pereira, expresó a la diaria su malestar con el aumento de salario anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou para el 1° de julio y lo calificó como “una tomada de pelo”. “¿Ese 2% es el respaldo del Ministerio del Interior a la Policía?”, cuestionó.
Consultado sobre el servicio 223, Pereira señaló que para el sindicato es necesario transparentar esa situación que involucra a muchos policías de Maldonado y que, además, genera tensiones con el sector de la vigilancia privada, que entiende la contratación de policías como una competencia desleal.
Pereira dijo que se puso en conocimiento al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que el hecho de que la ley prevea la destitución de quien realiza 223 hace que la denuncia se utilice como amenaza o para perjudicar a una persona concreta, sin un abordaje general de la situación.
Por su parte, el dirigente Juan Acosta planteó que el gobierno aplica una lógica por la cual si no estás alineado a sus políticos, “estás en contra de ellos”, y recordó que también se opusieron a las políticas que consideraban incorrectas de anteriores gobiernos.
“No estamos con ningún gobierno de turno; antes, cuando hubo que dar palo se dio palo tranquilamente con lo que nosotros entendíamos que estaba mal”, agregó.