Alejandro Astesiano, expolicía y exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial de Luis Lacalle Pou, fue imputado con prisión preventiva por asociación para delinquir, tráfico de influencias y suposición de estado civil. Aunque habían negado sus antecedentes penales, ya había estado preso en 2013, cuando fue procesado con prisión por un delito continuado de estafa. También había sido procesado sin prisión por estafa en 2002.
Ante la publicación de estos hechos, el Ministerio del Interior (MI) indicó en un comunicado que “sorpresivamente” en la ficha de Astesiano consta un antecedente penal de 2013 y dispuso una investigación de urgencia para establecer “quién o quiénes alteraron la información”. No hicieron mención alguna a que en la ficha no figura como antecedente penal que fue procesado sin prisión en 2002. Lacalle Pou “sospecha que pudo haber una maniobra de ocultamiento en la información”.
La Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado (Sipolma) emitió un comunicado en el que reiteró “una vez más la remoción inmediata del director nacional de la Policía, Diego Fernández, considerando que es el responsable de la actual situación”. Según el sindicato, Fernández “continúa fracasando de forma inexcusable en su rol de liderazgo de nuestra Policía Nacional”.
Desde Sipolma consignaron que fundamentan su pedido “en la Ley Orgánica Policial”, que plantea los cometidos de la Policía, entre ellos, “asesorar al ministro del Interior en asuntos relativos al orden, la seguridad y a la Policía Nacional”.
“Continuamos sosteniendo que la institución policial está sufriendo una grave crisis de autoridad (liderazgo), comenzando con los constantes cambios de jefes de Policía y las actuales situaciones que van desde la expedición de un pasaporte a un narcotraficante requerido internacionalmente a la actual formalización del jefe de la custodia presidencial que manejaba una organización criminal desde la Torre Ejecutiva, a un paso del señor presidente de la República”, afirmaron.
Por eso, desde Sipolma entienden que “la dirección de la Policía Nacional no se encuentra a la altura de las circunstancias ante estas situaciones relacionadas al narcotráfico y el crimen organizado”. “Hoy el narcotráfico y el crimen organizado han generado una grieta en el Estado donde ya se encuentran operando, y la actual administración continúa cometiendo errores de ‘país bananero’ donde la seguridad del señor Presidente la gestiona un amigo de particular confianza”, acotaron.
En este sentido, reiteran que “ante los hechos y fundamentos expresados y ante el alejamiento de las autoridades competentes del cumplimiento de sus fines y cometidos para con la institucionalidad republicana, solicitamos una vez más la remoción de su cargo por incapacidad del señor director de la Policía Nacional”.